El 18 de marzo de 2026, el Boletín Oficial publicó la Resolución Conjunta 1/2026. La misma tiene tres artículos y la firman el ministro de Salud, Mario Lugones; el de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), Carlos María Gallo. El primero deroga las pautas que, desde 2012, le pedían al INPI rechazar las patentes de medicamentos que no aportan nada nuevo. Ese mismo día, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que no firmó la norma, la celebró como "una mejora trascendental en el respeto de la propiedad intelectual". Según dijo, hasta entonces había sido "muy difícil (sino imposible)" obtener la patente de un medicamento en la Argentina. 

La frase tenía un problema. De las 3.199 solicitudes de patentes farmacéuticas presentadas desde 2012, se rechazaron alrededor del 60%. Es decir, cuatro de cada diez se concedían. Lo que las pautas frenaban no eran los medicamentos nuevos, sino otra cosa.

Tampoco era la primera vez que Sturzenegger empujaba la derogación. En abril de 2025, casi un año antes, su ministerio había redactado un borrador de decreto con el mismo objetivo, que se trabó en el despacho de Lugones, cercano a los laboratorios nacionales. Lo que destrabó el trámite no fue un debate en el Congreso ni un estudio sanitario. Fue el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos firmado con Estados Unidos el 5 de febrero de 2026, cuyo artículo 1.10 obligaba a la Argentina a derogar, con número y fecha, esas mismas resoluciones.

“Se imaginan ustedes un escenario en el que, si el PCT llega a estar en vigencia, nos llenemos de monopolios en favor de las empresas internacionales y estemos dependiendo de esa tecnología que tenemos que comprar en dólares”, advirtió Lorena Di Giano, directora ejecutiva de la Fundación GEP, una organización que desde hace años se opone en el INPI a las patentes que considera abusivas. La derogación de marzo fue el primer movimiento. El Tratado de Patentes que espera en el Senado es el segundo. Detrás de ambos hay un ministro que defiende las mismas reglas que favorecen a los dueños del capital global, y un país que cumple, inciso por inciso, una agenda ajena.

El ministro, sus inversiones personales y los intereses de sus amigos

El 9 de junio de 2026, Sturzenegger presentó ante la Oficina Anticorrupción su declaración jurada patrimonial correspondiente al ejercicio 2025. Su patrimonio pasó de $2.355.488.030 a $3.641.216.462 en un año. Casi todo ese salto está en dos fondos cotizados en Londres y administrados por BlackRock, la mayor gestora de inversiones del mundo: iShares Core S&P 500 (CSPX) e iShares Nasdaq 100 (CNDX). Entre ambos pasaron de unos $1.424 millones a más de $2.370 millones. Solo el primero vale cerca de USD 900.000, y los fondos del exterior representan el 76% de sus inversiones financieras. El ministro que pide confianza en la economía argentina tiene sus ahorros en el índice bursátil de Estados Unidos.

Esos fondos replican a las 500 empresas más grandes que cotizan en Wall Street, y entre ellas están las farmacéuticas que más ganan con las patentes. Eli Lilly, Johnson & Johnson, AbbVie y Merck suman el 3,6% del S&P 500. A su vez, BlackRock tiene entre el 6% y el 7,6% de las acciones de Lilly, Pfizer, Merck, Johnson & Johnson y AbbVie: es, en casi todas, el segundo o tercer accionista, detrás de Vanguard.

Si se hace la cuenta sobre los USD 900.000 del fondo principal, la porción del ministro invertida en esas cuatro farmacéuticas ronda los USD 32.000. Y el mercado argentino de medicamentos, de unos USD 8.000 millones al año, es apenas una fracción mínima del negocio global de esas compañías. Ninguna resolución del INPI va a cambiar el saldo de su cuenta en Londres. No hace falta que lo haga, porque no es una cifra que le cambie la vida, pero la codicia suele no tener techo, y el sentido de pertenencia a un sector privilegiado del universo empresarial pesa a la hora de tomar decisiones que no siempre son, evidentemente, financieras.

