La triple jugada comenzó a gestarse hace semanas, pero sólo salió a la luz en los tribunales durante los últimos días, cuando los abogados de todas las partes –actores y demandados- comenzaron a informarle a la jueza federal Jennifer Rochon las deliberaciones y entendimientos a los que, al parecer, habrían llegado.
Uno de los abogados reclamantes, Max Burwick, fue el encargado de informarlo al Juzgado. Detalló que Davis solicitó la modificación del embargo dispuesto el 27 de mayo, de modo que pueda girar 500 millones de tokens $LIBRA que se encuentran en una billetera de la plataforma Solana. ¿Su objetivo? Girarlo a la iniciativa “Viva La Libertad” en la Argentina, “sujeto a las medidas de seguridad y obligaciones de informar” que se dispongan.
Según explicó el propio Burwick, la mitad de los fondos que se recolectaron durante el lanzamiento de $LIBRA, el 14 de febrero, se transfirió a esa billetera, “donde permanece al día de hoy”, con el declarado propósito de fortalecer la economía argentina, “apoyando el emprendedurismo y la innovación”.
El anuncio descolocó a otros letrados y sorprendió a expertos independientes, según verificó LA NACION. Entre otros motivos, porque la billetera bajo la lupa afronta restricciones que sólo permitirían “retirar a razón de 20,8 millones de $LIBRA por mes, a partir del 16 de agosto”, precisó Fernando Molina, un especialista que declaró ante el Congreso argentino en dos ocasiones. “No existe otra forma de retirar ese dinero, por lo cual no se entiende el pedido del estudio a la jueza”, abundó. Máxime, cuando “la liquidez de $LIBRA es prácticamente nula, así que tampoco se entiende por que solicitan esto”.
Para el programador Maximiliano Firtman, Davis buscaría de este modo cerrar uno de los frentes que mantiene abierto desde el colapso del criptoactivo. “Quieren repartir $LIBRA entre los que llenaron el formulario y así demostrar que se cumplió con lo de la ayuda para las PyMEs argentinas”, estimó, con lo que buscarían cerrar la discusión sobre si se trató de una estafa. “Que ya no valgan nada es otro tema”, completó.
En ese contexto, la jueza Rochon todavía no tomó una decisión. Debe definir si levantará o modificará el embargo, como también deberá informar si admite el planteo de la defensa del CEO de Kelsier Ventures, para declararse incompetente y remitir las actuaciones a un Juzgado federal con asiento del Distrito Norte de Texas, donde Davis reclamó que debe continuar.
A través de sus abogados, el joven estadounidense argumentó que nada vincula al proyecto $LIBRA con Nueva York. Allí, adujo, no tiene domicilio, no mantuvo reuniones vinculadas al criptoactivo, no se encontraba en Manhattan al momento del lanzamiento, el 14 de febrero, y no hizo publicidad, ni actividad alguna que amerite que la demanda colectiva continúe allí sin violar “la garantía del debido proceso”.
También por medio de sus abogados, Davis invocó un fallo reciente de la Corte Suprema que benefició al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y fijó nuevos y más restrictivos límites a la potestad de los jueces de decretar embargos e inmovilizar bienes y fondos. Y en este caso, según reclamaron los letrados, la jueza Rochon debería reducir el alcance del embargo al monto que reclama uno de los demandantes, Omar Hurlock.
Pero tampoco fueron todos avances y eventuales logros para Davis. ¿Por qué? Porque mientras uno de los abogados de la demanda, Max Burwick, acercó posiciones con el “empresario” estadounidense, otra letrada le salió al cruce. Margaret Hoppin le pidió a la jueza Rochon que ordene interrogar a Davis y a otro protagonista del escándalo, Benjamin Chow, y que obligue a ambos a entregar ciertos documentos sensibles.
Para Hoppin, Chow y Davis dieron explicaciones contradictorias desde las horas posteriores al colapso del criptoactivo. En particular, sobre cómo se montó la operatoria, cómo era el esquema financiero, quiénes operaron billeteras virtuales, cómo se armó el “pool” de liquidez y quienes, todavía hoy, pueden mover fondos de al menos una billetera vinculada al proyecto.
“Este pedido judicial aporta pruebas clave sobre cómo se montó y operó el esquema financiero de $LIBRA”, indicó el diputado nacional Oscar Agost Carreño, quien integra la comisión investigadora de la Cámara de Diputados el oficialismo impide que funcione. El pedido, abundó, también “sigue poniendo el foco en la importancia de identificar a los que abrieron las billeteras que armaron el pool de liquidez y qué personas pueden mover los fondos (y si hay argentinos entre ellos o no)”.
