Martes, 01 Febrero 2022 12:42

Bodas de sangre, la Corte y la presión constante de Cristina - Por Héctor Gambini

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Cristina dice que los narcos llegan por el achique del Estado que durante 14 de los últimos 18 años manejó... el kirchnerismo. 

Una pareja sale de un casamiento con su beba de un año. Va en su auto, un Audi blanco. Toma una ruta provincial y es emboscada. Quienes los persiguen abren fuego contra ellos varias veces. Los acribillan. Los tres quedan en medio de una tormenta de balas que aturde y pulveriza. 

El hombre y la beba son llevados después a un hospital, pero ya están muertos. Él recibió 13 balazos. La nena, 4. El coche, que había caído en una zanja tras el ataque, aparece incendiado pero a mitad del camino. Adentro está el cadáver incinerado de la mujer.

Los novios que se casaban son buscados tras sus bodas de sangre. No en la Andalucía de 1931, donde Federico García Lorca escribió una de sus obras insignia, sino en la Rosario de 2022. Los autores de esta tragedia no son dramaturgos sino narcotraficantes.

En la boda -celebrada entre livings y carpas transparentes sobre un césped de ensueño- hubo casi 300 invitados, decenas de ellos allegados a la banda de Los Monos.

Los investigadores creen que la pareja asesinada estaba allí buscando protección porque pertenecía a una banda rival (la de Alvarado) y se les había “perdido” un cargamento.

Pero los narcos se infiltran entre ellos y alguien “marcó” el auto y la hora en que la pareja “traidora” y su nena saldrían de la fiesta.

La emboscada fue fácil. La pareja asesinada dejaba una banda pero aún no había conseguido entrar a la otra.

Sin los Alvarado ni Los Monos, quedaron a la intemperie de las balas. ¿Y el Estado?

Tras el triple asesinato, el secretario de Seguridad de Santa Fe dice: “Eso no era un casamiento, era (la película) El Padrino”. Habla de un Estado impotente ante el avance narco.

Tres días antes de la boda, en Tegucigalpa, la vicepresidenta Cristina Kirchner decía que el narcotráfico iba ocupando regiones de Latinoamérica favorecido por el achique del Estado. En su país, 14 de los últimos 18 años el Estado fue manejado por... el kirchnerismo.

Las grandes bandas de narcotraficantes deberían ser detectadas, seguidas y neutralizadas por las fuerzas de seguridad nacionales y los agentes de la AFI, auxiliares naturales de la justicia. Pero los jefes de toda esa fuerza investigativa -Aníbal Fernández y Cristina Caamaño- parecen tener otras prioridades.

En sus últimas apariciones no hablaron de luchar contra el narcotráfico sino de marchar este martes contra la Corte. Está claro dónde estaría el enemigo para ellos.

El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, había dicho hace un mes que el narcotráfico será el principal problema de la Argentina dentro de los próximos “tres o cuatro años”.

La realidad parece indicar que esos plazos se estarían acortando.

Está claro que los allegados al gobierno -con el apoyo de ministros y secretarios de Estado- que se concentrarán frente a tribunales para “echar” a la Corte sólo buscan presionar para salvar a los dirigentes kirchneristas procesados en lo que queda de gestión. Cristina tiene allí 13 recursos sobre causas aún en trámite que la siguen teniendo como imputada.

No es para asombrarse. El método de la presión extrema para modificar lo que no le gusta a Cristina no conoce ni los límites de la interna.

Horas antes de la marcha contra la Corte, Máximo Kirchner deja la presidencia de su bloque en Diputados reprochándole al Presidente el acuerdo con el FMI.

“¿Presionar? No. Eso hace el Fondo”, escribió Máximo, pateando el tablero y poniendo a Alberto Fernández, otra vez, ante la agenda forzada de un nuevo conflicto de consecuencias imprevisibles para la política y los mercados.

Héctor Gambini

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