Lo que una declaración jurada muestra no es solo cuánto tiene un funcionario, sino de qué lado del mostrador está parado. El patrimonio de Sturzenegger crece con la renta de las grandes corporaciones globales. Las patentes son, precisamente, una de las formas más rentables de esa renta: un monopolio legal que convierte el conocimiento en precio. Quien vive de esos rendimientos y quien hace la fila en el hospital público para retirar su tratamiento contra el VIH no miran una patente de la misma manera. La pregunta no es si el ministro gana con cada medida. La pregunta es para quién gobierna quien comparte los intereses de los que ganan, y cuántos otros, en la misma posición, empujan en la misma dirección.

Hay señales de que no está solo. En abril de 2026, la discusión estalló en un grupo de WhatsApp de la Red de Acción Política (RAP), una organización apartidaria fundada por Alan Clutterbuck que reúne a empresarios, lobbistas y funcionarios, según reconstruyó La Nación. Ahí estaba Alejandro Cacace, secretario de Desregulación y el funcionario que trabajó con Sturzenegger en la derogación. Cuando Marcelo Figueiras, dueño de Laboratorios Richmond, compartió una nota que cuestionaba la medida, Cacace le respondió que mirara a India, donde, según él, se respeta la propiedad intelectual y los precios son más bajos.

Admitió que no debía haber “réplica automática” de las patentes estadounidenses, pero dejó a la vista el motivo de fondo: “Sí hay casos también en que algo es patentado en todo el mundo (Estados Unidos, Europa, India) y negarlo acá nos hace ver como que no respetamos la propiedad intelectual. Y por eso nos tienen hace años en el Informe 301 como los chicos malos en la Priority Watch List”. El productor ganadero Miguel de Larminat fue más lejos: “La realidad que la prensa cuidadosamente omite es que los medicamentos en la Argentina sean de marca o genéricos, están entre 3 y 15 veces más caros que en los países en donde rigen las patentes… Raro, ¿no?”. Hasta Luciano Viglione, director de Asuntos Públicos de Bayer, advirtió que no sería bueno “que nos pasáramos de mambo estableciendo un sistema de evergreening eterno”. La política de patentes se discutía entre empresarios y funcionarios, sin la voz de un solo paciente.

Hay, además, una contradicción que el ministro no explicó. Sturzenegger se presentó como el enemigo de los laboratorios nacionales, a los que acusa de cobrar los medicamentos hasta tres veces más caros que en el exterior, y promovió importar genéricos de India para bajar precios. Al mismo tiempo, impulsa las patentes que demoran, durante años, la llegada de esos mismos genéricos. No abre la competencia: cambia de monopolio.

No es la primera vez que una decisión del ministro coincide con un interés cercano. Como publicó Data Clave el 31 de agosto, un edicto del Boletín Oficial le adjudica desde 2022 el 5% de Garabí Maderas S.R.L., una maderera de Corrientes que no figura en ninguna de las nueve páginas de su declaración jurada. En julio de 2026, en un foro empresario en Paraná, Sturzenegger pidió tierra para la industria forestal. Al día siguiente, Javier Milei firmó el decreto de desregulación de la navegación fluvial que el ministro había anunciado desde el escenario. Ninguno de estos hechos, tomado por separado, prueba que haya decidido en beneficio propio. Juntos dibujan un patrón: el de un funcionario cuyos intereses privados y cuyas desregulaciones caminan, una y otra vez, en la misma dirección.

Un gobierno argentino que responde al mandato estadounidense

Si la cartera del ministro muestra de qué lado está, el calendario de 2026 muestra para quién trabaja el Gobierno. Cada paso en materia de patentes coincide con un inciso de un documento redactado en Washington.

