El clima de tensión entre el Gobierno de Javier Milei y el periodismo alcanzó un nuevo pico este jueves. Con un mensaje por redes sociales, el Gobierno justificó las restricciones de acceso a la Casa Rosada que dejaron a la Sala de Periodistas vacía por primera vez en décadas. Javier Lanari, subsecretario de Prensa y vocero gubernamental, fue el encargado de fijar la postura oficial a través de sus redes sociales.

"La Casa Rosada no es un estudio de televisión ni un set de filmación. Es la sede del Poder Ejecutivo y un objetivo de seguridad nacional. El respeto a las normas y a las instituciones no es opcional. Quienes confunden libertad de expresión con libertinaje para vulnerar la seguridad del Presidente y de la Casa de Gobierno deberán responder ante la Justicia", escribió Lanari en sus redes sociales. Esta decisión drástica es el corolario de una semana de alta confrontación. La Casa Militar, organismo encargado de la custodia presidencial liderado por el general de Brigada Sebastián Ibáñez, formalizó una denuncia penal contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, de la señal Todo Noticias (TN).

La presentación judicial, que recayó en el juzgado de Ariel Lijo, los acusa de "revelación de secretos políticos y militares" e "intromisión ilegítima". El detonante fue la emisión de un informe en el programa ¿Y mañana qué?, donde se mostraron imágenes grabadas en áreas internas y de uso común de la Casa de Gobierno.

Según la denuncia, estas filmaciones exponen vulnerabilidades de seguridad y protocolos internos. El propio presidente Javier Milei respaldó la medida desde sus redes con términos durísimos, calificando a los involucrados como "delincuentes" y "basuras inmundas que portan credencial de periodistas".

El rechazo de FOPEA y la política

La respuesta no se hizo esperar. El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) emitió un comunicado urgente en el que advierte sobre la gravedad institucional de prohibir el ingreso a los acreditados y quitarles el acceso biométrico. "La libertad de prensa es un pilar de la democracia que no puede ser condicionado por interpretaciones discrecionales de seguridad nacional", señalaron.

En la red social X, figuras del periodismo y la política expresaron su repudio. Liliana Franco, periodista acreditada de larga trayectoria, denunció: "El gobierno cerró la Sala de Periodistas. Decidió no renovar las acreditaciones de todos por la denuncia a raíz de la filmación de Geuna. No se sabe hasta cuándo".

Mariel Fitz Patrick se sumó a las críticas resaltando la desproporcionalidad de la medida que afecta a todos los medios por igual. Desde la oposición, el diputado Germán Martínez (Unión por la Patria) calificó el hecho como un "apagón informativo inédito", mientras que otros referentes como Myriam Bregman tildaron la maniobra de "autoritaria".Fopea

Una visita de peso bajo total hermetismo

Un detalle que no pasó desapercibido es el timing de la prohibición. Mientras la prensa tenía vedado el ingreso, el presidente Javier Milei recibirá a las 14 hs en su despacho a Peter Thiel, el magnate tecnológico y cofundador de PayPal y Palantir.

El Gobierno explicó por qué prohibió el ingreso de periodistas a la Casa Rosada: "El único fin es garantizar la seguridad nacional "

Thiel, conocido por su visión crítica de las democracias tradicionales y su liderazgo en empresas de recolección de datos e inteligencia artificial, mantuvo un encuentro privado con el mandatario. La ausencia de periodistas en el edificio evitó cualquier tipo de guardia periodística o registro independiente de una visita que despierta interrogantes sobre la gestión de datos sensibles en el país.

Al cierre de esta nota, la Sala de Prensa permanece con las luces apagadas y los accesos bloqueados, marcando un precedente que organizaciones de prensa ya califican como el más grave desde el retorno de la democracia ante el agravio gratuito y enajenante.

La desmesura y el insulto en un jefe del Estado, lejos de fortalecer su poder, no hacen más que debilitarlo y degradar las instituciones

Hay palabras que, cuando se pronuncian desde el poder, pesan más que otras. No porque contengan necesariamente verdades convincentes, sino porque reflejan consigo la autoridad de quien las dice. Por eso, cuando desde el poder se habla con desmesura, no solo se agravia al destinatario directo del mensaje degradante; se desluce y compromete a la institución involucrada.

El reciente ataque del presidente de la Nación contra columnistas políticos de este diario constituye algo muchísimo más grave que un episodio de mal tono. Es algo que lastima la sensibilidad ciudadana, traiciona tradiciones de la República e instala otro ejemplo deplorable para las jóvenes generaciones.

