En el último día del Argentina Week en París, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Diego Santilli presentaron lo que el comunicado oficial llamó Programa de Ciudadanía por Inversión. Quizá el dúo recordó otro octubre de otro tiempo en París, cuando el falso marqués argentino Eduardo de Valferno pergeñó el robo más extraordinario del siglo: el de la Mona Lisa que, sin demasiados reparos, descansaba en el Louvre. El plan era, después de robar el cuadro, hacer copias para vender a millonarios ignorantes y codiciosos de Europa y Estados Unidos. Sin embargo, algo falló y Valferno no se hizo ni de un rublo. Sin tantos recursos ni imaginación, Caputo y Santilli no fueron mucho más allá del escalón más bajo de pillería. 

La idea genial consiste en que cualquier extranjero que deposite 350.000 dólares en el Tesoro, sin derecho a devolución, puede ser argentino sin haber vivido un solo día en el país. Para el inversor más amarrete hay un plan B: comprar un bono de 800.000 dólares a siete años, sin intereses. Es decir, le presta la plata al Estado sin cobrar un centavo por ella y, en teoría, la recupera al vencimiento. La plata vuelve, la ciudadanía queda. La cónyuge y los hijos de entre 18 y 25 años, solteros y sin hijos, cotizan a 100.000 cada uno; los menores de 18 salen 25.000. La familia tipo, titular, esposa y dos chicos, se lleva el combo por medio millón.

Santilli explicó el proyecto con lírica poética: habló de una "Argentina que abre los brazos a ciudadanos del mundo que quieran venir a invertir". Caputo, más fiel a su oficio, prefirió la jerga de la mesa de dinero: "El pasaporte argentino cotiza muy bien". Y tiene razón. Lo que no dijo es quién armó la cotización, quién cobra la comisión y qué más viene incluido en el paquete.

El anuncio no cayó en el vacío. Llegó setenta y dos horas después de que la Corte Suprema dejara sin obstáculo judicial la derogación de la Ley de Tierras, la que ponía un techo a la cantidad de campo, costa, lago y frontera que podían acumular los extranjeros.

Un pasaporte que se compra sin vivir acá, más una tierra que se vende sin límites a quien no es argentino: no hace falta ser ingeniero en finanzas para ver cómo encajan las piezas.

Setenta y dos horas para vender la casa con los muebles

El martes 29 de septiembre, los supremos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti revocaron el fallo de la Cámara Federal de La Plata que, en marzo de 2024, había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023. Ese artículo, escondido entre centenares de desregulaciones del decretazo inaugural de Javier Milei, borraba de un plumazo la Ley 26.737, sancionada en 2011, que fijaba un tope del 15% para la tierra rural en manos extranjeras, un máximo del 30% de ese cupo por nacionalidad, 1000 hectáreas por titular en la zona núcleo y la prohibición de comprar espejos de agua y zonas de seguridad de frontera.

La Corte no dijo que la derogación fuera constitucional. Sostuvo que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, que había presentado el amparo, no tenía legitimación para hacerlo. Es decir, que los hombres que pusieron el cuerpo en una guerra por la soberanía territorial no son parte interesada en una causa sobre soberanía territorial. El CECIM lo resumió sin anestesia: "La Corte resolvió el problema político de Milei". Y el constitucionalista Andrés Gil Domínguez explicó el efecto práctico: hoy "cualquier persona física o jurídica extranjera puede comprar toda la tierra rural".

Al día siguiente, ante la lluvia de críticas, el tribunal salió a aclarar con un comunicado que "sólo se decidió un aspecto procesal", que la vigencia de la ley "no ha sido resuelta" y que su fallo "no impide" que otros pidan cautelares. También se quejó de las "presiones y descalificaciones en redes sociales" y pidió no "confundir a la población". Mientras tanto, desde el 29 de septiembre no rige ningún límite nacional a la compra de campos por extranjeros.