El 5 de febrero, la Argentina y Estados Unidos firmaron el acuerdo comercial, cuyo artículo 1.10 obliga al país a "resolver plenamente" los reclamos del Informe Especial 301. Seis semanas después, el 18 de marzo, el Gobierno derogó por resolución las pautas de patentabilidad de 2012, tal como exigía el inciso (a) de ese artículo. La recompensa llegó el 30 de abril: Estados Unidos sacó a la Argentina de la Lista de Vigilancia Prioritaria de su Informe 301, donde estaba desde hacía más de una década, y mencionó la derogación entre los motivos. La cámara de las multinacionales farmacéuticas, CAEME, lo celebró como una señal positiva.

El 19 de junio, el INPI derogó las restricciones a las patentes biotecnológicas, la otra norma que el acuerdo mandaba eliminar. El 27 de agosto, la Cámara de Diputados aprobó la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes, cuya presentación en el Congreso exigía el artículo 1.9. Una semana después, el 4 de septiembre, en un foro sobre minerales críticos organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos y AmCham, la número dos de la Embajada de Estados Unidos, Heidi Gómez Rápalo, pidió que el Congreso avanzara con la aprobación del acuerdo comercial y con la adhesión al tratado de patentes.

En el mismo foro habló Neil Herrington, vicepresidente senior de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que había viajado al país. El próximo hito ya está anunciado: fuentes oficiales en Washington confirmaron que el vicepresidente JD Vance visitará la Argentina en noviembre para reunirse con Milei. La incógnita es si el Congreso llegará a esa fecha con el tratado aprobado.

El Informe Especial 301 merece una explicación, porque es la herramienta que ordena todo. Lo elabora cada año la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), el organismo que negocia los acuerdos comerciales de ese país. El informe clasifica a los demás países según cuánto protegen la propiedad intelectual de las empresas estadounidenses, y estar en sus listas expone a represalias comerciales. Durante años, Washington señaló las pautas argentinas de 2012 como un obstáculo. En 2026, el Gobierno argentino las borró.

Hay un detalle que vuelve todo más grave: el acuerdo comercial todavía no pasó por el Congreso. El Ministerio de Desregulación retiene su envío a la espera de definiciones arancelarias de Estados Unidos. El Gobierno ya aplica, por resolución, compromisos de un tratado que ningún legislador votó.

Y la contraparte es cada vez más difusa. En abril, un diputado opositor le dijo a La Política Online que en la propia Cancillería de Pablo Quirno no querían darle relevancia al acuerdo porque “eso quedó en abstracto después de lo que pasó con la Corte Suprema y los aranceles”, en referencia a los fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre los aranceles de Donald Trump. Lo que Argentina entrega es concreto y ya está vigente. Lo que recibe a cambio, todavía nadie lo puede precisar.

En esa ecuación, Sturzenegger no es un actor más. Fue su ministerio el que redactó el borrador de la derogación en 2025 y el que hoy maneja el paquete del acuerdo con Estados Unidos. Su secretario, Cacace, fue quien explicó en público la reserva que destrabó el tratado en Diputados. El ministro que tiene sus ahorros en Wall Street es también el que ejecuta, con más entusiasmo que nadie, la agenda de Wall Street en la Argentina.

Lo que se hizo sin pasar por el Congreso

Para entender qué se derogó, primero hay que entender quién decide. El INPI es el organismo del Estado nacional que examina cada solicitud de patente y resuelve si se concede o no. Hasta julio de 2025 era un organismo descentralizado, con personería jurídica propia. Ese mes, el Decreto 462/2025 lo convirtió en un organismo desconcentrado de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía: perdió esa autonomía y quedó subordinado jerárquicamente al poder político, ocho meses antes de que se le pidiera abrir la puerta a las patentes que durante más de una década había rechazado. Una patente le da a su titular un monopolio de 20 años: durante ese tiempo, nadie más puede fabricar ni vender el producto. En medicamentos, eso significa que no puede haber genéricos y que el precio lo fija una sola empresa.

