El 22 de octubre, en la Cancillería, Christopher Landau y Pablo Quirno se sacaron la foto de rigor, ese género diplomático en el que dos hombres sostienen carpetas que nadie va a leer. Las carpetas eran cuatro. Una para la ciberseguridad, otra para el narcotráfico, una tercera para la trata de menores y la última, la más gorda, para un corredor que promete unir los salares del norte y Vaca Muerta con los puertos del Atlántico. Los comunicados hablaron de socios estratégicos, de confianza mutua, de una nueva era. La letra chica habla de otra cosa. 

Leída con paciencia, cada carpeta dice lo mismo con distinto vocabulario. Argentina acepta. Argentina paga. Y Argentina mira, con la cortesía de quien presta la casa para una fiesta que organiza otro, cómo un contratista elegido en Washington, una oficina del Departamento de Estado o una ONG estadounidense deciden quién hace qué, con qué plata y bajo qué control. El dinero estadounidense se anunció como un aguacero y llegará, si llega, como llovizna: sujeto a disponibilidad de fondos. El argentino no figuró en ningún pronóstico, pero ya corre, caudaloso y sin compuertas.

La suma de lo que Washington pone en efectivo en los tres primeros paquetes no llega a US$40 millones, repartidos en tres y cinco años, sujetos a disponibilidad de fondos y administrados por manos estadounidenses. El cuarto, el de los US$7.000 millones, no es una donación ni una inversión: es un crédito para comprarle a empresas de los Estados Unidos.

Del otro lado de la balanza, la Argentina pone el hardware, las licencias, los sueldos de sus fuerzas, el personal de sus ministerios, las oficinas para una ONG extranjera, la garantía soberana de obras que diseñan privados y la deuda. A la mesa de los anuncios se sentaba Juan Pablo Segura, que funge de subsecretario para el Hemisferio Occidental y, a ratos, de viajante del catálogo familiar. Es hijo de Enrique Segura, dueño de Securiport, la empresa que le había hecho llegar a Javier Milei, por intermedio de Mauricio Novelli, una propuesta de negocio de hasta US$2.500 millones. A su lado, Landau, 62 años, veinticuatro más que su acompañante y número dos de Marco Rubio. Vistos en yunta —Segura, delgado y frágil, con un aire de desnutrición que ningún cargo alcanzó a curar; Landau, grandote y forzudo, de los que ocupan la puerta entera—, parecen el antes y el después de la vieja publicidad de Charles Atlas.

En línea con lo que reveló Data Clave el domingo pasado, a ello se le suma el inventario de lo que se firmó, de lo que cuesta y de quiénes se acomodan alrededor.

Vigilantes vigilados

El anuncio prometió US$15 millones no reembolsables para un centro de operaciones de ciberseguridad, que funcionaría en la sede de ARSAT en Benavídez, y una evaluación de la red troncal de internet de la empresa estatal para detectar lo que el comunicado llamó, con pudor de manual, "equipamiento de proveedores no confiables". La convocatoria que el Departamento de Estado había publicado el 10 de septiembre dice otra cosa, o mejor dicho, dice menos: US$13,9 millones, financiados con Fondos de Apoyo Económico de 2024 y 2025, sujetos a disponibilidad y a repartir en tres años. Y aclara en qué: unos US$5 millones para diseñar los sistemas de vigilancia y unos US$4,6 millones para formar analistas e ingenieros. Los equipos, las licencias y la operación del centro corren por cuenta de la Argentina.

Washington solo financiará compras "limitadas, caso por caso". La convocatoria advierte, incluso, que los postulantes no deben dar por asegurado el aporte argentino. Es decir: la parte que paga la Argentina es la única que nadie garantiza.

El programa lo diseñó la Oficina de Seguridad de Infraestructura Crítica, dentro del Buró de Amenazas Emergentes del Departamento de Estado, y tiene cuatro fases que se leen como un manual de ocupación amable. Evaluación, del mes uno al seis: relevar redes, sistemas y centros de datos del Estado argentino. Construcción, del siete al dieciocho. Operación, del diecinueve al treinta. Y traspaso, del treinta y uno al treinta y seis, con capacitación del tipo "train-the-trainer": el contratista entrena a los argentinos que luego entrenarán a otros argentinos en el sistema que diseñó el contratista. Durante seis meses, un tercero elegido en Washington tendrá el mapa completo de la infraestructura digital del Estado. Después, el centro. Tampoco es la Argentina quien elige a ese tercero.