Siempre tiene consecuencias nefastas la utilización del lenguaje injuriante desde el sitial jerárquico más alto del país. Dejará huellas que recogerá la historia sobre el comportamiento de los gobernantes de la época. Para peor, en esta hora el desmadre verbal del Presidente se halla desasistido de colaboradores que comprendan debidamente la gravedad de lo que ocurre y lo inviten a la mesura; por el contrario, algunos funcionarios se han contagiado con ese estilo violentamente exacerbado, dejando en ciertos casos por el camino el señorío que los había caracterizado en la actuación pública en el pasado.

El presidente Javier Milei puede disentir abiertamente con las manifestaciones del periodismo. Puede criticar y refutar hasta con vehemencia lo que le venga en gana. Todo ello forma parte del debate democrático. Puede, incluso, llevar al periodismo ante la Justicia por la eventual violación de normas legales.

Pero el insulto por momentos flagrantemente guarango es de un registro inaceptable para todo jefe de Estado. Tómese nota de la creciente consternación mundial por el comportamiento verbal inaudito del presidente de los Estados Unidos y la enojosa reacción que esto provoca en sociedades que han estado aunadas con el espíritu de progreso y el historial de respeto por las libertades públicas y las decisiones de la Justicia independiente de esa gran potencia de Occidente.

En las figuras relevantes de respetados y laureados columnistas, como Joaquín Morales Solá y Carlos Pagni, concentramos el rechazo por cientos, miles de manifestaciones improcedentes contra el periodismo y los hombres y mujeres que lo encarnan que han hecho en 28 meses el Presidente y muchos de sus seguidores.

La cadena persistente de insultos en que se han empeñado desde el 10 de diciembre de 2023 contra un periodismo al que “no odiamos lo suficiente” solo de tanto en tanto suscita una respuesta como la que hoy damos. Más que respuestas certeras a la catarata de desmadre verbales, ha habido, después de un primer tiempo de escarceos, un encogimiento de hombros. Terminó por prevalecer la fatiga en corregir lo que el tiempo y la reiteración parecen haber convertido en incorregible.

El tipo de insultos que se han hecho con asombrosa vocación contra la prensa nunca podrá disuadir a un periodista de ley de cumplir con los principios de su oficio y, menos, descalificarlo ante la sociedad y los colegas. Dicterios de aquella índole pertenecen por su naturaleza al carácter de los bumeranes, cuya magia consiste en volverse contra el emisor. El periodismo ha dejado, así, en general que agotaran por sí mismos sus trayectorias, como el lidiador determina con su verónica que la embestida enceguecida de la fiera se agote en vano e impulsivo recorrido en la nada del espacio.

El insulto tiene efectos paradójicos. Pretende disminuir al destinatario, pero termina reduciendo en términos morales a quien lo emite. El poder no se fortalece con el agravio; se debilita. La autoridad política descansa, en gran medida, en la dignidad de su ejercicio. Y cuando esa dignidad se abandona, el poder pierde altura, y se vuelve, de algún modo, más frágil.

Es una pena que esto ocurra en los tiempos que vivimos; distrae sobre logros enormes conquistados por el Gobierno: control de la inflación en términos que se desconocían desde hacía muchos años, sujeción del déficit fiscal -algo que parecía imposible desde hacía largas décadas-; apartamiento de la política externa de las causas comunes con naciones descalabradas por la izquierda marxista o la intolerancia religiosa.

Hay, por lo demás, una contradicción que no debería pasar inadvertida. El presidente de la República, que se define como libertario —como defensor de la más amplia libertad— debería ser el primero en proteger la libertad de expresión, incluso cuando le resulte incómoda o injusta en su ejercicio, y en promover la tolerancia y el debate democráticos. La confianza en las bondades de la libertad no consiste, por definición en limitarse a tolerar y potenciar las voces afines, sino en aceptar las que disienten.

Hay algo más. El poder político es, por definición, transitorio. Quien hoy lo ejerce, mañana lo abandona. Las palabras, en cambio, quedan grabadas en la sociedad. Y el estilo que se instala desde el poder tiende al contagio de los menos asistidos por una cultura firme de convivencia civilizada.

El insulto es un arma de doble filo. Quien la utiliza desde el poder olvida que cuando el poder cambie de manos, como ocurre tarde o temprano en los regímenes democráticos, los que vengan se hallarán con el hábito consagrado del uso de aquel instrumento. Las palabras que hoy se emplean para descalificar al adversario mañana podrán volverse contra quien las ha pronunciado.

La fragilidad innata al poder de bases democráticas reside en la transitoriedad. La dignidad del cargo, en cambio, debería ser defendida como corresponde por su condición de inherente al espíritu del que ha sido dotado por el único contrato que aúna a los argentinos, la Constitución nacional. Esa dignidad no depende de la duración del mandato, sino de la compostura del comportamiento.

Fuente: https://www.perfil.com/noticias/politica/el-gobierno-explico-por-que-prohibio-el-ingreso-de-periodistas-a-la-casa-rosada-el-unico-fin-es-garantizar-la-seguridad-nacional.phtml