En 2012, los ministerios de Industria y de Salud y el INPI firmaron una resolución conjunta con pautas para examinar las patentes químico-farmacéuticas. Esas pautas le pedían al examinador rechazar las solicitudes que no aportan una invención real: una nueva forma cristalina de una molécula conocida, una sal distinta, una combinación de dos drogas que ya existían, una dosis diferente o un segundo uso de un fármaco viejo. Es la técnica que en la industria se conoce como evergreening: patentar como "nuevo" un medicamento existente, con cambios mínimos, para estirar el monopolio más allá de los 20 años.

Las pautas funcionaban. Según un trabajo de Ken Shadlen, profesor de la London School of Economics, publicado por el South Centre en 2024 y citado por Médicos Sin Fronteras, la probabilidad de que se concediera una patente secundaria en la Argentina cayó de cerca del 70% a cerca del 16% después de 2012.

Desde el 18 de marzo, ese filtro ya no existe. Cada solicitud se examina solo con los requisitos generales de la Ley de Patentes: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. La resolución incluye una sola protección: los nuevos titulares no pueden frenar la venta de los productos que ya estaban en el mercado. Por eso el golpe no se ve hoy en la farmacia. Llegará con los genéricos que ya no podrán lanzarse.

El comunicado oficial del INPI no ocultó el origen de la medida: la ató al acuerdo con Estados Unidos y al Informe 301 del gobierno estadounidense. El 19 de junio llegó la segunda pieza. La Resolución INPI 197/2026 derogó la 283/2015, que restringía las patentes biotecnológicas, la otra norma cuya derogación exigía el acuerdo. Las dos medidas se tomaron por resolución administrativa, sin debate parlamentario.

El tratado que espera el Senado

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes lo administra la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el organismo de Naciones Unidas que se ocupa de patentes, marcas y derechos de autor. El tratado no concede patentes: cada país sigue decidiendo con su propia ley. Lo que hace es simplificar el camino de quien quiere patentar en muchos países a la vez. Con una sola solicitud internacional, la empresa gana hasta 30 meses para decidir en qué países avanza. Sin el tratado, tiene 12.

La Argentina firmó el tratado en 1970 y nunca lo ratificó. El Senado lo aprobó en 1998, pero el proyecto durmió en Diputados durante 28 años, hasta que el acuerdo comercial con Estados Unidos le puso fecha: el Gobierno debía enviarlo al Congreso antes del 30 de abril de 2026. Diputados lo aprobó el 27 de agosto, por 147 votos contra 93, con un cambio: una reserva sobre el Capítulo II. Por eso el proyecto volvió al Senado.

El Capítulo II prevé un examen preliminar internacional: un dictamen no vinculante, emitido por una oficina extranjera, que el solicitante puede presentar ante el INPI como antecedente favorable. Los laboratorios nacionales, encabezados por la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), advirtieron que ese capítulo facilitaría el patentamiento de las multinacionales en el mercado local y perjudicaría la producción de genéricos. Las cámaras nacionales estimaron un perjuicio de US$3.300 millones si se aprobaba el texto original. Por otro lado, el director ejecutivo de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), que agrupa a las multinacionales, Carlos Escobar Herrán, envió en abril una carta a todos los diputados para defender el tratado completo.

Recordó que Uruguay es “el único Estado parte, entre los 158 estados signatarios, que mantiene una reserva sobre el Capítulo II”. En la misma línea escribieron AmCham y la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Ganó la industria nacional: la reserva se incorporó en el dictamen de comisión del 12 de mayo. “Incorporamos la reserva sobre el Capítulo II porque había una resistencia de la industria farmacéutica local”, admitió Cacace. CILFA celebró que la reserva permitía “limitar los efectos adversos sobre la competencia, incluyendo la salud pública y la industria y empleo nacional”. CAEME respondió que “las patentes no se otorgan de manera automática ni pueden extenderse simplemente por presentar una nueva solicitud”.