La convocatoria adjudica un único acuerdo, que firman el Departamento de Estado y la entidad ganadora. El Gobierno figura como beneficiario: recibirá el centro a los 36 meses, ya diseñado, cableado y entrenado a gusto de quien lo pagó a medias. Antes del cierre, el 16 de octubre, hicieron consultas PwC Argentina, la Pan American Development Foundation, la George Mason University y el Pacific Northwest National Laboratory, uno de los laboratorios nacionales del Departamento de Energía estadounidense. Los trabajos empiezan el 16 de noviembre.

Del lado argentino, la contraparte es el Centro Nacional de Ciberseguridad, creado por el Decreto 941/2025 bajo la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete, que conduce Diego Santilli y donde en agosto desembarcó como secretaria Adriana Baravalle. Ahí los cambios llegaron antes que la plata. Ariel Waissbein, el hombre que Santiago Caputo había llevado a la SIDE en 2024, y Ezequiel Gutesman dejaron la conducción del organismo el 19 y 20 de octubre: tres días después del cierre de la convocatoria y dos antes del anuncio. Los reemplazó Walter Agüero. El organismo que debía recibir el centro cambió de dueño político mientras el centro se licitaba. En la pulseada entre Karina Milei y Caputo, la ciberseguridad fue una casilla más del tablero.

El texto oficial no se esconde: el objetivo es retirar, aislar o neutralizar los equipos de origen chino de las redes estatales, en un orden que minimice las interrupciones, empezando por los de Huawei en el núcleo. La empresa figura en la lista de equipos de riesgo de la Comisión Federal de Comunicaciones estadounidense desde 2021; la Embajada china rechazó las acusaciones y defendió su historial. El embajador Peter Lamelas, que no pierde ocasión de opinar sobre los proveedores ajenos, ya había cuestionado el uso de tecnología china en el país. El recambio alcanza también las provincias: la participación de Huawei en proyectos de conectividad en Neuquén, a través de la cooperativa CALF, quedó bajo la lupa.

Es una operación de sustitución de proveedores con un detalle contable encantador: el diagnóstico lo paga Washington y el recambio, Buenos Aires. ARSAT prepara una licitación pública internacional de US$49 millones, con un préstamo del BID atado a la agenda del corredor, para reemplazar equipos de sus redes ópticas y de datos y ampliar su capacidad. Y en el mismo rubro, Metrotel, propiedad de los fondos estadounidenses Riverwood y Blackstone, se encamina a quedarse con unos seis millones de líneas móviles que Telecom debe cederle por orden de Defensa de la Competencia. El mercado, cuando hay voluntad política, se ordena solo.

La empresa que ahora se ofrece para el recambio llega con su propio expediente. Su ex presidente, Facundo Leal, fue procesado este mes por el juez federal Lino Mirabelli por el presunto cobro de sobornos para direccionar una licitación a favor de Argentina Logistic Services, por el depósito de shelters en San Fernando. En un departamento de Palermo y una casa de Mendoza le encontraron US$2,6 millones en efectivo. Tampoco el área militar ofrece mejores credenciales. El edificio de Puerto Madero que alojaba al Comando Conjunto de Ciberdefensa se vendió por US$34 millones al grupo Brito, un apellido que volverá a aparecer en esta historia, y la operación derivó en dos denuncias ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas contra el titular del Comando, el general Luis Guimpel, y el funcionario Marcelo Rozas Garay. Según los denunciantes, se vendió sin presupuesto, sin plan de contingencia y sin una sede nueva con estándares de seguridad. Washington viene a revisar quién vigila las redes argentinas. Podría empezar por quién las administraba.

De terroristas, narcos y dinero que no se sabe adónde irá

El 5 de octubre, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció que Argentina alojaría la cabecera en el Cono Sur de una unidad regional de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado, con US$13,35 millones: 7,5 para proyectos en el país y 5,85 para iniciativas en la región. "Argentina es un país confiable y nuestros aliados lo saben", escribió. Según se informó, el aporte multiplica por diez la cooperación que Washington destinaba históricamente al país. Diez veces poco sigue siendo poco, pero la aritmética nunca fue el fuerte de los comunicados.

Los aliados lo sabrán; los argentinos, bastante menos. La plata la administra INL, que decide en qué se gasta: equipamiento de rastreo para las fuerzas, capacitación intensiva de agentes, intercambio de inteligencia en tiempo real con los países vecinos, operativos conjuntos y asistencia técnica diaria. La unidad no pasó por el Congreso ni dejó huella en el Boletín Oficial. Su sede, su director y la cantidad de personal estadounidense que tendrá son, por ahora, información reservada a los aliados confiables. El paquete se inscribe en el "Escudo de las Américas", la coalición hemisférica que impulsa Donald Trump, un nombre que dice bastante sobre quién sostiene el escudo y cómo considera a América, si de todos o de unos pocos.

