Viernes, 10 Diciembre 2021 09:16

El kirchnerismo apela a una vieja receta - Por Fernando Laborda

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Condicionadas en el Congreso y amenazadas en la Justicia, las huestes de Cristina Kirchner optan por presionar a los jueces y amedrentar a la prensa 

Redoblar la apuesta ha sido un rasgo característico del kirchnerismo, tanto con Néstor como con Cristina Kirchner en el poder, ante no pocas situaciones adversas. Siempre se las ingenió para recobrar la iniciativa tras derrotas electorales y lo sucedido luego del traspié del 14 de noviembre no fue la excepción. Pese a que los recientes comicios legislativos dieron cuenta de la peor performance electoral de un peronismo que concurrió unido a las urnas, la coalición gobernante concretará hoy su segunda movilización hacia la Plaza de Mayo; en este caso, con el pretexto del aniversario de la recuperación de la democracia y del día internacional de los derechos humanos. 

El acto de hoy encubre la tradicional preocupación de los Kirchner por el control de la calle. Ganar la calle implica ganarles de mano a las organizaciones sociales descontentas con la situación socioeconómica y a las fuerzas políticas de izquierda que ya les dieron algún dolor de cabeza a dirigentes del oficialismo en las recientes elecciones, tras seducir a algunos votantes desencantados con el gobierno de Alberto Fernández. Apunta también a mostrar a la fracción gobernante como la dueña de la Plaza de Mayo.

Pero la iniciativa del oficialismo no se limita a mítines multitudinarios a fuerza de aparatos para alimentar el ego de quienes conducen el país en medio de una tormenta financiera. En las últimas semanas, con particular intensidad, han recrudecido los embates desde sectores del Gobierno y del kirchnerismo contra jueces y periodistas. Después de ser sobreseída sin juicio en la causa Hotesur-Los Sauces, puede decirse que Cristina Kirchner va por más. Como en sus mejores épocas, va por todo. Aunque esta vez, solo sea para quedarse con su impunidad.

Uno de los hechos más notables de la semana fue la embestida del ministro de Justicia, Martín Soria, contra los miembros de la Corte Suprema en su primera visita a los integrantes del alto tribunal. En un abierto desafío a estos jueces, el funcionario kirchnerista expresó: “No creo que la Corte se anime a declarar inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura”. Aludía a la posibilidad de que el máximo tribunal deje sin efecto la ley que, allá por 2006, a instancias del kirchnerismo, estableció una reducción del número de miembros del Consejo de 20 a 13, alterando las proporciones de representación de los distintos sectores y confiriéndole un claro predominio al poder político en detrimento de jueces y profesionales del derecho.

La frase del ministro Soria resulta temeraria, en tanto le está sugiriendo al máximo tribunal del Poder Judicial que se abstenga de controlar la constitucionalidad de las leyes. Asimismo, acusó a los miembros de la Corte de “retrasar fallos de enorme trascendencia” mientras “resuelven en tiempo récord fallos que son solo urgentes para la corporación judicial”. Actuó, así como un soldado de Cristina Kirchner, metiéndoles presión a los jueces y desconociendo que el artículo 109 de la Constitución nacional prohíbe expresamente al presidente de la Nación –y por ende a sus ministros– ejercer funciones judiciales o involucrarse en causas judiciales pendientes.

Junto a la ofensiva contra el Poder Judicial, desde el oficialismo se deplegó una estrategia de amedrentamiento del periodismo, que pareció tener su punto de inicio, un mes antes de las elecciones generales, con el ataque del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, al humorista Nik, aunque siguió más recientemente con llamativas declaraciones del gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, cuando pidió “regular” a los medios de comunicación “porque la gente empieza a pensar lo que los periodistas proponen”. Reflotó así la ley de servicios de comunicación audiovisual –más conocida como “ley de medios”–, sancionada en 2009 a instancias del gobierno de Cristina Kirchner y desactivada durante la gestión de Mauricio Macri, tras numerosas objeciones sobre su inconstitucionalidad. Una ley por cuyo retorno ha venido abogando el senador Oscar Parrilli, uno de los más fieles adláteres de la vicepresidenta de la Nación.

En los últimos días, el periodista de LA NACION Hugo Alconada Mon también fue objeto de duros ataques, vertidos a través de medios manejados por el grupo empresarial de Cristóbal López, en vísperas de que el Tribunal Oral Federal 3 se pronuncie en la causa judicial conocida como Oil Combustibles, sobre la presunta defraudación al Estado que se les imputa a López y Fabián de Sousa, junto al extitular de la AFIP Ricardo Echegaray.

Precisamente, Alconada Mon, además de haber investigado pormenorizadamente esa cuestión, informó días atrás que la conducción de la AFIP tomó represalias, mediante marginaciones o degradaciones, contra unos 40 funcionarios o empleados del organismo que declararon en contra de los imputados en la mencionada causa o que investigaron a la familia Kirchner.

Los intentos desde el oficialismo por silenciar a la prensa independiente también se advirtieron en el interior del país. Más precisamente, en la provincia de Tucumán, la periodista del diario La Gaceta Irene Benito sufre una nueva escalada de acoso judicial, según un pronunciamiento del Foro de Periodismo Argentino (Fopea). Fue citada a declarar como imputada en una causa penal iniciada por un abogado designado con el rango de subsecretario del Ministerio de Economía provincial, Alfredo Falú, por el gobernador con licencia y actual jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur.

Irene Benito había publicado numerosos artículos críticos sobre el Poder Judicial provincial, como consecuencia de lo cual sufrió agresiones, al igual que sus familiares, por parte de sectores de la Justicia y del partido gobernante en Tucumán. La citación judicial de la periodista se produce en momentos en que se está gestando un cambio de autoridades en la Corte Suprema tucumana, ahora presidida por un exfuncionario de Manzur, como Daniel Leiva.

Se trata de amedrentar y exteriorizar un mensaje disciplinado que disuada a los periodistas independientes de investigar presuntos hechos de corrupción.

Fopea ha considerado que el acoso judicial contra periodistas compromete la potencial responsabilidad del Estado argentino por violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La suma de estos hechos que involucran a funcionarios ligados al kirchnerismo nos retrotrae a los tiempos en que el gobierno de Cristina Kirchner intentó arremeter de diversos modos contra el periodismo que se abstuvo de rendirle pleitesía. Claro que, en el presente, el kirchnerismo ha dejado de gozar de la mayoría propia en el Senado, al tiempo que se ha alejado de una posición preponderante en la Cámara de Diputados. Un contexto que lleva a preguntarnos cuál habría sido el nivel de atropello a la Justicia y a la prensa libre si el resultado electoral de noviembre hubiese favorecido al oficialismo.

Fernando Laborda

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