En 2016, Mauricio Macri ya había flexibilizado la ley con el Decreto 820, que elevó del 25 al 51% la porción de capital foráneo necesaria para considerar extranjera a una empresa. En marzo de 2024, el Senado rechazó el DNU 70, pero Diputados nunca lo votó, y el decreto quedó vivo. En mayo de este año, el oficialismo intentó blanquear la derogación dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, piloteado por Federico Sturzenegger y negociado por Patricia Bullrich. El 5 de agosto tuvo que retirar el capítulo de tierras porque no le daban los votos: ni siquiera sus aliados en el Senado estaban dispuestos a pagar el costo de rematar la tierra. Lo que no consiguió en el Congreso se lo resolvió la Corte por una cuestión de legitimación.

Y ahí entra el pasaporte. El mecanismo es de una simpleza que ofende: la Ley de Tierras regulaba la propiedad de "personas extranjeras". Ya exceptuaba a los extranjeros con diez años de residencia, o con cinco y un cónyuge o hijos argentinos. Un ciudadano naturalizado no es extranjero, así que no hay tope que lo alcance: ni el que se cayó ni cualquiera que el Congreso logre reponer. Queda una sola valla en pie: la de la frontera.

El viejo Decreto-Ley 15.385 de 1944 sigue exigiendo permiso para cualquier venta en zona de seguridad y declara "de conveniencia nacional" que esos bienes pertenezcan a "ciudadanos argentinos nativos", categoría que ningún cheque puede comprar. Para todo lo demás, el cupo efectivamente desapareció.

El programa tiene, además, una base jurídica que cruje. Nació con el DNU 366/2025, que en mayo del año pasado modificó la Ley de Ciudadanía 346 para que un extranjero con una "inversión relevante" pudiera naturalizarse sin los dos años de residencia que se exigen al resto de los mortales, y le pasó el trámite de los jueces a Migraciones. El Decreto 524/2025 creó la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, bajo el Ministerio de Economía, que desde abril dirige ad honorem Aixa Granara, y dejó la decisión final sobre cada pasaporte en manos de Migraciones.

Un dato breve sobre la mujer que custodia la puerta: Granara no cobra un peso por el cargo. Según la única declaración jurada que presentó ante la Oficina Anticorrupción, la inicial de 2024 no tiene otros cargos, ni ahorros, ni empresas, ni empleos aparte; su patrimonio completo era un Peugeot 207 modelo 2011. No hay otra declaración: todo lo demás, en cero. La funcionaria que evaluará qué millonarios merecen el pasaporte argentino trabaja gratis y, en los papeles, no tiene de qué vivir.

Esa arquitectura ya tiene una grieta judicial. El 18 de junio, la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal, con las firmas de Florencia Nallar y Fernando Uriarte, declaró inconstitucionales los artículos del DNU 366 que desplazaron a los jueces del otorgamiento de las cartas de ciudadanía. El 30 de junio, en la misma línea, la Cámara Nacional Electoral, con las firmas de Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas, declaró nulo ese traspaso en la causa de un comerciante chino de la localidad entrerriana de Oro Verde, Liping Yang: la ciudadanía es materia electoral, y la Constitución prohíbe legislar sobre ella por decreto. La Cámara notificó el fallo a todos los jueces electorales del país. El Gobierno apeló ante la Corte; para sus voceros, el decreto "está vigente".

Conviene precisar el alcance. Ninguno de los dos fallos se pronunció sobre un pedido de ciudadanía por inversión, y el de la Sala III rige solo para ese caso. Pero el argumento es el mismo para todo el decreto: la ciudadanía no se toca por DNU. Y la vía rápida para inversores nació de ese mismo DNU, igual que el traspaso de la firma a Migraciones que el Decreto 524 usa para aprobar cada pasaporte. Si la Corte confirma ese criterio, el atajo de los 350.000 dólares se queda sin piso, y el comprador vuelve a necesitar los dos años de residencia y el juez federal que se exigen a cualquier extranjero. Es decir que el ministro salió a vender en París un producto cuya base legal está impugnada en los tribunales.