El terreno venía preparado. En agosto, la DEA que dirige Terry Cole encabezó en Buenos Aires la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas, con delegaciones de 110 países y el Gobierno como coorganizador. El Centro Nacional Antiterrorismo, creado en 2024 bajo la órbita de la SIDE, tiene acuerdos de cooperación con el FBI. Y el 21 de octubre, un día antes de la firma con Landau, el Gobierno declaró organizaciones terroristas al Cártel de Sinaloa, La Nueva Familia Michoacana, las FARC-EP, el ELN y Los Tiguerones: una lista que coincide, punto por punto, con las prioridades de Washington y bastante menos con el mapa del narcotráfico que recorre Rosario. En septiembre, ocho marines estadounidenses entrenaron durante dos semanas en Ushuaia con el Batallón de Infantería de Marina N.º 4, en técnicas de montaña y frío extremo.

Las fotos circularon en las redes antes de que la Armada confirmara la actividad, que presentó como un intercambio profesional y que, aclaró por si hiciera falta, nada tenía que ver con Malvinas. El intendente de Río Grande, Martín Pérez, preguntó con qué instrumento se había autorizado el ingreso. La Ley 25.880 le da al Congreso un papel en el ingreso de tropas extranjeras; la Armada no informó decreto alguno. Los jefes del Comando Sur ya habían visitado dos veces la base naval de Ushuaia. Para un Gobierno que hizo de la ley una bandera, la letra de esa ley en particular parece admitir lecturas flexibles.

Dieciséis días después del anuncio de Monteoliva, en la misma gira de Landau, Washington abrió en Asunción otra oficina de INL, que, según el anuncio, "funcionará como centro regional para coordinar sus programas en el Cono Sur", con US$6,25 millones en asistencia de seguridad contra el crimen organizado transnacional y el primer asesor antiterrorista del Departamento de Estado en la región. Dos cabeceras para una sola región. Habrá que ver cuál de los dos países confiables coordina al otro. Una pista: ninguno.

Siete mil millones con los que se podrá comprar en un único boliche

El corredor Andes–Atlántico se lanzó el 23 de septiembre en Nueva York, durante la semana de alto nivel de la ONU, con una cifra de las que se pronuncian despacio: US$7.000 millones. Es el primer corredor de la Asociación para la Infraestructura Global y la Inversión en el Hemisferio Occidental y promete unir los minerales críticos del noroeste y el gas de Vaca Muerta con los puertos del Atlántico. Su motor financiero es el marco "Build the Future" del Export-Import Bank de los Estados Unidos (EXIM): un techo de crédito, hasta 2027, para que empresas y proyectos compren bienes y servicios estadounidenses. Pueden sumarse la Corporación Financiera de Desarrollo (DFC), que preside Benjamin Black, y la Agencia de Comercio y Desarrollo. Los proyectos pueden, además, entrar al RIGI.

El canciller Quirno lo explicó con una franqueza que lo honra: el país "no necesita financiamiento como país". Lo que se financia son proveedores. A cambio, Washington pide "tecnología de confianza" y excluir a los "agentes no mercantiles", que en el dialecto del Departamento de Estado se pronuncia China. Es un préstamo para comprarle al prestamista: la deuda queda acá y la factura se emite allá.

Casi todo el techo cuelga de un solo proyecto, Argentina LNG, el gas licuado que lidera YPF de Horacio Marín, con las socias Eni e XRG, de Abu Dabi: una hoja de términos no vinculante del EXIM por hasta US$6.000 millones sobre una inversión total de US$51.000 millones, con decisión final de inversión esperada para fines de 2026 y exportaciones desde 2031. Los contratistas ya tienen nombre: McDermott, para la planta de tratamiento, y Pumpco, filial de MasTec, aliada con Bonatti y Contreras Hermanos para un gasoducto de más de US$1.000 millones. El dinero llega, si llega, a cuentas de empresas estadounidenses.

El resto del menú se ofrece con la misma lógica. La licitación de los trenes de carga Belgrano, San Martín y Urquiza, 7.594 kilómetros concesionados por 50 años, recibe ofertas el 11 de noviembre, con posible postergación. Grupo México, de Germán Larrea, que se había aliado con la estadounidense Wabtec y contaba con respaldo de la DFC y el EXIM, se bajó. Queda en carrera un consorcio de las cerealeras ACA, AGD, Bunge, Cargill y Louis Dreyfus: los que cargan el grano serán dueños de las vías por donde viaja. También mostraron interés Grupo Roggio y las mineras First Quantum, Rio Tinto, Glencore y Vicuña. En el litio de Salta y Jujuy operan POSCO, Minera Exar y Rio Tinto, dos de ellas bajo el RIGI.

