Los establecimientos, administrados en el marco de la obra social militar, forman parte del esquema de servicios que durante décadas permitió a miembros de las Fuerzas y sus familias acceder a alojamiento.
El eventual cierre o cambio de destino de estos activos abre dos impactos concretos:
– alrededor de 180 puestos de trabajo quedarían en riesgo
– se perdería infraestructura de uso tradicional para el personal militar
La decisión se da en paralelo a la discusión sobre el futuro de IOSFA, lo que amplifica la preocupación dentro de las Fuerzas, en particular en la Armada.
El proceso depende de definiciones de la AABE, manejada a control remoto por el presidente del Banco Nacion, Darío Wasserman, en un contexto donde distintos activos del Estado están siendo revisados bajo criterios de administración y eventual enajenación.
En las fuerzas, el tema ya genera inquietud por su impacto operativo, social y simbólico. Además muchas generaciones de la familia militar disfrutaron de sus vacaciones ahí. Crece el malestar sobre todo en la Armada.