Hay un detalle más, menor solo en apariencia: los 350.000 dólares no figuran en ninguna norma. No hay resolución en el Boletín Oficial que fije montos, sectores ni condiciones. Lo único publicado sobre la Agencia en todo 2026 es el Decreto 285, que designó a Granara. En junio, el Financial Times había hablado de 500.000 dólares o un millón en bonos; en abril, la diputada Juliana Santillán mencionaba un piso de 500.000.

La cifra tampoco era nueva: era la que Martín Varsavsky, el creador de Wamani, el búnker para millonarios que se preparan para una guerra nuclear en 32.000 hectáreas de San Carlos, en la cordillera mendocina, les había propuesto a Milei y a Caputo en Silicon Valley, en 2024, bajo el nombre de “visa de la tranquilidad”, como contó oportunamente Data Clave. “Si la Argentina sacara algo parecido por medio millón de dólares, verificando que no vengan criminales ni gente indeseable, el país podría ganar bastante plata”, explicaba el empresario. La lista de precios bajó un 30% antes de abrir el local, y se anunció por comunicado de prensa.

Yo lo hago y yo lo vendo

En París, a pocos metros de Caputo, estaba Eric Major, presidente y CEO de Latitude Group, una consultora de "migración por inversión" con base en Londres y Malta. Ese mismo día, Latitude distribuyó por PR Newswire un comunicado en el que se presentaba como "miembro fundador" de Argentina Mobility for Investment and Global Opportunity Limited, abreviado AMIGO Ltd. Nadie en la industria pierde una oportunidad de marketing, ni siquiera a la hora de bautizar sociedades. Según el texto, AMIGO firmó el 15 de mayo un "Acuerdo de Colaboración Técnica No Oneroso" con la Agencia y la asesora en "arquitectura del programa", "umbrales de inversión", posicionamiento internacional y protocolos de due diligence. Es decir, en cuánto se vende, a quién y con qué filtros.

Además de Latitude, AMIGO reúne a Arton Capital, fundada en Montreal por Armand Arton y señalada por el Financial Times como diseñadora y promotora del programa; a Apex Capital Partners, presidida por Nuri Katz, que vende pasaportes caribeños desde hace un cuarto de siglo y en 2017 declaraba oficinas en San Cristóbal y Nieves, Antigua, Dominica, Dubái y Moscú; a Passport Legacy, con sede en Dubái, capital suizo y oficinas en Beirut, Lahore, Lagos y Manila, presidida por Jeffrey Henseler; y a AIM Global, del abogado chileno Matías Apparcel.

Dónde está registrada AMIGO, quién la dirige y quién firmó el convenio con el Estado argentino son datos que ni el comunicado ni la Agencia informaron. No figura en el registro de sociedades británico ni en los buscadores abiertos. Para un programa que promete "transparencia" y estándares de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el club de economías desarrolladas con sede en París al que la Argentina pide entrar, y del GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que fija las reglas mundiales contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, el asesor estrella es una sociedad sin domicilio conocido.

Lo más interesante es cómo llegaron. A fines de 2025, el Ministerio de Economía abrió un concurso público internacional para contratar un operador por cuatro años o hasta emitir 5000 recomendaciones de aprobación, lo que ocurriera primero. El pliego tenía una particularidad: el Estado pagaba solo por solicitud aprobada, y el contratista podía, además, cobrarles a los inversores por la tramitación y los controles. Un esquema que premia aprobar, en un negocio cuyo único freno es rechazar.

Se presentaron seis ofertas. Henley & Partners, el gigante del rubro, pidió 25 millones de dólares; Hong Kong Qian Cheng Business, otros 25; Salzburg International for Law, 34,5; Ancova Associates, 100 millones; Latitude, en solitario, 7,5. Y un consorcio encabezado por la chilena Asesorías Legal Advisor Limitada, integrado por Arton, Apex, Passport Legacy y AIM Global, ofertó 50.000 dólares por todo el contrato. Unos diez dólares por pasaporte aprobado. Nadie trabaja cuatro años por diez dólares la unidad, salvo que piense cobrar el resto en otra ventanilla.