La reserva no desactiva el riesgo de fondo. Un estudio global de Bhaven Sampat, publicado en 2017 por el National Bureau of Economic Research (NBER) de Estados Unidos, encontró que de 2.964 solicitudes de patentes farmacéuticas secundarias presentadas en el mundo, solo 533 (el 18%) llegaron a la Argentina. Hoy el plazo de 12 meses y el costo de presentar en cada país funcionan como filtro. Con el tratado, ese filtro se afloja justo cuando el INPI ya no tiene las pautas de 2012 para frenar las patentes abusivas, y cuando tarda en promedio cinco años en conceder una patente. La fundación lo llama una “avalancha” de solicitudes que terminará en monopolios.

El plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Industria y Comercio del Senado, que debía dictaminar el miércoles 23 de septiembre, se suspendió por falta de quórum. Todavía no hay fecha nueva. El Gobierno dice que tiene los votos y apunta a octubre.

Lo que se firmó con Washington

Conviene tener claros los tres protagonistas de esta historia. El acuerdo comercial, cuyo nombre oficial es Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos, es el tratado bilateral que la Argentina y Estados Unidos firmaron el 5 de febrero de 2026: a cambio de un trato arancelario preferencial para algunos productos argentinos, el país se compromete a bajar sus propios aranceles y a cambiar normas en salud, propiedad intelectual, aduanas y comercio digital.

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes es el acuerdo internacional que simplifica la presentación de patentes en muchos países a la vez y que hoy espera en el Senado; adherir a él es uno de los compromisos del acuerdo comercial. Y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) es la agencia de la Casa Blanca que negoció el acuerdo, publicó su texto oficial y elabora cada año el Informe Especial 301.

La derogación de las pautas y el tratado de patentes son las piezas más visibles, pero el acuerdo va más lejos. Estos son los puntos que tocan a la salud, según el texto oficial publicado por la USTR.

La ANMAT y la FDA

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) es el organismo que autoriza la venta de cada medicamento en la Argentina después de controlar su calidad, su seguridad y su eficacia. Su par estadounidense es la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). El artículo 1.3 del acuerdo establece que la Argentina aceptará la autorización de la FDA como "evidencia suficiente" para registrar los medicamentos fabricados en Estados Unidos, sin reinspecciones periódicas salvo "riesgos significativos". Desde 1992 ya existía un registro abreviado para productos de países de alta vigilancia sanitaria. Lo nuevo es que, para los productos estadounidenses, la decisión de la FDA pasa a valer por sí sola.

Los datos de los ensayos clínicos

Para aprobar un medicamento, el laboratorio que lo crea presenta los resultados de los ensayos clínicos, hechos con miles de pacientes voluntarios. Hoy, quien fabrica un genérico puede registrarlo demostrando que es equivalente, sin repetir esos estudios. El inciso (b) del artículo 1.10 compromete a la Argentina a elaborar un informe sobre la factibilidad de un régimen de protección de esos datos, "compatible" con los artículos 20.45 y 20.48 del tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC). Esos artículos fijan al menos cinco años de exclusividad para los medicamentos y diez para los agroquímicos. La fundación advierte que, si ese régimen se aplica, habrá monopolios incluso sobre medicamentos sin patente: el genérico no podrá usar la información científica generada "con la participación y el cuerpo de las personas". Por ahora es un estudio, no una obligación. Pero el modelo ya está escrito.

La aduana

El inciso (d) pide dar a la aduana, que hoy depende de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), "facultades de oficio" sobre la mercadería en tránsito. Es decir, que pueda retener productos sin que nadie lo pida. Hoy el Código Aduanero solo le permite actuar de oficio ante marcas evidentemente falsificadas: para el resto, el titular del derecho tiene que pedirle una medida cautelar a un juez. El acuerdo no menciona patentes ni medicamentos, pero el antecedente preocupa. Entre 2008 y 2009, la aduana de Países Bajos retuvo cargamentos de genéricos fabricados en India que iban a América Latina yÁfrica, por supuestas infracciones a patentes vigentes en Europa, aunque no en el país de destino. Todo dependerá de cómo se reglamente.

Patentes más largas

El acuerdo obliga a evaluar si es legalmente posible extender el plazo de las patentes cuando el INPI demora su trámite de manera "irrazonable". Con un plazo promedio de cinco años para conceder una patente, esa cláusula podría estirar monopolios más allá de los 20 años. Casi nadie habló de ella.

