Al resucitar las Paso, Juntos por el Cambio sinceró su crisis interna: no logra procesar sus diferencias sin fiscalización estatal.Mientras enciende esa alerta roja, no acierta a enviar otro mensaje a la sociedad que no sea el de su interminable disputa interna.
Desde que Juntos por el Cambio acordó con el Gobierno la postergación de las elecciones legislativas, no consiguió enunciar ninguna posición política con volumen suficiente como para desplazar de la agenda pública la preeminencia de su debate interno. Un proceso convulsivo, porque ebullen juntos: la autocrítica de su frustrado paso por el gobierno nacional; la necesidad de un discurso adversativo frente a la gestión actual y la elaboración de una oferta electoral competitiva.
Esa exposición de diferencias a cielo abierto ya ha provocado que algunos disparos del oficialismo le fisuren los muros. Sucedió con las acusaciones sobre el supuesto contrabando de insumos de Gendarmería a Bolivia y con la quiebra del Correo Argentino.
Pero, sobre todo, la interna abierta distrajo a la oposición en momentos clave. Como la doble evidencia del fracaso sanitario: un saldo superior a 100.000 muertos y el colapso de la ideologización de las vacunas. Tampoco hubo reacción ante el alegato divagante de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la audiencia melliza que consiguió en la causa Amia.
También hubo silencio ante una de las imputaciones más controversiales de Cristina. La vice acusó a sus adversarios por el crimen de haber desaprovechado con su política de endeudamiento la oportunidad de recuperar un crecimiento sostenido de la economía argentina.
Si alguien está en deuda por ese daño político fue la gestión que dilapidó en la cloaca del déficit el momento irrepetible de la incorporación de la demanda china al capitalismo global, con la consecuente lluvia de divisas que benefició Argentina en esos años. Cristina Kirchner acusó a Juntos por el Cambio por el mayor daño económico intergeneracional que su gestión provocó.
La oposición ni se enteró: estaba tomando cafés de rosca en la avenida Libertador. Sus principales referentes parecen desbordados por la urgencia. Tras el fracaso económico, todas sus energías se concentraron en 2019 en llegar al traspaso del mando y en conservar un capital de control e impugnación. Llegaron al 41 por ciento del electorado. En 2020 se pusieron como objetivo conservar la unidad. Lo consiguieron equilibrando los espacios de gestión y la representación de la protesta inhibida por la excepción pandémica.
Pero con el calendario electoral abierto, afloraron las diferencias.
Con el oficialismo en crisis por el fracaso sanitario y económico, la oposición se complicó con la nueva etapa, en la que la unidad debe consolidarse como oferta electoral competitiva. Con el desplazamiento de Mauricio Macri puso en duda una porción -todavía no ponderada- de aquella acumulación del 41 por ciento. Con el empujón a Patricia Bullrich rompió el equilibrio entre gestión y protesta.
Horacio Rodríguez Larreta está estrenando su liderazgo en el espacio opositor bajando aspirantes de a uno en fila por día.
Es la consecuencia de una decisión de retroceso institucional pero que fue elegida libremente por la oposición: aferrarse a las primarias estatalizadas, el sistema de selección de candidaturas que fue el mismo que detonó su experiencia de gestión nacional.
¿Por qué insistió la oposición con ese método? Se está viendo el motivo: los partidos de la coalición opositora no pueden procesar sus diferencias sin la fiscalización estatal. Apenas pueden acordar un reglamento de competencia interna y están pidiendo un código de convivencia escrito para no decirse descortesías en público. Rodríguez Larreta sostiene que los melones comenzarán a acomodarse cuando el domingo, con las candidaturas inscriptas, el camión de los opositores se ponga en marcha.
Mientras, ante las señales claras que llegan desde un oficialismo donde sólo cuenta en serio la opinión económica y política del Instituto Patria, otra vez aparece en el horizonte un fantasma conocido: el del ajuste que hace el mercado ante la indecisión del gobierno.
El temor al voto castigo hace que el Gobierno se juegue a mantener dos anclas simultáneas: el dólar prohibido y las tarifas subvaluadas. Una estrategia conocida, de resultados tan fatídicos como previsibles.
Edgardo Moreno
