La política está en problemas. Subestimó primero la llegada del coronavirus a la Argentina. Después, restringió la llegada de vacunas al país cuando el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner interpuso motivos ideológicos y de negocios para elegir a los fabricantes rusos de la Sputnik V y al conglomerado con socios argentinos que nos iba a inundar el verano pasado con millones de dosis de AstraZeneca. Y ensució finalmente el operativo de vacunación con privilegiados en todo el país y una campaña publicitaria que intenta transmitir la idea de que el remedio para el Covid es sólo un regalo de funcionarios generosos con el dinero del Estado.

La política está en problemas. Patricia Bullrich dijo hace una semana que “para firmar un contrato con Pfizer tenía que haber un intermediario”, y señaló luego al empresario argentino Hugo Sigman, uno de los participantes en la producción de la vacuna de AstraZeneca. Y no se quedó allí la ex ministra de Seguridad y actual presidenta del PRO. “La actitud de Ginés González García fue intentar tener un retorno. Eso el Presidente no lo ignoraba”, declaró, transitando un camino de cornisa que precisa de más certidumbres que la habilidad en el circo mediático.

La acusación tuvo dos respuestas inmediatas. La primera fue la del ex ministro de Salud, quien anunció que le haría juicio penal y civil. Y la siguiente fue la de Alberto Fernández, quien le hará solo el juicio civil a través de los servicios de un abogado de Cristina Kirchner. También hubo una reacción inmediata de la farmacéutica estadounidense. Señaló que no había recibido “peticiones de pagos indebidos en ningún momento” y que “la compañía no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes para la provisión de la vacuna”. Fue un comunicado extraordinariamente breve (cuatro líneas), que el Gobierno celebró y amplificó como si fuera la confirmación oficial de su inocencia.

Es cierto que hizo retroceder a la impetuosa Bullrich y hasta la obligó a admitir que ella no había hablado de coimas. Pero también es cierto que no terminó de desmentir completamente el supuesto pedido de que haya un intermediario, y que anticipa una batalla sin precedentes ante la Justicia en medio de la campaña electoral. Una situación política de privilegio que hasta los más encarnizados adversarios de Bullrich le envidian un poco. Habrá que ver si puede sacarle provecho.

Adorador también de la presencialidad mediática, el Presidente volvió a hablar de la vacuna de Pfizer el jueves por la noche con un youtuber. “Las condiciones iniciales me ponían en una situación violenta de exigencias y comprometía al país en cosas que era muy difícil de comprometer”, explicó, dándole vueltas a un argumento que sigue sin sumar credibilidad. ¿Cuáles son esas exigencias violentas que Pfizer les pudo reclamar a Chile, a Brasil, a Uruguay o a México, el país que preside su amigo Andrés Manuel López Obrador, para venderles sin problemas millones de dosis?

A favor o en contra, los resultados se verán muy pronto. Lo cierto es que la batalla de Pfizer puso como nunca en primer plano el mayor traspié político de la pandemia que se cierne sobre el Gobierno. Explicar por qué no compró vacunas de Pfizer, de Johnson & Johnson o de Moderna, además de las dosis bienvenidas de Sputnik, de la china Sinopharm y de AstraZeneca, que van llegando demasiado lentamente a un país que ahora se aproxima a los 80.000 muertos. Y que va a atravesar pobre y desguarnecido el invierno más trágico desde la guerra de Malvinas. 

Fernando González