“Milei enfrenta su caída en las encuestas reviviendo el reclamo argentino por las Malvinas”, tituló The Wall Street Journal ante el mensaje presidencial por cadena nacional del pasado jueves. El reportero Ryan Dubé, corresponsal del tradicional medio estadounidense para América Latina, agregó en su nota que el Gobierno “jugó una carta nacionalista de probada eficacia”. La lectura es tan atinada como descriptiva y una parte de la efectividad que menciona está garantizada. 

El tema mantendrá un espacio central en la conversación pública durante los próximos días con más anuncios oficiales y el envío al Congreso del proyecto de ley para modificar la legislación vigente sobre operaciones en las islas sin autorización. Además, ya se dio a conocer una lista de personas físicas y jurídicas para las que se iniciaron los procedimientos sancionatorios, pero hay una curiosidad muy llamativa que nadie parece haber advertido: entre las firmas acusadas hay una que se vincula de manera directa con Jared Kushner, el yerno de Donald Trump. Ya llegaremos a eso.

Más allá de algunas mediciones de opinión que marcaron una leve corrección hacia arriba en las últimas muestras, como el índice de confianza de la Universidad Di Tella, la mayoría de los sondeos coinciden en que Javier Milei y su gestión atraviesan su peor momento en términos de imagen en la serie histórica. En dos encuestas todavía no publicadas de reconocidas consultoras, a finales de agosto el sentimiento de negatividad ya superó el 60%. A eso se refiere Dubé. También es cierto que el líder libertario eligió abrazar una causa que, hasta ahora, le había sido ajena.

Sin embargo, logró imponer su jugada en la agenda y corrió el foco, por lo menos por un rato, de la discusión sobre la viabilidad de su programa económico. Un debate por momentos inútil que el propio Milei intenta empujar con datos distorsionados en sus recientes apariciones públicas. “Si no ganamos es porque como sociedad estamos decidiendo suicidarnos”, sentenció, atado al mástil de sus dogmas, el día anterior a su discurso malvinero. Resulta inevitable que los temas económicos sean los de mayor relevancia en la elección de 2027, pero, mientras tanto, hablamos de Malvinas. Y sobran motivos para hacerlo.

A partir de informes de la SIDE y en conjunto con el canciller Pablo Quirno, Santiago Caputo llevaba meses recopilando información sobre las empresas que operan en las Malvinas con fines de explotación de hidrocarburos. Las palabras de Trump sobre un posible cambio de postura de su administración en la cuestión de las islas funcionaron como un disparador para convertir esos trabajos en una nueva estrategia integral. El asesor, que venía parcialmente marginado de la toma de decisiones político-comunicacionales, llevó su propuesta a la reunión de Gabinete del martes. Así surgió la cadena nacional.

Milei, en una versión —y con un tono— mucho más similar a la de su primer año de gobierno que a la de sus recientes exposiciones escatológicas, leyó el guion que le preparó Caputo. El asesor coordinó el despliegue al que se plegaron todos los ministros, incluida Karina, con la amplificación simultánea del mensaje presidencial. Y es ahora quien administra las novedades, como si llegaran por goteo, para estimular el tratamiento del tema en los medios y redes sociales.

En la noche del viernes, 24 horas después del discurso presidencial, la Oficina del Presidente que maneja el santicaputismo anunció que va a “investigar y sancionar la violación de las prohibiciones establecidas en el artículo 2 de la Ley 26.659”. Unos minutos después, se conoció la lista. Empezó así la construcción del enemigo externo, con nombres propios y caras. El proyecto Sea Lion está encabezado por las firmas Navitas Petroleum Development, de Israel, y Rockhopper Exploration Limited, del Reino Unido, ilegítimas licenciatarias en territorio argentino.

Además de Navitas, hay otros 12 israelíes. Allí aparecen sus dueños y directivos más conocidos, como Gideon Tadmor y Koby Katz, quien fuera funcionario de Energía e Infraestructura del gobierno de Israel hace más de dos décadas, o distintas empresas que tienen un porcentaje del paquete accionario de la petrolera y no están específicamente dedicadas a ese rubro, como Meitav Investment House, Harel Insurance Financial Service o el grupo Phoenix, una muy importante aseguradora, con sus distintos tentáculos. Son The Phoenix Holding Ltd, Phoenix Financial Ltd y The Phoenix Investments House Ltd. Nos quedamos con estos nombres.

Según los datos públicos de propiedades de la bolsa de Tel Aviv, el grupo Phoenix tiene participación directa en Navitas. A través de Phoenix Excellence Pension and Provident Ltd tiene el 4,51% y con Phoenix Investments & Finances Ltd tiene otro 2,54%, lo que nos da un total de más del 7%. Al mismo tiempo, en 2025 el fondo Affinity Partners compró el 10% de Phoenix Financial, la empresa matriz del grupo. Y acá llega el detalle interesante: el fundador y CEO de Affinity Partners es Jared Kushner, marido de Ivanka Trump y funcionario de primera línea del gobierno estadounidense durante la primera presidencia de su suegro Donald, hasta 2021.

