Lunes, 24 Febrero 2020 21:00

La economía del subsidio asedia a la ciudad de Buenos Aires - Por Daniel Bilotta

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Rodríguez Larreta necesita mantener una actitud constructiva hacia el Gobierno, sin perjudicar su propia gestión, y resolver la transferencia de bienes y fondos desde la Nación

 

Horacio Rodríguez Larreta tiene un dilema con Alberto Fernández. Precisa mantener una actitud constructiva hacia su administración, pero sin perjudicar a la suya en la ciudad. Es la recomendación de Jaime Durán Barba, el responsable de los focus groups que encarga el jefe del gobierno porteño. Es curioso que algunos de sus aliados políticos coincidan por una vez con el consultor ecuatoriano. Estiman que las hostilidades del kirchnerismo hacia la ciudad responden al prematuro posicionamiento de Rodríguez Larreta como líder alternativo a Mauricio Macri en Juntos por el Cambio. No hay consenso unánime sobre ese punto. Otros piensan que las tensiones hubiesen existido igual.

Por eso parece difícil que la salida al conflicto vayan a proveerla los técnicos del ministerio del Interior y de la Secretaría de Hacienda porteña, que a partir de mañana intentarán llevar adelante una tarea muy compleja: deben explorar las probabilidades de un acuerdo "razonable" en la transferencia de bienes de la Nación a la ciudad, y la de los fondos correspondientes al traspaso de la Policía Federal, resueltos con decretos presidenciales por Mauricio Macri. El monto involucrado es de unos $50.000 millones. Es el equivalente a la séptima parte del total del presupuesto de la ciudad. El gobierno de Fernández pone en duda los valores comprometidos en ambas operaciones. Con otros dos decretos, el Presidente anuló la transferencia de propiedades.

Existe un inconveniente adicional para que la solución llegue por la vía de un debate entre técnicos. Como al resto de la oposición, a Rodríguez Larreta le falta un dato esencial para pensar en una solución que sea eficaz. Saber si el Presidente y su vice forman parte de una misma cosa o cabe la posibilidad de que encarnen dos cosas distintas. Es una duda razonable que influye en la dilación de las negociaciones. Fernández invitó a Rodríguez Larreta a dialogar "sin intermediarios". El jefe del gobierno porteño eludió tomar ese compromiso. El mensaje le resultó misterioso. Sobre todo, porque su principal interlocutor en este tema es Wado de Pedro. Es lógico. El Ministerio del Interior tiene a cargo la relación con el resto de las jurisdicciones. Además, Rodríguez Larreta no quiere desairar a Cristina.

El jueves 20 quedó sin efecto la reunión del 21 entre el Presidente, el ministro del Interior y el jefe del gobierno porteño. Es probable que haya sido sustituida por las que tendrán lugar desde el 25 entre los equipos técnicos. No es una situación fácil de destrabar. En 2016, Macri incrementó por decreto la coparticipación federal de la ciudad del 1,4 al 3,75%. Cerca de Fernández pretenden que quede en 2 puntos, pero cubrir la diferencia con un fondo dependiente de un decreto del Ministerio de Economía renovable cada año. Es decir, condicionar ese giro a una firma.

El gobierno porteño tiene otra percepción del problema. Aseguran que Macri le añadió solo el 2,1% a la coparticipación y que el gobierno nacional la llevaría a 2,4 puntos. Es decir que habría en juego 1,1%: alrededor de 36.000 millones de pesos. La ciudad está dispuesta a ceder la mitad. Pero también le reclama a Fernández unos 16.000 millones en compensación por las obras realizadas en la ciudad con participación del gobierno nacional que cubrió con bienes durante el mandato de Macri. En la ciudad creen ser víctimas de la rigidez del kirchnerismo para confeccionar su agenda de gobierno.

El combate contra la pobreza y la inflación, con un rol preponderante de los subsidios, encabeza las prioridades. La obra pública y la seguridad estarían excluidas por la aparente desconexión con esas preocupaciones. Resulta llamativo que ni la multitudinaria marcha al Congreso por el asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell haya modificado esa visión. Para algunos escépticos, habría terminado de completarla. La baja de la tasa de delitos en la ciudad la ubica detrás de Quebec y La Paz como una de las más seguras del continente. Un cambio de paradigma desde que la ciudad administra la ex-Policía Federal muy valorado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Según los sondeos del gobierno porteño, el servicio de seguridad tiene una aprobación del 54%. Aunque son reconocidos por su calidad sobre los de otros distritos, los de salud y educación tienen un desempeño más bajo: 23% cada uno. El AMBA está conformada por la ciudad y los 40 municipios del conurbano. Involucra a alrededor de 15 millones de personas que transitan y trabajan en la Capital. Es decir, utilizan su infraestructura. Representan casi el 30% de la población total. Es probable que la enorme mayoría de los asistentes a la marcha por Báez Sosa provengan de esa región, en la que el gobierno porteño convive con una porción significativa de votantes de Cristina.

Kicillof validó uno de los argumentos de Rodríguez Larreta: la desigual distribución de la coparticipación federal con relación al producto bruto interno. La ciudad aporta el 23% y recibe cerca de 2 puntos. La provincia de Buenos Aires genera el 35% y le toca cerca de la mitad en ese reparto. A eso le atribuyó el gobernador el déficit "estructural" de 100.000 millones de pesos en su administración. Lo planteó con crudeza en la reunión que el 20 mantuvo en La Plata con Massa, Máximo Kirchner y el bloque de diputados nacionales del Frente de Todos.

En los cálculos de Kicillof, el Gobierno le adeuda 14.000 millones por la reactualización del Fondo del Conurbano en 2019. Aunque para cubrir las necesidades de este año precisa 60.000 millones. El gobernador fue cauteloso al extremo en cada alusión a Fernández. Es posible que el envío de esa suma sea negociado con el Presidente por Cristina. Pero tal vez necesite de la aprobación de Máximo, cada vez más gravitante en las decisiones del Gobierno. A Sergio Lanziani se le atribuye recomendarles hablar con el hijo de la vicepresidenta a los empresarios del sector energético inquietos por el congelamiento de las tarifas.

Máximo habría ordenado dejar sin efecto el aumento anunciado para junio por Santiago Cafiero. Al jefe de Gabinete y al ministro de Energía los sostiene Fernández, el encargado de desmentir a Cafiero. Para los más cercanos al Presidente, son apenas desinteligencias derivadas del estilo radial de conducción que ejerce por WhatsApp. Es lo que habilita habladurías de pasillo. Una de ellas alude a la supuesta larga demora en autorizar el ingreso en la Casa Rosada de Luis Arce, el 18. El candidato presidencial de Evo Morales en Bolivia habría pactado un encuentro que no figuraba en la agenda oficial del Presidente.

Otra refiere al cariño del sindicalismo que se habría ganado Juan Manzur en su gestión como ministro de Salud. En comparación con el kirchnerismo, el gobernador de Tucumán habría efectuado exigencias casi simbólicas para aprobar la atención de tratamientos complejos costeados por el Fondo Solidario de Redistribución. Una reserva constituida con un porcentaje del aporte a las obras sociales retenidos a los trabajadores. Los caciques admiten que con Macri pudieron efectuar ese trámite sin ningún tipo de interferencias. Pero hacen responsable al expresidente por el descalabro económico. Tal vez un indicio de cómo la economía del subsidio puede terminar asediando a la ciudad de Buenos Aires.

Daniel Bilotta

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