Por una orden libertaria, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), organismo técnico clave para la tarea legislativa, fue amordazada por la Comisión de Supervisión Parlamentaria, presidida por el diputado libertario Alberto Benegas Lynch. Dispuso 6 resoluciones que restringen su funcionamiento, ordenan auditorías y condicionen sus informes.

Benegas Lynch es presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y responde directamente a Javier Milei.

Además de Benegas Lynch esa comisión, está compuesta por los diputados Daiana Fernandez Molero, del Pro, y Carlos Castagneto de Union por la Patria, que votó en contra, y por los senadores Agustín Monterde, de LLA, Silvana Scheneider UCR y un senador peronista que no fue aún nombrado.

La comisión bicameral volvió a constituirse formalmente después de casi tres años de inactividad. Horas más tarde, Benegas Lynch fue con su comisión y despues siete auditores de la Cámara de Diputados, un escribano y dos personas de seguridad se presentó en las oficinas de la OPC para iniciar una auditoría integral.

La OPC fue creada por ley en 2016 para replicar experiencias institucionales de países como Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Su misión es brindar asistencia técnica a diputados y senadores, calcular el impacto fiscal de los proyectos de ley y reducir la asimetría de información que suele existir entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.

En la práctica, la oficina se convirtió en una herramienta indispensable para el análisis de iniciativas vinculadas al financiamiento educativo, la discapacidad, las reformas jubilatorias, los subsidios, la situación del Hospital Garrahan y múltiples proyectos con incidencia presupuestaria.

Además de responder consultas específicas de legisladores y comisiones, la OPC publica periódicamente informes sobre:

📊 Ejecución presupuestaria de la administración pública nacional. Ahora iba a emitir uno, suspendido.

💰 Operaciones de deuda pública.

🚍 Subsidios al transporte.

⚡ Subsidios energéticos.

🏢 Ejecución presupuestaria de empresas públicas.

🛢️ Regalías provinciales.

Podrían quedar temporalmente paralizados. El núcleo del conflicto está contenido en la Resolución 3/2026 aprobada por la comisión supervisora.

La norma devolvió el Plan de Trabajo 2026 para que fuera reformulado y estableció un plazo de siete días para su nueva presentación. Pero además incorporó una cláusula que ordena suspender cualquier trabajo, informe o producto que no cuente con aprobación expresa dentro de la planificación formal.

Según la interpretación realizada por las autoridades de la OPC, esa disposición impide avanzar con publicaciones mientras el plan no esté definitivamente aprobado.

Como consecuencia, quedó frenada la difusión del informe mensual de ejecución presupuestaria de la administración pública nacional correspondiente a mayo, un documento especialmente sensible por el contexto político y fiscal.

"Esto es una nueva ley mordaza", afirmaron legisladores opositores. La controversia se produce en un momento particularmente delicado para el Gobierno.

En las próximas semanas el Congreso deberá debatir proyectos con fuerte impacto económico e institucional, entre ellos la reforma electoral, la eventual eliminación de las PASO (no tiene votos) y la iniciativa conocida como "Super-RIGI", una ampliación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones destinada a proyectos superiores a los 1.000 millones de dólares. Tendrá un impacto fiscal enorme.

La oposición sospecha que el oficialismo busca evitar que la OPC produzca informes que cuantifiquen el costo fiscal de esos beneficios tributarios.

La discusión no es menor. Algunos estudios privados sostienen que las exenciones previstas en el régimen podrían representar pérdidas significativas de recaudación en el mediano plazo. Mientras, las asfixia impositiva a la economía real mantiene la recesión.

La comisión también aprobó otras resoluciones que profundizaron el conflicto.

Entre ellas, exigió la presentación de información detallada sobre recursos humanos, requirió documentación vinculada a concursos internos realizados en 2023 y solicitó nuevas rendiciones de cuentas correspondientes a los ejercicios 2023, 2024 y 2025.

Asimismo, dejó sin efecto facultades delegadas para modificar partidas presupuestarias internas de la oficina y dispuso que cualquier cambio deba contar con autorización previa de la propia comisión supervisora.

Especialistas consultados por distintos bloques parlamentarios advirtieron que esta decisión podría entrar en tensión con la Ley 27.343, que asigna al director general de la OPC facultades de administración interna.

La auditoría actualmente en marcha abarca el período comprendido entre julio de 2023 y la actualidad, coincidente con la gestión del actual director general, Gabriel Esterelles.

La suspensión del informe de ejecución presupuestaria adquiere especial relevancia porque coincide con un escenario de fuerte ajuste del gasto público.

Según datos relevados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre enero y mayo de 2026 el gasto nacional acumuló una caída real del 31% respecto del mismo período de 2023.

El estudio señala reducciones significativas en áreas sensibles. El gasto público total cayó -31% vs enero-mayo 2023.

🩺Salud: ANMAT -41%, Malbrán -33%, hospitales hasta -51%, INCUCAI +85%.

🔬 Ciencia: CONICET -32%, CONAE -65%, Investigación -85%.

📚 Educación: Conectar Igualdad -100%, becas -87%, infraestructura -97%.

🍲 Desarrollo social: INAES -82%, SENAF -75%, comedores -61%, primera infancia -100%.

🛣️ Obra pública: rutas, puentes y vivienda -89% a -100%.

🏛️ Provincias: transferencias recortadas hasta -100%.

Solo suben los gastos de inteligencia y deuda:

🔺 Inteligencia del Estado sube +34%.

🔺 Deuda pública pesa 12% del total.

La disputa alrededor de la Oficina de Presupuesto del Congreso refleja una tensión que atraviesa toda la gestión de Javier Milei: la defensa del superávit fiscal como eje central de la política económica frente a los reclamos de mayor información y control parlamentario.

El equilibrio fiscal se obtiene a costa del recorte en los sectores más vulnerables y por eso el Gobierno prefiere la mordaza antes que los informes. Desde el oficialismo sostienen que la auditoría busca transparentar el funcionamiento de un organismo que maneja recursos públicos. Pero lo que aclara oscurece.

Fuente: https://x.com/marianoobarrio/status/2064120922328768763?s=48&t=p9zPORI_GIv13Up-TB6NRA