Los nombres del lado estadounidense son pocos y conocidos: Landau; Katrien Hinderdael, del Departamento de Estado, que encabezó la delegación que llegó el 5 de octubre y recorrió Buenos Aires, Salta y Jujuy; Black, por la DFC. Del lado argentino, Quirno, Luis Caputo, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales Fernando Brun, Karina Milei y Santilli, más los gobernadores Gustavo Sáenz y Raúl Jalil, que posaron en Salta. El 9 y 10 de diciembre, el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas viajará a Nueva York y Washington a ofrecer concesiones a empresas estadounidenses. Y el acuerdo de minerales críticos que Quirno y Landau firmaron el 4 de febrero, la piedra fundamental de todo el andamiaje, sigue esperando que el Congreso se entere.

Los que escriben el pliego

Donde el corredor baja a tierra, la cosa se pone más interesante. AMBA I es la primera gran obra de transmisión eléctrica con capital privado del Plan Nacional de Expansión, un programa de más de US$6.600 millones y 5.610 kilómetros de líneas de 500 kilovoltios. Suma unos 270 kilómetros de líneas de alta tensión, una estación transformadora nueva en Plomer, la ampliación de la de 25 de Mayo y ajustes en Atucha, Ezeiza, General Rodríguez, Mercedes y Luján. Promete unos 2.000 megavatios para el área metropolitana, que los necesita.

El modelo es una concesión de obra pública: el adjudicatario construye, opera y mantiene, y recupera la inversión con tarifas. Vale unos US$800 millones, puede entrar al RIGI y arranca con fondos de CAMMESA, que vive de la asistencia del Tesoro. Tiene, además, una garantía del BID, en trámite ante su directorio, que la representante del banco en el país, Viviana Alva Hart, presentó como respaldo al esquema y que, en última instancia, compromete al Estado nacional. El sobre de calificación se abre en la primera quincena de diciembre; las ofertas económicas y la adjudicación, a comienzos de 2027; la obra, en hasta 52 meses. La firman, del lado oficial, el coordinador de Energía y Minería, Daniel González; el subsecretario de Energía Eléctrica, Damián Sanfilippo, y el viceministro de Economía, José Luis Daza. Es inversión privada, pero el primer dinero es público y el último riesgo, también.

La documentación técnica de la licitación la elaboró Transener, la gran transportista de alta tensión del país. Desde mayo, por la Resolución 673/2026, la mitad de su control, a través de Citelec, está en manos del consorcio Genneia–Edison, que pagó US$356 millones por la parte estatal; la otra mitad la mantiene Pampa Energía. Genneia la preside Jorge Pablo Brito, del Banco Macro. A Edison Energía la encabezan Juan y Patricio Neuss, amigos de la infancia de Santiago Caputo, junto a Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, de Newsan. En agosto, Transener repartió $253.500 millones en dividendos: una manera elegante de festejar la compra.

El apellido Brito, que ya apareció en Puerto Madero, vuelve acá con menos peso del que sugiere la presidencia. La familia del dueño de Macro tiene cerca del 8% de Genneia, lo mismo que los Carballo, sus socios en el banco. La parte del león es de Argentum Investments, controlada por el fondo estadounidense PointState Capital de Zachary Schreiber, con el 43,6%: el mismo fondo que, en tiempos de Mauricio Macri, le compró parques eólicos a Socma, la sociedad de la familia presidencial.

Otro 25% es de David Martínez Guzmán, el inversor mexicano que también tiene una quinta parte de Telecom. Brito pone el apellido y la firma; los dólares, como en el resto de esta historia, viajan al norte.

La operación tiene, además, un detalle contable digno de aplauso. Parte de los US$356 millones se habría cubierto con la caja de la propia Transener. El precio base había sido cuestionado por bajo, y la tasación no la hizo el Tribunal de Tasaciones sino el BICE. Del reparto de los $253.500 millones, a Pampa le tocaron unos $66.700 millones, y a Genneia y Edison, unos $33.400 millones a cada una. Comprar una empresa con la plata de la empresa es una destreza que el mercado admira y que el Estado, por lo visto, permite.