Lo que cuesta

La diferencia entre un monopolio y la competencia se puede medir. La Fundación GEP comparó lo que pagaron en 2024 los Estados argentino y brasileño por el mismo tratamiento contra el VIH. Brasil tenía vigente la patente de dolutegravir y la Argentina no. Por la combinación de tenofovir, lamivudina y dolutegravir, Brasil pagó USD 936,05 por persona por año. La Argentina, con producción de genéricos, pagó USD 126,72: siete veces menos. Por la combinación de dolutegravir y lamivudina, Brasil pagó USD 2.823,11 y la Argentina, USD 358,85.

El caso de la hepatitis C es todavía más elocuente. El sofosbuvir, la droga que la cura, salió al mercado estadounidense con un precio de USD 84.000 por un tratamiento de doce semanas. En la Argentina, el genérico local cuesta USD 199, y según estimaciones de la Universidad de Liverpool y de Médicos Sin Fronteras, producirlo cuesta apenas USD 62. Ese genérico existe porque el INPI rechazó las patentes que reclamaba la multinacional Gilead, después de las oposiciones presentadas por la fundación.

Solo el rechazo de las patentes sobre cuatro medicamentos, a partir de las oposiciones de la fundación, generó un ahorro cercano a los USD 630 millones en los últimos diez años. Y, según datos del sector industrial, la producción nacional de biosimilares y otros medicamentos de alta complejidad ahorra unos USD 2.089 millones por año. Ese ahorro no es solo del Estado: lo aprovechan los hospitales públicos, las obras sociales, las prepagas y los pacientes que pagan de su bolsillo.

El Gobierno responde con su propio número. Un informe del Ministerio de Desregulación, difundido el 25 de agosto, comparó 17 principios activos y concluyó que en la Argentina cuestan una mediana de 3,1 veces más que en el exterior. El diagnóstico tiene algo de cierto: en las farmacias, muchos genéricos cuestan casi lo mismo que la marca original. Pero los ejemplos del propio informe, como la levotiroxina, la atorvastatina o la metformina, son medicamentos viejos y sin patente. Más patentes no los van a abaratar. CILFA, además, recuerda que los impuestos explican cerca del 34% del precio final.

La fundación rechaza tanto el acuerdo comercial como la adhesión al tratado de patentes, y lanzó la campaña #UnEscudoParaLaSalud para pedirle al Senado que priorice “el derecho constitucional a la salud por sobre los intereses corporativos”. Aclara que no se trata de oponerse al comercio internacional, sino de “resguardar la sustentabilidad del sistema de salud local, defender la ciencia argentina y proteger a los pacientes frente al abuso de los monopolios extranjeros”.

Quiénes pagan la cuenta

"El médico quiere que tome los remedios, pero no me alcanza. Tomo un mes y el otro no." La frase es de una jubilada con cáncer que habló en la calle con un medio pampeano en mayo de este año. No dio su nombre. No hacía falta: su situación es la de millones.

Las patentes van a encarecer los medicamentos justo cuando el Estado se retira de su provisión. En diciembre de 2024, el PAMI, la obra social de los jubilados y pensionados, recortó el programa Vivir Mejor, que desde 2020 entregaba sin cargo 170 principios activos a todos sus afiliados. Desde entonces, la cobertura total quedó solo para quienes cobran menos de 1,5 haberes mínimos, no tienen prepaga, no tienen más de una propiedad ni un auto de menos de diez años, y hacen el trámite. Según el propio informe de gestión que el Gobierno presentó al Congreso, 2,2 millones de afiliados perdieron la cobertura automática del 100%, y 1,6 millones de ellos consumían esos medicamentos de manera regular. La Justicia federal ordenó restituir el programa. En marzo de 2026, el PAMI anunció que volvía la cobertura total, pero con los mismos requisitos de ingresos y bienes, y los jueces lo consideran un incumplimiento: dos funcionarios del organismo, entre ellos su director Esteban Leguizamo, fueron imputados por desobediencia judicial.