El consorcio empató con Henley en la evaluación técnica y le ganó por el precio, y en marzo el comité evaluador recomendó adjudicárselo. Pero el 14 de abril Caputo firmó la Resolución 522/2026 y dejó sin efecto todo el concurso por "divergencias relevantes en cuanto a los enfoques propuestos". Un mes después, las cuatro firmas del consorcio que había ganado el dictamen, más Latitude, que había sido su competidora, reaparecieron juntas bajo el nombre de AMIGO, firmando un convenio directo, sin licitación y gratis. Esta vez el Estado no les paga nada. Ellos tampoco lo necesitan: AIM Global ya invita en su web a los interesados en el pasaporte argentino a anotarse en una lista de espera con un elocuente "get ready before everyone else", es decir, prepárese antes que todos. El que diseña los filtros es el mismo que después le vende al cliente el trámite para pasarlos. En cualquier otro rubro, a eso se le dice ser juez y parte.

AIM Global tiene otro dato que no figura en el folleto. Desde julio de 2025, el estudio de Apparcel está asociado con Yingke, uno de los mayores bufetes de China, con presencia en más de 80 países, para canalizar inversores chinos hacia programas de residencia y ciudadanía en Portugal, Grecia y, explícitamente, la Argentina. Es una paradoja: el mismo Gobierno que en su proyecto de ley de tierras quería prohibir las compras de Estados y empresas estatales extranjeras, en lo que todos leyeron como un freno al capital chino, le abrió la puerta del diseño del pasaporte a un socio del principal estudio jurídico de Pekín.

¿Es, entonces, una imposición de países que quieren tierra argentina? No hay un solo documento que lo pruebe, y conviene decirlo con todas las letras. Lo que sí hay es un clima. El acuerdo de minerales críticos de 2025 establece que la Argentina “tiene la intención de priorizar a Estados Unidos” en cobre y litio, y el acuerdo comercial del 5 de febrero de 2026 compromete al país a combatir “prácticas ajenas al mercado” de terceros países, pero ninguno de los dos menciona tierras ni pasaportes.

Hay compras recientes del emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, que tiene 10.000 hectáreas sobre el río Villegas, y de inversores de los Emiratos Árabes sobre el río Negro, sin vínculo probado con el programa. Y hay un multimillonario con nombre y apellido: Peter Thiel, cofundador de PayPal y Palantir, que en abril se instaló en Buenos Aires, compró una mansión en Barrio Parque, se reunió con Milei, Caputo y Sturzenegger, y fue presentado por el Financial Times como “embajador” del pasaporte dorado, algo que la vocería presidencial negó. Milei describió el encuentro como el de “un anarcocapitalista que encuentra a otro anarcocapitalista”. El entonces jefe de Gabinete Manuel Adorni fue más directo: “Todos los billonarios del mundo que quieran huir de países cada vez más regulados y con mayores impuestos son bienvenidos”. Thiel, para que conste, se estaba yendo de California por un impuesto del 5% a las grandes fortunas.

Mirarse en el espejo del Caribe (y no ver a los prófugos)

El modelo que la Argentina eligió imitar tiene geografía precisa. San Cristóbal y Nieves inventó la ciudadanía por inversión en 1984 y hoy la vende desde 250.000 dólares. Dominica la ofrece desde 200.000; Antigua y Barbuda, desde 230.000 y una estadía obligatoria de cinco días; Granada, desde 235.000, con el bonus de habilitar la visa de inversor E-2 de Estados Unidos; Santa Lucía, desde 240.000. Fuera del Caribe, Turquía pide 400.000 en inmuebles, Vanuatu se conforma con 130.000 y El Salvador de Nayib Bukele cobra un millón en bitcoin o dólares digitales.

Con sus 350.000 verdes, la Argentina se posiciona como un Caribe premium: más cara que las islas, más barata que Estambul y con un país de verdad detrás del pasaporte. Es exactamente lo que vende el comunicado de Latitude, que además promociona como valor agregado los "derechos de residencia preferenciales" en el Mercosur. Es decir: la ciudadanía argentina como llave maestra de media Sudamérica.