Los Neuss no son nuevos en este expediente. Aparecen señalados como subcontratistas clave de la Hidrovía Paraná–Paraguay, adjudicada en junio por 25 años, con una facturación bruta proyectada de unos US$628 millones anuales, a Jan De Nul y Servimagnus, la sociedad de Gustavo Elías, Juan Ondarcuhu y la familia Román. La adjudicación fue denunciada penalmente por pliego a medida, asociación ilícita y fraude, y la investiga la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Jan De Nul no es una novata en la vía navegable: su anterior socio local, Gabriel Romero, de Emepa, admitió como arrepentido en la causa Cuadernos haber pagado coimas al kirchnerismo por la Hidrovía. Cambió el socio. El río sigue en el mismo lugar.

Los Neuss figuran, además, como mecenas de la Fundación Faro, donde el Presidente fue a celebrar el 23 de octubre su sobreseimiento en la causa $LIBRA, el mismo día en que recibía a los enviados de Trump. El Estado licita, el Estado garantiza, el Tesoro adelanta. El pliego lo escriben los amigos.

Los que viajan sin pasaje

Ninguna de las cuatro carpetas menciona a Securiport. No hace falta. La empresa de Enrique Segura vende exactamente el mismo modelo que recorre esta historia: el Estado concede, el pasajero paga una tasa y la empresa opera los datos de quién entra y quién sale. Es el negocio que Novelli le acercó a Milei, el que en Paraguay se adjudicó en forma directa y el que dejó contratos cuestionados en Honduras, Benín, Gambia, Sierra Leona, Malí y Senegal. En Benín terminó en un laudo de US$95 millones contra el Estado africano, que alegó corrupción; un tribunal francés rechazó el argumento. En Honduras, el presidente Porfirio Lobo ordenó revisar el acuerdo.

Securiport es también la empresa que aportó US$100.000 a la campaña de Juan Pablo Segura en 2023 y US$2.050.000 al comité de acción política que fue su mayor financista. El padre, por su cuenta, puso US$62.750. El hijo, cofundador de la empresa de salud digital Babyscripts y secretario de Comercio de Virginia entre 2025 y 2026, llegó al Departamento de Estado con la agenda latinoamericana bajo el brazo. Ahora integra la comitiva que negocia seguridad, datos e infraestructura con países donde la empresa familiar vende control de fronteras y procesamiento de datos.

El padre, además, es director ejecutivo de la red Alex Stewart, con sede en Liverpool y conducida por Graham Stewart, cuya filial argentina, que representa Marcelo Tejada, hace cerca del 90% de los análisis de litio del país: el mineral que el corredor promete llevar hasta el Atlántico. La filial tiene su propio prontuario ambiental: una clausura por residuos peligrosos en Maipú, en 2014, y una denuncia penal en Perito Moreno ese mismo año. Quien certifica cuánto litio sale del país forma parte de la red en la que es director ejecutivo el padre del funcionario que negocia por dónde va a salir. Entre el que firma y el que vende, la distancia es de un apellido.

Socios estratégicos

En la diplomacia de las carpetas, socio estratégico suele ser el nombre amable de una asimetría. Esta vez no hace falta intuirla: está escrita, carpeta por carpeta. En ciberseguridad, Washington elige al contratista y la Argentina paga los equipos. En narcotráfico, Washington administra la plata y la Argentina pone las fuerzas. En trata, una ONG estadounidense cobra y elige a sus socios, y la Argentina le consigue la oficina. En el corredor, el EXIM presta para que se compre en los Estados Unidos y la Argentina queda con la deuda, la garantía y las tarifas. A cambio, el país recibe el adjetivo confiable, que no cotiza pero suena bien en las redes de la ministra.

En el medio, los de siempre: un padre con empresas en los rubros que negocia su hijo; los amigos de Santiago Caputo que escriben los pliegos; un ex presidente de ARSAT procesado por coimas en la misma empresa que ahora encabeza el recambio. Nada de esto requiere esconderse. Está en los comunicados, en las convocatorias, en las resoluciones y en los balances, a la vista de cualquiera que se tome el trabajo de leer las carpetas que nadie lee.

Ninguno de los cuatro paquetes pasó por el Congreso, que es el lugar donde, en teoría, un país decide qué acepta, cuánto paga y quién controla. Es el método argentino por excelencia, el amiguismo, ahora con traducción simultánea.

Mauro Federico e Ivy Cángaro   
Fuente: https://www.dataclave.com.ar/poder/pagar-y-mirar--la-letra-chica-de-los-acuerdos-que-trajeron-los-enviados-de-trump_a6ae7fb05c8f1ebfdd033834e