Lunes, 20 Junio 2022 11:48

El fracaso económico anarquizó políticamente al oficialismo - Por Sergio Crivelli

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Episodios insólitos como el del avión venezolano-iraní aceleran el desgaste de Alberto Fernández. Pero el fracaso económico lo aísla y debilita políticamente, aumentando la incertidumbre 

El gobierno de Alberto Fernández entra en su último tramo con un inédito nivel de deterioro, consecuencia de una gestión fallida que ha generado desorden e incertidumbre y aislado al presidente. El déficit es doble: los resultados económicos son malos y parece cada vez más difícil determinar dónde está el poder, dónde y cómo se toman las decisiones, cuando finalmente se las toma. 

La semana que acaba de concluir fue un compendio de la gestión de los últimos dos años y medio. Primero con el avión con iraníes y venezolanos que los funcionarios no sabían cómo explicar o que explicaban con argumentos sucesivos, contradictorios y en algunos casos risibles como el que ensayó Agustín Rossi sobre las lecciones de manejo.

Después de esa comedia de errores, los que salieron en defensa de Fernández y su gabinete fueron los Estados Unidos al “agradecer el esfuerzo” puesto para congelar el aéreo en Ezeiza e iniciar una investigación judicial. Además de una consecuencia de la ineptitud de los servicios de inteligencia y seguridad, todo el episodio no fue otra cosa que otro efecto negativo de la errática política exterior por la que el presidente deambula constantemente.

Lo paradójico es que mientras los propios aliados lo presionan (la vice, los piqueteros, los gobernadores, los sindicalistas) los únicos que lo apoyan son los norteamericanos y el FMI. Ocasionalmente también lo hizo la oposición al haber impedido que el país cayera en “default”. Este cambio de roles sin precedentes da una idea del fenomenal desbarajuste político que está generando Fernández con su inagotable despiste.

Otro mal trago para el presidente fue el del anuncio de la inflación de mayo, superior al 5%, lo que arrojó 30% en los primeros cinco meses del año y obligó a Martín Guzmán a corregir la estimación anual llevándola al 60%. Los privados ya calculan 80%.

Guzmán lentamente va haciendo los deberes. Armó a pedido del FMI un nuevo presupuesto vía DNU con las variables macro corregidas, pero los agentes económicos siguen sin confiar en sus previsiones. También presentó el ajuste tarifario con un sistema de declaraciones juradas poco practicable.

Hace lo que puede con una botonera que funciona por la mitad. Tiene problemas de falta de dólares y de combustible y un tironeo entre facciones internas que los agudiza cuando no dispara corridas financieras y cambiarias por falta de coordinación.

Una complicación extra es que la carestía que ha desatado el viaje a la estratosfera de los precios, en particular de los alimentos, ha dado protagonismo a los piqueteros que están hiperactivos.

La cantidad de protestas va en camino de superar las de años críticos como 2001 y 2002. Estos “soviets” de pobres son manejados por dirigentes teóricamente oficialistas y financiados con cientos de miles de millones de pesos por el propio gobierno que ahora debe oír las quejas de los gobernadores “amigos” por tanta generosidad.

Los piqueteros no sólo manejan organizaciones territoriales multitudinarias, sino que también tienen juego electoral. Fernández aparece en el medio entre, por un lado, la liga de gobernadores y la Cámpora, que reclaman que los fondos sean distribuidos por el Estado, y por el otro los activistas que ponen a la gente en la calle con el riesgo que eso implica. Otra paradoja: un gobierno peronista y estatista, víctima de la privatización del asistencialismo.

Por último, el Senado bajo el imperio de Cristina Kirchner se ha convertido en una suerte de Poder Ejecutivo bis, donde el doble comando funcionar a pleno. Ya no se trata sólo de reformar la Corte o el Consejo de la Magistratura o de establecer la democracia plebiscitaria vía consulta popular. Ahora la vice quiere aprobar una nueva moratoria previsional que permitiría la jubilación sin los aportes de ley a unas 800 mil personas con un costo que rondaría los 200 mil millones de pesos.

Los beneficiarios que estén en edad de jubilarse cobrarán los haberes completos y con una parte de ellos pagarán los aportes faltantes a razón de unos 3 mil pesos por mes.

Lo llamativo es que los senadores que obedecen a Cristina Kirchner impulsaron la iniciativa evitando consultar a Martín Guzmán y en un trámite exprés. No hubo ronda de consultas en un tema de semejante magnitud fiscal y la cuestión se liquidó en reuniones de asesores. Los senadores fueron convocados para firmar el dictamen y convalidar así los hechos consumados. Los opositores hicieron un tímido reclamo en nombre de la racionalidad económica que cayó en el vacío.

De convertirse en ley, el proyecto sumará obligaciones a un Tesoro comprometido por el aumento incesante del gasto público y por una inflación que no puede controlar. Conclusión: no hay plan de estabilización y, si lo hubiera, tampoco hay autoridad política para aplicarlo.

Sergio Crivelli  
Twitter: @CrivelliSergio

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