En el Caribe, el pasaporte no es un complemento de la economía: es la economía. En Dominica, la venta de ciudadanías llegó a equivaler al 37% del PBI; en San Cristóbal, al 22%. Y los resultados están documentados. En 2014, la red de inteligencia financiera del Tesoro norteamericano, FinCEN, emitió una alerta porque ciudadanos iraníes usaban pasaportes de San Cristóbal para ocultar su origen y evadir sanciones, pese a que el gobierno local juraba haber endurecido los controles. En 2023, el OCCRP, la red internacional de periodismo de investigación sobre crimen organizado reveló que Dominica había vendido unos 7.700 pasaportes y recaudado 775 millones de dólares entre 2009 y 2021.

Entre los compradores encontró al menos 30 personas investigadas, acusadas o condenadas, casi una docena de ellas prófugas, entre las que figuraban un exfuncionario afgano acusado de torturas y un científico nuclear de Sadam Husein. Las autoridades de Dominica se defendían con una frase que debería enseñarse en las escuelas de periodismo: los que tienen algo que ocultar, decían, no se presentan. Rechazaban el 2% de las solicitudes. El Reino Unido terminó exigiéndoles visa a los dominiqueses.

Europa ya hizo el recorrido completo. Chipre entregó 6.779 ciudadanías entre 2007 y 2020, a cambio de inversiones de 2,5 millones de euros. En 2020, un documental de Al Jazeera mostró cómo se vendían a prófugos: entre los aprobados había un exejecutivo de Gazprom buscado por la Justicia rusa, un condenado por extorsión y dos iraníes con alerta roja de Interpol por lavado. El programa se cerró ese mismo año y ya se revocaron 222 ciudadanías. Tras la invasión a Ucrania, Chipre y Malta les quitaron el pasaporte a oligarcas rusos alcanzados por las sanciones europeas. Y en abril de 2025, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró ilegal el programa maltés con un argumento que la Casa Rosada debería imprimir y colgar: la ciudadanía de la Unión "no puede comercializarse".

El GAFI, el mismo organismo cuyos estándares invoca el comunicado oficial, publicó en 2023 un informe con la OCDE sobre el uso indebido de estos programas. Allí advierte que sirven para "alterar identidades, acceder a sistemas bancarios ilícitos, huir a jurisdicciones sin extradición", y señala entre los actores de riesgo a los facilitadores privados: agentes inmobiliarios, gestores de patrimonio y consultores migratorios. Gente como la que hoy asesora gratis al Estado argentino.

El caso argentino tiene, además, un ingrediente propio. El artículo 12 de la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal establece que, si el requerido "fuese nacional argentino, podrá optar por ser juzgado por los tribunales argentinos", salvo que un tratado obligue a entregarlo. Con Estados Unidos no hay escapatoria: el tratado de 1997 dice que la extradición no se negará por nacionalidad. Con Rusia, en cambio, el tratado de 2014 permite negar la entrega de un ciudadano propio. Con los países sin tratado, rige la opción de la ley.

Y el Decreto 524 no prevé ningún mecanismo para revocar una ciudadanía obtenida con fondos sucios o por alguien que delinque después. No menciona a Interpol ni las listas de sanciones de la ONU, Estados Unidos o la Unión Europea, ni obliga a publicar quiénes se naturalizan. Los controles quedan en manos de la SIDE, la UIF y el Registro de Reincidencia, que solo ve condenas argentinas. Un prófugo sin condena firme puede atravesar todos los filtros con una sonrisa.

No es un temor abstracto. En 2023, más de 10.500 mujeres rusas viajaron a la Argentina para parir y conseguir pasaporte para sus hijos; organizaciones que la entonces directora de Migraciones, Florencia Carignano, llamó mafiosas cobraban entre 20.000 y 35.000 dólares por el paquete, y unas 7.000 se fueron apenas dieron a luz. Ese mismo año, en Eslovenia cayeron dos espías rusos que se hacían pasar por argentinos y que después fueron recibidos por Vladímir Putin. Si el pasaporte argentino ya era codiciado de contrabando, ahora se ofrece con factura. Desde la oposición, el excanciller Jorge Taiana advirtió por el lavado y Santiago Cafiero, por el riesgo de que el país quede como un vendedor de pasaportes. Llegaron tarde: ya está en la vidriera.

