Miércoles, 24 Noviembre 2021 10:35

La seguridad atrapada dentro de la grieta - Por Sergio Berensztein

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La Argentina se encuentra en el puesto 92 entre 115 países en una encuesta sobre sensación ciudadana de seguridad. Los casos de Lucas González y de Alejandro Martínez volvieron a poner el tema en el centro del debate político. 

Los casos de violencia urbana parecen no tener fin. Julián, el amigo de Lucas González, asesinado por tres policías de la Ciudad, resumió de manera sencilla el drama que se vive en la Argentina: “Si no te matan los chorros, te mata la policía”. 

Esta nueva semana trágica comenzó con el crimen de Lucas, y el intento de politización por parte del gobierno nacional, y terminó con la muerte de Alejandro Martínez (35 años) en una comisaría de San Clemente del Tuyú. La autopsia reveló que el hombre tenía golpes y señales de asfixia, y nueve policías de la bonaerense quedaron detenidos.

El asesinato de Lucas González

El ex juez de la Corte Eugenio Zaffaroni sostuvo que “independientemente de quien apretó el gatillo, existen responsables éticos y políticos”. ¿Vale esto también para las atrocidades que cometen las fuerzas bonaerenses?

Recordemos también el caso de Facundo Astudillo Castro, desaparecido en abril 2020 durante la pandemia y hallado sin vida tres meses y medio después. Su madre y abogados están convencidos de la responsabilidad policial y buscan justicia.

Gregorio Dalbón, que no solo es el abogado de Cristina Kirchner, sino que también es un ferviente defensor mediático del kirchnerismo, se convirtió en el abogado de la familia de Lucas González. El letrado se reunió con el ministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, y en una conferencia de prensa que brindaron de manera conjunta recalcó que en la búsqueda de justicia no hay divisiones: “Esto no tiene grietas”.

¿Es real que al menos de la peor manera, con las muertes violentas, se cierre la grieta en la Argentina? En el mejor de los casos quizás sea posible para la violencia institucional, porque cuando se trata de la inseguridad lisa y llana, como sucedió con el asesinato de Roberto Sabo, el kiosquero de Ramos Mejía, la reacción de la política pareció ser mucho menos armónica y más confrontativa: en aquella oportunidad Gabriela Cerruti prefirió responder a un crimen de la provincia de Buenos Aires hablando sobre las estadísticas de la Ciudad.

El mensaje de Alberto Fernández para la familia de Lucas González

Esta vez Alberto Fernández se encargó especialmente de enviar su solidaridad a la familia de Lucas González, algo que no acostumbra a hacer con las victimas producto de la inseguridad. ¿Será que corresponde únicamente hacerlo cuando se trata de violencia institucional?

Sería esperable entonces que en las próximas horas tenga un gesto similar con la familia de Alejandro Martínez asesinado en San Clemente, algo que aún no hizo.

A decir verdad, lo que ocurrió allí con la policía bonaerense podría haber sucedido en cualquier otra provincia dados los excesos, la escasez de controles y la falta de profesionalismo de no todos, pero sí muchos de quienes integran las fuerzas de seguridad en la Argentina.

De hecho, recurrentemente salen a la luz casos de violencia policial, solo que esta vez generaron una mayor conmoción porque ambos tuvieron un desenlace fatal.

El gobierno intentará tal vez politizar todo lo que puede para intentar recuperarse de la derrota electoral, sin embargo, en lo que concierte a bienes públicos resulta prácticamente imposible, porque el Estado fracasa en todas sus dimensiones (nacional, provincial y municipal), y en todas las áreas.

Así, termina con posicionamientos que se conviertan en bumerangs. Esta semana quedó de manifiesto: la indignación comenzó en la Policía de la Ciudad, pero en seguida la Policía Bonaerense quedó en el centro de un escándalo similar.

Qué dicen las estadísticas sobre la inseguridad en la Argentina

Mientras tanto, en la Argentina se vive un verdadero drama. Para quienes gustan de los datos estadísticos para intentar aprehender la realidad, la consultora norteamericana Gallup acaba de publicar un estudio internacional con el “Law and Order Index” (Índice de Ley y Orden).



El Índice utiliza cuatro preguntas para medir la sensación de seguridad de los ciudadanos y sus experiencias personales con la delincuencia y las fuerzas del orden.

Las preguntas son:

  • En la ciudad o zona en la que vive, ¿confía en el cuerpo de policía local?
  • ¿Se siente seguro al caminar solo por la noche en la ciudad o zona donde vive?
  • En los últimos 12 meses, ¿le han robado dinero o bienes a usted o a otro miembro de su hogar?
  • En los últimos 12 meses, ¿ha sido agredido o asaltado?

En este estudio, la Argentina alcanzó los 68 puntos, ubicándose en la posición 92 (lugar compartido con Colombia, Ucrania y Túnez) entre 115 países. Se ubica debajo de países como Serbia (80 puntos), Jamaica (80), El Salvador (79), Iraq (78), Senegal (75), Líbano (74), Brasil (69) o Nicaragua (69).



Aunque es cierto que la Argentina no escapa de la realidad regional: en el “Law and Order Index” general, la región Latinoamérica y el Caribe se ubica anteúltima, solo por encima de África subsahariana; a su vez, en lo que respecta específicamente a la confianza en la policía, Latinoamérica y el Caribe está en el último lugar. Solo el 49% de los latinoamericanos encuestados confían en las fuerzas de seguridad.

Cuál es el plan de seguridad en la Argentina

En el país, no existe un plan de seguridad pensado de manera integral (que involucre a la justicia, las fuerzas de seguridad, a la política y al sistema penitenciario) que logre resolver este flagelo que los ciudadanos sufren a diario.

La propia lógica de la “mano dura” que algunos proponen como salida queda descartada, porque (adecuada o no) supone que uno puede darle mayor poder a la policía para que actúe con mayor discrecionalidad e ímpetu.



El comportamiento que despliegan y los vicios que acumulan las fuerzas de seguridad hace que esto sea imposible. Aunque mucho peor sería que los ciudadanos porten armas, como sugiere Javier Milei.

Todo esto pone de manifiesto la necesidad de encarar reformas sensatas y profundas. Mientras tanto, el entendimiento entre Gregorio Dalbón y Marcelo D’Alessandro puede ser positivo para encontrar justicia en este caso particular, pero no será posible evitar las próximas víctimas de la violencia si la cuestión no sale por completo y de manera auténtica de la grieta en la que se encuentra.

Sergio Berensztein

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