La Sala II de la Cámara Federal porteña convocó a una audiencia pública para el próximo martes 4 de noviembre para revisar los planteos de nulidad en la causa que investiga presuntos sobornos en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) durante la gestión de Diego Spagnuolo.
Martín Magram, abogado de los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker y su papá Eduardo, dueños de la droguería Suizo Argentina, solicitó la audiencia pública y requirió la nulidad de la causa (cuestionó la legitimidad de los audios) y la falta de acción, con el argumento de que la Justicia ya había resuelto el año pasado una denuncia en el mismo sentido, y había cerrado la causa.
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En esas grabaciones, el exfuncionario mencionaba a la Suizo Argentina como parte del esquema de sobornos y señalaba a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al asesor Eduardo “Lule” Menem.
La causa, cuya investigación está delegada en el fiscal Franco Picardi, está por estos días en secreto de sumario y se hicieron nuevos allanamientos.
En la audiencia, convocada para el martes 4 de noviembre, será la primera vez que la Cámara Federal intervenga en esta causa, que llegó a tribunales por una denuncia del abogado Gregorio Dalbón. A los Kovalivker los defiende Magram y a Spagnuolo la abogada Florencia Plazas, defensora oficial.
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A fines de septiembre, el juez federal Sebastián Casanello, a cargo de la causa, rechazó el pedido de nulidad de Magram. En dicha sentencia, a la que accedió PERFIL, Casanello sostuvo que “este tipo de grabaciones obtenidas por particulares pueden convertirse en prueba documental, mas no podrían ser consideradas declaraciones testimoniales o confesiones”. “No son actos representativos en sí mismos, sino cosas que sirven para representar algo, como una entrevista publicada”, explicó. Magram apeló esa decisión y por eso ahora debe resolver la Cámara.
Magram planteó que los audios atribuidos a Spagnuolo “habrían sido obtenidos de forma ilícita, adulterados o incluso creados por inteligencia artificial”. Ahora le toca resolver a la Cámara Federal.
