El oficialismo puso en marcha con diez meses de anticipación su campaña electoral para las presidenciales. Lo hizo a través de una decisión inédita: montar un espectáculo con el descabezamiento de la cúpula del Poder Judicial. 

Innecesario señalar que Alberto Fernández no está en condiciones de medir fuerzas con el Alto Tribunal, así como tampoco lo está de pulsear con su vicepresidenta, con el ministro de Economía o con cualquier otro peronista que tenga un mínimo caudal de votos propios. Los gobernadores que lo apoyan a prudente distancia son de provincias que no podrían sobrevivir 48 horas sin los fondos provenientes del Tesoro Nacional.

En esta oportunidad su talón de Aquiles está en el Congreso, porque las mayorías calificadas para que el juicio prospere son inalcanzables para el kirchnerismo. La oposición ya repudió la jugada y el Frente de Todos está tan dividido que la prórroga de las sesiones ordinarias terminó en un fracaso. Ninguna de las Cámaras pudo sesionar por falta de quórum y los diputados no pudieran siquiera elegir al presidente del cuerpo.

Fernández es consciente de su anemia de poder, pero insiste con la idea porque lo que pretende no es plantear un conflicto institucional, sino manipular la agenda pública. Desplazar de la atención de los medios la agenda de la crisis: inflación, caída del salario real, pobreza, indigencia, etcétera. En buena medida la estratagema funcionó, porque el asunto concitó la atención de la prensa tanto oficialista como independiente.

En suma, se trata de una maniobra de campaña que genera ruido institucional y ubicó a Fernández en el centro de la escena que había perdido a manos de la vicepresidenta y de Sergio Massa. Lo que es difícil de estimar es cómo termina este tipo de operaciones.

La amenaza de que su influencia desaparezca a medida que se acerca al 10 de diciembre sin posibilidad de ser reelecto o de tener una injerencia nula en las futuras candidaturas no ha hecho que Fernández cambie de hábitos. Su impostado enojo con los jueces tuvo su sello: improvisación, marchas y contramarchas y argumentación absurdos. En pocas palabras más “lo vamos viendo”, esta vez en materia de instrumentación y fundamentación legal del juicio a la Corte.

El miércoles en el Congreso se difundió la versión con origen en la Casa Rosada de que antes del fin de semana se convocaría a sesiones ordinarias. Pocas horas después hubo marcha atrás y postergación hasta la semana que hoy se inicia. Dicho sea de paso, la de juicio político es una facultad propia del Legislativo para el control de los otros dos poderes y no requiere la habilitación del Ejecutivo. Los diputados esperan porque la iniciativa es de Fernández.

En cuanto a la fundamentación del pedido de juicio político (atribuida a Vilma Ibarra y Juan Manuel Olmos) tuvo la calidad promedio de todos los productos que salen de los gabinetes albertistas.

El corazón del pedido de juicio político es la acusación a los jueces de usurpar atribuciones propias del Congreso y del Ejecutivo.

En el caso del Congreso, por la declaración de la inconstitucionalidad de artículos de la reforma de ley del Consejo de la Magistratura impulsada hace más de una década por Cristina Kirchner. Diputados y senadores del PJ repiten que la Corte reemplazó el texto sobre la integración del organismo por el anterior y opinan que eso es un acto legislativo.

Para llegar a esa conclusión ignoran que la declaración de inconstitucionalidad fulmina el artículo en cuestión que a los efectos legales nunca existió. La Corte no derogó ningún artículo para reemplazarlo por otro como sí puede hacer el Congreso; simplemente eliminó una reforma que por haber sido declarada inconstitucional nunca existió. No existió a partir del fallo de la Corte, pero tampoco existía en el momento en que fue aprobada por los legisladores “K”, porque era contraria a la Constitución. Por eso subsiste hoy el texto inicial de la ley. Los juristas denominan ese fenómeno “reviviscencia”.

También rechazó el gobierno la decisión de la Corte sobre la coparticipación detraída a la CABA por Fernández para dársela a Axel Kicillof, a pesar de que el tribunal no resolvió sobre el fondo de la cuestión, sino que hizo lugar a una cautelar. En este caso el juicio sería “preventivo”. Una torpe amenaza.

Por último, el peronismo usa asimismo como motivo de juicio político supuestos “chats” obtenidos vía espionaje ilegal, es decir, por medios delictivos. Participa de una inaceptable “copromaquia”, una guerra en la que se lanzan unos a otros excrementos provenientes de un submundo que el presidente debe al menos teóricamente combatir.

Un comienzo poco prometedor para una campaña que se desarrolla a miles de kilómetros de los intereses reales de los votantes.

Sergio Crivelli
Twitter: @CrivelliSergio