La sesión se realizará hoy a las 11.30 en modalidad mixta y se espera un acalorado debate entre el bloque Vamos Juntos, que responde al gobierno porteño, y las bancadas opositoras que acusan al oficialismo de querer “privatizar la vista y el acceso al río”.
El temario tiene previsto tratar un proyecto que autoriza la construcción de un megaproyecto con parques y edificios de diez pisos sobre una margen del Río de la Plata en la Costanera norte. También se abordarán tres convenios urbanísticos que prevén habilitar la altura permitida de futuras construcciones en los barrios de Puerto Madero, Villa Crespo y Palermo.
La iniciativa bautizada como “Distrito Joven” será el punto central del debate. La propuesta de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta habilita el emplazamiento de un barrio Náutico, que incluye un conglomerado de diez edificios de lujo de hasta diez pisos de altura, con calles internas y un espacio verde. Para ello establece una modificación de la actual zonificación de los terrenos de dominio público que suman unas 17 hectáreas, al igual que otras 14 hectáreas de un predio lindante separado por la desembocadura del colector del arroyo Maldonado.
Este tipo de negocios inmobiliarios y venta de terrenos públicos quedaron habilitados en diciembre pasado, tras caerse las concesiones de Costa Salguero y Punta Carrasco. El diseño urbano debía ser seleccionado a través de un concurso nacional de ideas que ganaron los arquitectos Federico Menichetti y Valeria Franck.
Según la intención oficial, el plan en el “Distrito Joven” pretende renovar la relación de los porteños con el Río de la Plata, al tiempo que busca crear espacios multipropósito para todas las edades y el fomento de la actividad nocturna, con boliches bailables y un gran parque ribereño que se conecta con la Reserva ecológica. Toda la zona prevé la disposición de un 65% del espacio público con preeminencia de lugares verdes, y el permiso de instalación de sitios o locales de recreación con una concesión de 10 años.
Sin embargo, en la previa a la discusión, sectores de la oposición, arquitectos y especialistas expresaron un fuerte rechazo a la iniciativa porque consideran que se está violando el artículo 8 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, donde se señala que “los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad son públicos y de libre acceso y circulación".
“Creemos que este proyecto no solo entrega de forma permanente el acceso al río para las futuras generaciones, pone en riesgo la seguridad aeronáutica por las obras de ampliación que están realizándose en el Aeroparque Jorge Newbery y vuelve a relegar los espacios verdes en una Ciudad donde hacen mucha falta”, señaló a Infobae el legislador porteño, Juan Manuel Valdés.
En el bloque del Frente de Todos se disponían este jueves a rechazar todas las modificaciones de los convenios urbanísticos en la Legislatura, no sólo el caso de Costa Salguero. "Toda la agenda de excepciones urbanísticas que buscan aprobarse hoy son la antítesis a la planificación y la sustentabilidad de nuestra Ciudad. Con el macrismo porteño no hay código urbanístico que valga, siempre se puede acomodar para realizar negocios”, agregó Valdés.
Con el mismo tenor, unas 300 arquitectas expresaron su preocupación en una carta por la venta de las tierras de la Costanera norte. La misiva se opone al desprendimiento del Estado porteño de “muchos predios estratégicos para desarrollos urbanos".
“La gravedad de los acontecimientos nos convoca a visibilizar que consideramos inadecuado continuar desprendiéndose de un recurso tan escaso y no renovable como la tierra pública. Por el contrario, tenemos la certeza de la importancia que tienen, para la salud y la sustentabilidad, los espacios verdes de acceso irrestricto al uso público”, señalaron en el escrito dirigido a Victoria Inés Roldán Méndez, presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano e integrante de Vamos Juntos.
Otras voces, como el Observatorio del Derecho a la Ciudad lanzaron una petición a través de la plataforma change.org para que no sancione el proyecto al considerar que “la Costanera pertenece a la ciudadanía y no debe quedar en manos privadas para negocios inmobiliarios”. “La barrera de edificios no solo consolida la Ciudad de Buenos Aires de espaldas al río, sino que va a implicar la pérdida definitiva de la mirada al río”, indicaron desde la organización.
Desde el Frente de Izquierda también adelantaron que se opondrán al proyecto urbanístico. “Nosotros vamos a rechazar enfáticamente este proyecto que significa la privatización de la Costanera norte y del acceso al río a la Ciudad a favor de intereses inmobiliarios muy importantes”, sostuvo el legislador Gabriel Solano, del Partido Obrero. “El bloque del peronismo que anunció un voto contrario es responsable, porque votó a favor de la creación del Distrito Joven en 2018. Al votar a favor habilitó esta escalada de negociados con el patrimonio de la Ciudad. Votan en contra porque sus votos no son necesarios", se diferenció.
El resto de la agenda parlamentaria involucrará la ratificación de tres convenios urbanísticos firmados por Horacio Rodríguez Larreta con desarrolladores inmobiliarios. Los proyectos revisarán la zonificación de polígonos situados en los barrios de Puerto Madero, Villa Crespo y Palermo que pertenecen a privados para obtener un ingreso de 6 millones de dólares, cuyo monto será destinado a los gastos de la pandemia por el coronavirus.
Una de las áreas involucradas está ubicada Juan Manso 350, donde se prevé construir una torre de 140 metros. El segundo convenio se trata de un polígono entre las calles Fitz Roy, Vera, Ramírez de Velasco y las vías del ferrocarril San Martín, de Villa Crespo, sobre el que habrá una ampliación de los usos del suelo y el permiso para levantar edificios de hasta 36,7 metros de altura.
El tercero contempla dos parcelas situadas entre la avenida Dorrego y las calles Clay, Báez, Huergo y el Campo Argentino de Polo, donde funcionó la obra social de las Fuerzas Armadas y el sector de Sastrería del Ejército nacional.
El desarrollo inmobiliario involucra como contraprestación una suma de 2,5 millones de dólares, y redefine la altura permitida para futuras construcciones a 96 metros de altura, junto la construcción de espacio verde público.
