Sesenta y ocho días han pasado desde la última sesión y la sensación que se esparce por los despachos de la Cámara alta es que la promesa que hizo Victoria Villarruel, de mostrar un Senado en funcionamiento para diferenciarse del manejo con mano dura de su antecesora, Cristina Kirchner, ha ido perdiendo impulso al ritmo de los vaivenes políticos del gobierno libertario de Javier Milei. 

Por el momento la vicepresidenta mantiene su buena imagen y ha mostrado cintura para ampliar sus relaciones políticas ante cada oportunidad que se le presenta, manteniendo aceitados contactos con legisladores, políticos y diplomáticos y manteniendo el pulso del contacto social con recorridas por el interior del país que pueden ir desde un acto castrense por la conmemoración de una fecha determinada, como la batalla de San Lorenzo, hasta festivales tradicionales como el de la Doma, en Jesús María, y la Vendimia, que la tendrá presente la semana próxima.

Sin embargo, la gestión que comenzó con un sonoro éxito a partir de la construcción de una mayoría de 39 senadores que le asestó una dura derrota política al kirchnerismo quedó empantanada en el barro de la puja política disparada por la discusión de la ley ómnibus y el deterioro de la relación del Poder Ejecutivo con gobernadores y legisladores.

Desde aquella sesión preparatoria del 13 de diciembre pasado, en la que pudo imponer a dos personas de confianza en las secretarías Administrativa y Parlamentaria, Villarruel viene acumulando traspiés en sus intentos por lograr abrir el recinto de la Cámara alta.

No todo es imputable a Milei y su intransigencia. La vicepresidenta también sumó varios errores no forzados que terminaron por complicar sus planes.

El primero de ellos fue el debate del proyecto para establecer la boleta única de papel en las elecciones para cargos nacionales. La iniciativa había sido aprobada por Diputados en junio de 2022 por una heterogénea alianza de Juntos por el Cambio con fuerzas provinciales que logró imponerse a la cerrada negativa del kirchnerismo.

Con la mayoría circunstancial conseguida para elegir autoridades en diciembre, el tema se presentaba para Villarruel como una oportunidad de oro para sacarle lustre a su administración en el Senado. No sólo aprobaría un instrumento largamente reclamado para modernizar el sistema electoral argentino, sino que tendría la ocasión de darle un nuevo y duro golpe político al bloque kirchnerista, que atravesaba una incipiente crisis interna con críticas a la conducción del fomoseño José Mayans por haber bajado al recinto a perder la votación en la sesión preparatoria del 13 de diciembre.

Pero la vicepresidenta y su círculo más cercano de colaboradores no calcularon la irrupción de la rionegrina Mónica Silva (Juntos Somos Ro Negro), que puso en el debate en comisiones un dictamen alternativo que impulsa también la boleta única de papel, pero que propone el uso de una papeleta diferente para cada categoría que se vote.

Atentos a cualquier grieta que les permita bloquear la modificación electoral, el kirchnerismo aprovechó para sumar sus firmas y anunciar el apoyo la propuesta de Silva, sin importarle que apenas unos minutos antes sus senadores no dudaban en descalificar el sistema de boleta única en cualquiera de sus variantes.

El giro kirchnerista dejó el debate empatado en 36 votos por lado. Pero al tratarse de una reforma electoral, en el Senado se necesitan 37 votos afirmativos para aprobar el proyecto, por lo que Villarruel no podría usar su facultad de desempatar votaciones en este caso.

En este escenario, el tema quedó en pausa hasta que alguien ceda y alguno de los dos dictámenes reúna los 37 votos que les permita avanzar en el Senado. El debate espera una resolución desde el 10 de enero último sin que, hasta el momento, haya novedades.

El siguiente traspié de Villarruel ocurrió la semana pasada. Tras haber incorporado el tema en la ampliación de sesiones extraordinarias que decretó el Poder Ejecutivo a fines de enero, la vicepresidenta impulsó el debate en comisiones del proyecto que introduce modificaciones en la legislación para perseguir y reprimir el lavado de dinero.

Tras dos reuniones en comisiones y luego de la intervención del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y de el expresidente Mauricio Macri, que llamaron a legisladores de la UCR y Pro para pedirles que dejen de lado sus diferencias y sancionen la ley antes de la llegada al país de una misión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI); el proyecto quedó en condiciones de ser llevado al recinto.

La fecha fijada por Villarruel para discutirlo en el recinto era el próximo 23 de febrero. Sin embargo, molesto por el fracaso de la ley ómnibus en Diputados el Gobierno de Javier Milei decidió no extender las sesiones extraordinarias, que concluyeron el jueves pasado, y frustró los planes de la vicepresidenta de abrir el recinto y reunir una mayoría que pudiera imponerse al kirchnerismo.

Para colmo de males, desde fines de enero el bloque peronista, que es cómoda primera minoría, con 33 senadores, viene reclamando el llamado a una sesión especial para rechazar el mega DNU 70/23 de diciembre del año pasado.

El último pedido de sesión especial, el tercero, tiene fecha para el 23 de febrero, el mismo día que Villarruel convocó a una sesión preparatoria para elegir las autoridades del Senado para el próximo período ordinario de sesiones, que comenzará el 1 de marzo. Todo indica que la tradicional y protocolar reunión será de alto voltaje político, ya que el kirchnerismo no perdonará los desplantes de la vicepresidenta, que dejó sin respuesta los dos pedidos anteriores para rechazar el DNU.

Gustavo Ybarra