La cuenta de la Defensoría de la Tercera Edad es directa. En marzo de 2026, la canasta básica de un jubilado era de $1.824.682, y solo los medicamentos se llevaban $503.600, el 28%. Ese mes, la jubilación mínima con bono era de $450.286. Es decir: un jubilado con la mínima no podía pagar ni siquiera los remedios. En octubre, el haber mínimo es de $435.748,51, más un bono de $70.000 congelado desde marzo de 2024.

Los que no tienen obra social también perdieron. El programa Remediar, que durante 24 años entregó medicamentos gratuitos en los centros de salud del primer nivel, pasó de 79 medicamentos a 30 en mayo, a 16 en junio y a solo 3 en septiembre, únicamente para cardiopatías isquémicas y enfermedad cerebrovascular, según informó el Consejo Federal de Salud (COFESA). Quedaron afuera antibióticos, analgésicos, corticoides, psicotrópicos, anticonvulsivos y tratamientos ginecológicos. Según el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), la distribución de Remediar ya había caído un 58%.

Para las personas con discapacidad, el ajuste llegó por varias vías. Las pensiones por discapacidad perdieron el 13,9% de su valor real solo en 2024, y las auditorías del Gobierno suspendieron 65.789 pensiones. El presupuesto de Incluir Salud, el programa que cubre la atención médica y los medicamentos de quienes cobran esas pensiones, es un 19% menor que en 2023, y las instituciones denuncian faltantes de medicamentos e insumos desde noviembre de 2025. El Congreso tuvo que insistir con dos tercios en la Ley de Emergencia en Discapacidad, que Milei había vetado, y fue un juez el que obligó a aplicarla.

Todo esto ocurre en un país que se empobrece otra vez. Según el INDEC, la pobreza subió al 32,3% en el primer semestre de 2026, 4,1 puntos más que en el semestre anterior: son 15,5 millones de personas. La desocupación llegó al 7,9% en el segundo trimestre, el nivel más alto desde 2021, y la informalidad, al 45%. Menos trabajo registrado significa menos gente con obra social, y más gente que depende del hospital público y de los programas que el Estado está cerrando.

En ese escenario, el precio de un medicamento con patente se mide mejor en jubilaciones que en dólares. Al tipo de cambio oficial del 1 de octubre ($1.545), el tratamiento anual contra el VIH con dolutegravir y lamivudina que Brasil paga con patente equivale a $4,36 millones: 8,6 jubilaciones mínimas con bono. El mismo tratamiento, con genéricos argentinos, cuesta $554.000, poco más de una. Esos tratamientos los paga el Estado, el mismo que recorta en todo lo demás. Y si la Argentina pagara el sofosbuvir contra la hepatitis C al precio con el que se lanzó en Estados Unidos, cada tratamiento costaría unos $130 millones: más de 250 jubilaciones mínimas por paciente.

El costo de las decisiones de 2026 no va a aparecer en el ticket de ninguna farmacia este año. Va a aparecer dentro de cinco o diez, cuando un genérico que pudo existir no exista, cuando el Estado pague en dólares lo que antes producía en pesos y cuando más jubilados tengan que tomar sus remedios un mes sí y otro no. Para entonces, la resolución tendrá años, el tratado estará vigente y los fondos de Londres habrán seguido rindiendo. Lo que la declaración jurada del ministro no explica, su gestión lo va dejando a la vista: hay un modelo de país en el que el conocimiento es propiedad y la salud es mercado. Y hay funcionarios que, en lo público y en lo privado, están del mismo lado.

Mauro Federico e Ivy Cángaro   
Fuente: https://www.dataclave.com.ar/poder/sturzenegger-y-patentes--el-ministro-abre-la-puerta-a-monopolios-farmaceuticos-con-una-agenda-escrita-en-washington_a6ac570a138583b0d5bccd1d6