En síntesis, el yerno de Trump tiene participación societaria activa, a través de una de sus principales empresas, en una de las firmas que el Gobierno puso en la lista de aquellas que deben recibir sanciones. Según Forbes, Jared intentó adquirir Phoenix en 2014, a sus 33 años, como director ejecutivo de la inmobiliaria neoyorquina Kushner Companies. En aquel momento firmó un acuerdo preliminar por el 47% de la firma que se cayó por trabas regulatorias. Creó Affinity Partners en 2021, cuando dejó su cargo como integrante del Consejo Superior del Presidente de los Estados Unidos, una vez finalizado el primer mandato de Trump. En 2024 ofreció 250 millones de dólares por el 10%, operación que se concretó en enero de 2025. Él mismo la define como “una de sus mejores inversiones”.

Javier Milei estuvo junto a Kushner el 22 de enero pasado, en el Foro Económico de Davos, en Suiza. Del encuentro participó también el canciller Quirno. Además, el yerno de Donald es uno de los principales directivos del Board of Peace, la organización creada y presidida por el propio Trump desde comienzos de 2026, de la que también forman parte el Secretario de Estado, Marco Rubio, el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, y el ex primer ministro británico Tony Blair. El Presidente argentino firmó la adhesión en Davos y un mes después viajó a Washington para la sesión inaugural.

La lista de empresas que serán sancionadas por el Gobierno incluye a la canadiense JHI Associates Inc, que realiza exploraciones en el yacimiento adyacente a Sea Lion y pertenece a Eco Oil & Gas, también entre las firmas apuntadas, del israelí Gil Holzman. Entre los accionistas de Eco hay una compañía de Suecia, otra de Kaszajtan y una de Sudáfrica. Aparecen otras cuatro firmas de Estados Unidos y unos doce nombres con sede en el Reino Unido entre los que figura Noble Corporation, un prestador de servicios de infraestructura cuyos mayores accionistas son de la poderosa familia danesa Maersk, dueña de una de las principales empresas de transporte y logística a nivel mundial. La empresa holandesa Fugro NV, de datos geotécnicos, es otra de las prestadoras de servicios señaladas.

La operación malvinense del Gobierno tuvo una intensa intervención de Horacio Marín. El presidente de YPF se encargó personalmente de contactarse durante la jornada del viernes con las principales petroleras del mundo para asegurarles que el planteo del Presidente era real y contarles los detalles del Decreto 868/26, que excluye del RIGI a quienes operen en las islas. El sábado llegaron los comunicados de SLB, Halliburton y Baker Hughes, las principales compañías de servicios petroleros del mundo, en los que explicitaron que no formarán parte de ningún tipo de operación en las Islas Malvinas.

El más grande signo de interrogación se posa ahora sobre el gigante noruego de ingeniería offshore DOF Group y la holandesa Bluewater. Son proveedores estratégicos de VMOS (Vaca Muerta Oil Sur), el proyecto mimado de Vaca Muerta, una megaobra de infraestructura que impulsa YPF en conjunto con Vista, de Miguel Galuccio, Pan American Energy, de los Bulgheroni, y Tecpetrol, del grupo Techint, entre otras. Es una inversión de 3 mil millones de dólares. El problema es que Bluewater alquiló un barco para los trabajos en Sea Lion y, según trascendidos extraoficiales, la danesa podría estar mencionada en otra investigación similar.

Milei celebró públicamente las novedades que consiguió Marín con una sigla característica de Santiago Caputo: TMAP (todo marcha acorde al plan). Después de varios meses de ostracismo, el asesor también puede volver a decirla sin sentirla falsa. En caso de no surgir grandes imprevistos, el próximo miércoles el Gobierno va a enviar al Congreso el proyecto de modificación de la ley 26.659 y la creación del Consejo de Seguridad Nacional, también anticipado en la cadena. Otra idea de Caputo basada en su admiración por la administración norteamericana.

Una vez que la propuesta llegue al Poder Legislativo, empieza un nuevo juego. La intención libertaria es acelerar el tratamiento y así sostener vivo el tema durante los próximos dos meses. La estrategia narrativa pretende ubicar a la oposición en un lugar de natural incomodidad. Si los peronistas votan en contra del proyecto, serán acusados por el discurso oficial de cómplices de los usurpadores. Si acompañan, Milei habrá logrado la unidad nacional que pidió durante la cadena. Lo interpretan como una situación de win-win. Para el operativo, Caputo reactivó la sala de máquinas de la tropa digital de Las Fuerzas del Cielo, que no tardó un segundo en subirse de lleno al nuevo emprendimiento de su jefe político. Se terminó la retención de tareas.

En 2011 fue Pino Solanas el que impuso la ley original. Se sancionó por unanimidad en ambas cámaras. En 2013, el kirchnerismo avanzó con una modificación para imponer sanciones penales a quienes lleven adelante exploraciones hidrocarburíferas en las islas. También se incrementaron las multas: pasaron de 20.000 a 100.000 barriles de petróleo crudo (WTI) para la exploración, y de 150.000 a 1.500.000 para la extracción. En esa oportunidad se aprobó con votos negativos de la Unión Cívica Radical, el Pro y otros opositores que después conformarían la alianza Cambiemos. Patricia Bullrich, por supuesto, era una de ellas. Es muy probable que entre los cambios que proponga LLA se incorporen otras actividades además de la explotación petrolera. Sería una modificación importante.

Manu Jove 
Columnista de Bardeo News  
Fuente: https://bardeo.news/politica/malvinas--lo-que-viene-y-la-sancion-a-la-empresa-del-yerno-de-trump_a6a9cb94eff4353f881aed494