Al desplazar al Tribunal de Tasaciones de la Nación e instrumentar valoraciones confidenciales a través de una comisión ad hoc en el BICE, asume un triple frente de tormenta que excede lo estrictamente financiero.
Expertos en derecho administrativo consideran que convalidar pisos de venta llamativamente bajos, como los 500 millones de dólares estimados para el gigante sanitario AySA, lesiona la calidad de la competencia al ahuyentar a los fondos institucionales más rigurosos del globo.
Ese mercado percibe con nitidez que un activo estratégico nacido de una subvaluación es un contrato políticamente vulnerable, lo que termina transformando la necesidad de caja inmediata en un costoso bumerán judicial y regulatorio para el mediano plazo argentino.
Ante un eventual cambio de signo político en el futuro, las probabilidades de que el contrato sea rescindido o estatizado sin indemnización compensada, lo que eleva el Riesgo País de largo plazo para la Argentina.
Las sospechas sobre las tasas debilitan la seguridad jurídica del proceso. Los fondos de inversión institucionales más serios del mundo (como los fondos de pensión europeos o americanos) prohíben en sus estatutos participar en licitaciones con fallas de transparencia.
El otro riesgo legal es la apertura de causas penales por eventuales delitos de defraudación por administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El antecedente de los 90: Este tipo de delitos económicos no prescriben rápidamente.
Los funcionarios que firmaron las privatizaciones de la gestión de Carlos Menem afrontaron juicios y procesamientos que duraron más de dos décadas debido a las sospechas de "precio vil".
