El foco de esa medida de fuerza estuvo puesto en "el discurso del odio", un recurso de marketing político que solo busca dividir a la sociedad en "los buenos y los malos". Y los malos son los jueces no adictos, el periodismo independiente y la oposición. 

Allí figuran las conjeturas demenciales de Luis D'Elía, intentando vincular a Fernando Sabag Montiel con Mauricio Macri, o la directora del INADI, Victoria Donda, dando nombres y apellidos de quienes considera culpables del intento de magnicidio y pidiendo una ley para censurar y castigar las opiniones de quienes considera responsables del "discurso del odio". A todo esto, cabe preguntarse por qué, antes de alterar al país con acusaciones, injurias y provocaciones, el gobierno no se aplicó a investigar qué pasó.

Porque la vulnerabilidad de Cristina Kirchner obliga a pensar en la falla de la Policía Federal, a cargo de la zona por disposición del juez Roberto Gallardo, y de la custodia personal, que no cumplió ni uno solo de los protocolos que exige la función. Cuesta creer que ninguno se haya dado cuenta de que se trataba de un intento de asesinato. O que no haya creído que lo fuera. También es una grave irregularidad que en ese lugar no existan cámaras de seguridad. La manipulación de pruebas, el borrado del celular de Sabag, y todos los hechos posteriores vuelven a arrojar sombras en vez de luces, como en todos los hechos graves vinculados a la política.

De lo visto hasta ahora se deduce que al gobierno le interesa más la centralidad de la figura de Cristina Kirchner que su misma persona.

Pero el aporte más contundente al descreimiento lo brindó el presidente del Interbloque del Frente de Todos en el Senado, José Mayans, un hombre de extrema confianza de Gildo Insfran y, al menos en la Cámara alta, de Cristina Kirchner.

"¿Queremos paz social? Bueno, comencemos con parar este juicio vergonzoso", propuso. Una expresión a tono con el discurso del gobernador Axel Kicillof apenas ocurrido el hecho, cuando puso al fiscal Diego Luciani casi como responsable del acto delictivo de Sabag.

Ninguno de los dos, por la función que ocupan, debería ignorar que esas expresiones los descalifican para el cargo. Pero Mayans, a quien lo cuestionó hasta el mismo Oscar Parrilli, quiso corregir su desatino y lo empeoró: "Es que Cristina no ha podido ejercer su derecho a la defensa"; lo dijo cuando, justamente, es el turno de los defensores.

Con dos declaraciones, Mayans demostró que la estrategia básica en esta instancia es que todo debe ser aprovechado para garantizar la impunidad del poder. Y seducir a un grupo de incondicionales. Vivimos momentos de alta tensión. El gobierno se siente fracasado y desacreditado y necesita reunir oxígeno.

La realidad económica al cabo de 33 meses de gestión ofrece un panorama social desolador, que se viene acumulando desde principio del siglo y que llevará décadas remontar; pero la solución que ofrecen es todo lo contrario de lo que les gustaría decir: un ajuste, con devaluación y acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. La inflación, que es imposible esconder adulterando el INDEC, les va ganando la batalla. Todos los sondeos de opinión pública revelan un descreimiento masivo y una sensación muy pesimista con respecto al futuro. La movilización del viernes fue un recurso extremo para tratar de amalgamar a todo el peronismo en torno a la única figura con peso propio con que cuentan.

Para tratar de sobrevivir los próximos quince meses imitando a Carlos Menem, quien alineó al peronismo durante una década para llevar a cabo un proyecto ajeno a todos los manuales partidarios.

Un liderazgo que hoy no puede ofrecer ningún peronista

Profundizar la grieta, siguiendo el ejemplo de Maduro, polarizar tensando la cuerda al máximo, ese es el juego de los halcones. Pero la gente prefiere previsibilidad y soluciones.

La paz social no depende en absoluto de la impunidad de Cristina. La amenaza de Mayans, no solo antidemocrática, sino de tono mafioso, no se sustenta en la realidad. La gente no se va a movilizar violentamente para clausurar la causa de Vialidad, pero la política puede manejar una militancia rentada que sí lo intente. La paz social corre riesgo, lo mismo que la democracia, pero no por culpa del fiscal Luciani, sino porque un gobierno democrático no puede estructurar su política al margen de la ley y en base a la fractura de la sociedad y el sometimiento de los jueces, la prensa y la oposición a la voluntad del líder.

Francisco Sotelo