Queda el costo que no figura en ninguna planilla. Hoy los argentinos entran sin visa al espacio Schengen, la zona de libre circulación de 29 países europeos, entre ellos España, Italia, Francia y Alemania, que no tienen controles de frontera entre sí: basta el pasaporte para quedarse hasta 90 días. Ese privilegio ahora pende de un hilo. En diciembre de 2025 entró en vigor el Reglamento 2025/2441 de la Unión Europea, que incorpora como causal para suspender la exención de visa Schengen que un país opere un programa que entregue la ciudadanía a cambio de pagos o inversiones predeterminados.

El Consejo de la Unión Europea lo explicó sin vueltas al aprobarlo, en noviembre: si un país otorga la ciudadanía a personas sin un vínculo genuino con él, la Unión puede suspenderle la exención de visa. Un pasaporte que se compra sin haber pisado el país es la definición exacta de esa falta de vínculo, y no hace falta probar abusos. La sanción no es automática: la decide el Consejo, dura en principio doce meses, puede extenderse otros veinticuatro, en esa etapa puede limitarse a funcionarios y diplomáticos, y al final puede volverse permanente. Vanuatu ya perdió el acceso sin visa en 2024, y en junio de este año la Comisión Europea intimó a las cinco islas del Caribe a cerrar sus programas antes de junio de 2028 o despedirse de Schengen. Mientras el mundo cierra la persiana, la Argentina abre el local. Y si Bruselas decide aplicar la norma, el que pagará la visa no será el millonario que compró el pasaporte, sino los 46 millones de argentinos que lo tienen gratis.

La ventana abierta y el apuro por pasar antes de que la cierren

Hoy los extranjeros tienen unos 13,3 millones de hectáreas rurales, cerca del 5% del territorio, según los datos del Registro Nacional de Tierras Rurales. La cifra parece modesta frente al techo del 15% que fijaba la ley, y ese es justamente el argumento oficial: si no se llenaba el cupo, para qué tenerlo. El promedio esconde la geografía. Según el Observatorio de Tierras, en 36 municipios la extranjerización ya superaba el 15%, y en cuatro, Lácar, General Lamadrid, Molinos y San Carlos, pasaba la mitad.

Los mayores tenedores son capitales de Estados Unidos, con 2,7 millones de hectáreas; Italia, con dos millones; España, con 1,7, y una categoría que debería inquietar a cualquier organismo de control: 2,2 millones de hectáreas en manos de sociedades radicadas en paraísos fiscales. En la Patagonia, el Grupo Benetton acumula unas 920.000 hectáreas, y el británico Joe Lewis, el de Lago Escondido, unas 38.000 en Río Negro.

Con la ley todavía vigente en los papeles, la gestión de Milei ya había firmado 111 certificados de compra para extranjeros: 35 en 2024, 29 en 2025 y 47 en los primeros ocho meses de 2026, la mayoría en los valles de Tunuyán, San Rafael y Tupungato, en Mendoza. La curva subía antes del fallo.

Ahí está el verdadero apuro. El viernes 2 de octubre, el mismo día del anuncio en París, los diputados de Encuentro Federal Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot presentaron una cautelar ante el juez Enrique Alonso Regueira, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 1, para suspender el artículo 154. Su argumento es simple: no había ninguna emergencia que impidiera al Congreso legislar, y cada compra que se cierre mientras dure el limbo puede consolidarse como un derecho adquirido, aunque la ley vuelva.

