Más allá del caso particular del legislador peronista, lo ocurrido es la conclusión inevitable de una ola de megacorrupción impune y avalada por una amplia mayoría de votantes que comenzó en los años 90 y alcanzó su apogeo durante el kirchnerismo, con escándalos como el de Lázaro Báez, el bolso de López y la causa de los cuadernos. 

La despreocupación del grueso del electorado por el enriquecimiento ilícito de sus representantes está en la base del problema y es lo que hace posible un cuadro surrealista en el que condenados por corrupción, como Cristina Kirchner, levanten el dedo acusador. También que desde el kirchnerismo quieran destituir a Kueider “in absentia” y sin siquiera ensayar la parodia de un procesamiento sumarísimo antes de ejecutarlo.

Más allá del descaro y del oportunismo hay, sin embargo, una cuestión institucional que no termina de resolverse: la de los fueros. No pocos periodistas, autoinvestidos de voceros de la indignación popular, proponen una y otra vez su erradicación como herramienta para terminar con el problema.

Esa postura no considera, sin embargo, que los fueros no protegen a los legisladores, sino a los poderes de los que forman parte. Protegen su integridad, funcionamiento y autonomía. Si un magistrado, por ejemplo, decidiera detener a uno o varios legisladores en vísperas de una votación podría cambiar su sentido o directamente dejar sin quorum al cuerpo. Ese es el sentido de los fueros: garantizar la independencia y funcionamiento de los poderes. Por eso, el presidente de la Nación también los tiene. Su utilización como patente de corso para delinquir constituye un abuso de poder y no una falla del sistema que pueda ser corregida cambiando la Constitución o las leyes.

A lo que hay que agregar que el abuso de poder funciona en dos sentidos. En el caso de Kueider, para expulsar de la Cámara alta a uno de sus miembros sin oír al menos su descargo; en otras ocasiones fue utilizado por el propio kirchnerismo para proteger a senadores propios en circunstancias asimilables. El ejemplo más a mano es el del peronista tucumano José Alperovich, condenado finalmente por la Justicia, que durante el proceso estuvo de licencia.

Otro caso ilustrativo es el de Ficha Limpia, proyecto agitado por el macrismo para arrojar sospechas de connivencia entre Javier Milei y (todo parece posible) Cristina Kirchner. La idea de impedir la candidatura de dirigentes sin condena firme es, por lo menos, dudosa. En provincias en las que la Justicia está al servicio del cacique de turno puede convertirse en un instrumento de proscripción.

Conclusión: a la corrupción política no la eliminan las leyes sino los votantes. La dirigencia corrupta no es producto de un error institucional sino de la degradada moral pública.

Sergio Crivelli 
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