Por eso piden, como alternativa, que se preserve la base de datos del Registro, que el Gobierno informe mes a mes las adquisiciones de extranjeros desde el fallo y que se publique un aviso advirtiendo que la cuestión está en litigio. Pichetto, que no suele ser sospechado de antiliberal, desafió al Gobierno: si de verdad quiere defender la soberanía, que restituya la ley y derogue el artículo 154.

La otra puerta es el Congreso. La oposición convocó a una sesión especial para el jueves 15 de octubre, a las 14, con el objetivo de rechazar el DNU 70 completo. Si Diputados lo rechaza, como ya hizo el Senado, el decreto cae entero y la Ley de Tierras vuelve a regir. Hacen falta 129 diputados para el quórum y la mayoría simple para voltearlo. El conteo opositor llega a unos 110: los 92 de Unión por la Patria, la izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y parte de Provincias Unidas. Los 15 votos que faltan están en manos de los gobernadores: Martín Llaryora, Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil, Maximiliano Pullaro, Carlos Sadir, Ignacio Torres y Rolando Figueroa. Cinco de ellos, Sáenz, Jalil, Sadir, Figueroa y Torres, viajaron a París con Milei y estuvieron en la Argentina Week, donde Caputo le puso precio al pasaporte. Los mismos que, en agosto, frenaron la reforma en el Senado y que ahora tendrán que decidir si la soberanía les importa también en la Cámara baja. En el Senado, José Mayans, Juliana Di Tullio y Fernando Salino presentaron un proyecto para restituir la ley de 2011.

El tono de la oposición subió varios grados. Axel Kicillof habló de “una decisión gravísima que afecta la soberanía nacional”. Germán Martínez fue más gráfico: “Hoy, gracias a la Corte de Milei, la tierra de los argentinos puede ser vendida sin límite a extranjeros”. Y Mariano Recalde anticipó calle: “Si no alcanzó con una enorme movilización, vamos a tener que hacer dos”, en referencia a la marcha del 6 de agosto frente al Congreso.

Precio de lista, letra chica

Puesto en fila, el patrón no varía. Se anuncia un programa "alineado con estándares OCDE y GAFI", y el GAFI lleva años advirtiendo que estos programas son una autopista para el lavado. Se promete transparencia, y el asesor es una sociedad sin domicilio conocido que llegó sin licitación después de que se cayera el concurso en el que había ofertado diez dólares por pasaporte. Se presenta una lista de precios, y la lista no figura en ninguna norma. Se invoca un decreto, y la Justicia Electoral ya le anuló la pieza que le da a Migraciones la lapicera para firmar los pasaportes, en un fallo que el Gobierno espera dar vuelta en la Corte.

Se celebra la "integración internacional", y la Unión Europea aprobó en noviembre una regla que le permite suspender la exención de visa a los países que venden ciudadanías a quienes no tienen ningún vínculo con ellos. Se habla de soberanía, y la tierra se vende sin techo desde el martes, mientras el pasaporte garantiza que ningún techo futuro alcance al comprador.

El Gobierno dice que no vende la ciudadanía sino que atrae inversiones. El problema es que el aporte principal es una donación sin contraprestación productiva alguna: no hay que crear un empleo, ni radicarse, ni mantener nada. Se paga, se aprueba y se viaja. Lo único que se lleva el comprador, además de un documento que abre más de 140 fronteras y la puerta de entrada a todo el Mercosur, es la posibilidad de quedarse con lo que quiera de un territorio que acaba de quedar sin límites. Promoción 2x1, como en el supermercado.

El 15 de octubre, los diputados tendrán la oportunidad de cerrar al menos una de las dos puertas. La otra, la del pasaporte, depende de que alguien en la Corte, en el Congreso o en Bruselas se tome en serio lo que el propio Caputo dijo sin pudor en París: que el pasaporte argentino cotiza. Habrá que ver cuánto vale después de que lo pongan en oferta.

Mauro Federico e Ivy Cángaro  
Fuente: https://www.dataclave.com.ar/picado-fino/ciudadania-en-venta-y-la-oferta-de-2x1--si-compras-tierras---te-regalan-el-pasaporte-_a6ac0f13b7ffcd3ad75253235