​Patricia Bullrich siempre tuvo un plan económico en mente. Desde antes de militar en el PRO y en Juntos por el Cambio. Y, obviamente, lo tenía actualizado durante su campaña presidencial de 2023, que debió desmantelar al quedar afuera del balotaje. En honor a la verdad, las ideas que la hoy senadora tuvo siempre en mente coincidían bastante con el esquema global que varios economistas habían preparado para aquella candidatura. Y, más notable aún, forman parte de lo que Bullrich decidió exponer en público durante las últimas semanas, cuando sin eufemismos planteó una agenda económica propia dentro del oficialismo de Javier Milei. 

Con base en la defensa del equilibrio fiscal, el superávit comercial y el programa general de estabilización libertario, la senadora reclamó medidas concretas para recuperar el consumo, aliviar la situación financiera de las pymes, reducir impuestos y acelerar las inversiones. En definitiva, equilibrios macro con políticas activas sin costo fiscal. Mitad lo que hace Milei; mitad no. Sus planteos tienen un denominador común: la estabilización macroeconómica no alcanza si sus resultados no llegan a las empresas, los trabajadores y los consumidores.

La primera propuesta fue suspender los embargos de ARCA contra las pymes, una medida que el martes pasado anunció Luis “Toto” Caputo y que Bullrich reclamó de inmediato como un éxito propio.

La segunda apunta a refinanciar las deudas de familias y consumidores: reestructurar préstamos personales y saldos de tarjetas, permitir que entidades financieras absorban deudas para refinanciarlas, revisar la clasificación de los morosos y limitar el nuevo endeudamiento para no repetir situaciones de insolvencia. Sumó un sistema similar al etiquetado frontal para que los usuarios conozcan el costo financiero total de cada crédito. Por ahora, ninguna de estas ideas tuvo eco oficial.

La tercera es bajar Ingresos Brutos y los impuestos provinciales. En el Coloquio de IDEA, Bullrich propuso un nuevo acuerdo federal que premie a gobernadores e intendentes que reduzcan impuestos y tasas, y que contemple consecuencias para quienes mantengan cargas elevadas. Luego, ante la Fundación Libertad, insistió en eliminar barreras tributarias provinciales que encarecen la producción y el comercio, para ganar competitividad frente a Brasil.

La cuarta busca extender los beneficios del RIGI a los proveedores y a sectores como la construcción, con un régimen específico para las empresas, especialmente pymes, que abastecen grandes proyectos mineros, energéticos e industriales. Las ventajas del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, sostiene, no deben quedar concentradas en las grandes compañías. También pidió que las provincias que reciben esas inversiones reduzcan su presión tributaria.

La quinta, también expuesta en IDEA, es eliminar impuestos al trabajo y reformar el sistema previsional: reducir las cargas sobre el empleo y reemplazar parte del financiamiento jubilatorio por impuestos generales y mecanismos de ahorro. Su argumento es que el sistema depende de muy pocos trabajadores registrados y que las contribuciones encarecen la contratación formal. Es una transformación estructural, no una medida inmediata, y obligaría a resolver cómo compensar la pérdida de recursos.

La sexta reclama acelerar la recuperación de los sectores rezagados: comercio, construcción y ramas industriales como la textil, la metalúrgica, la autopartista y la química, los marginados del modelo libertario. Bullrich pidió que el crecimiento no quede concentrado en energía, minería y agroindustria, y consideró necesario poner en marcha a los que todavía no reaccionaron a la estabilización, aunque no presentó un programa sectorial cuantificado.

La séptima es un acuerdo político que reduzca la incertidumbre financiera y garantice gobernabilidad después de 2027. Según planteó, un respaldo de US$ 75.000 millones no alcanzaría por sí solo para impedir una crisis cambiaria; la previsibilidad política, en cambio, reduciría el riesgo de corridas. Es una diferencia de enfoque con el peso que el Gobierno asigna a las reservas y al auxilio externo.

La octava, planteada ante empresarios, pide que las reformas lleguen más rápido a familias y empresas, con condiciones para que las compañías argentinas puedan competir con las brasileñas. Su diagnóstico: la estabilización necesita complementarse con menores costos, financiamiento y recuperación del consumo.

Nada de esto es nuevo. En 2023, Bullrich había presentado un programa que prometía terminar con la inflación, eliminar el cepo, alcanzar el equilibrio fiscal y reformar el Estado, con una diferencia fundamental respecto de Milei: rechazaba la dolarización y proponía mantener el peso y el Banco Central bajo nuevas reglas. Terminó tercera en las generales del 22 de octubre y aquel plan quedó archivado. Pero sus ideas fuerza habían permanecido en el cajón de los planes B de la senadora.

La receta de Melconian de 2023

En agosto de 2023, Bullrich presentó a Melconian como su futuro ministro de Economía. El programa no se había gestado solo para la campaña: desde 2022, Melconian trabajaba en el IERAL en un proyecto que llegó a reunir a unos 80 especialistas, entre ellos Rodolfo Santángelo, Enrique Szewach, Daniel Artana, Jorge Vasconcelos, Marcelo Capello y Juan Manuel Garzón. Tenía tres pilares: estabilización macroeconómica, reforma del sector público y desregulación. Proponía un Banco Central independiente, con nueva Carta Orgánica, y una economía bimonetaria en la que peso y dólar circularan legalmente.

La salida del cepo dependería de corregir antes los desequilibrios fiscales y monetarios. Prometía, además, eliminar las retenciones a las economías regionales, abrir el comercio y modernizar los convenios laborales, sin encerrarse en la falsa opción entre shock y gradualismo.

Carlos Burgueño  
Fuente: https://www.perfil.com/columnistas/el-plan-b-de-bullrich-mitad-milei-mitad-melconian-y-cajon-de-2023-amBLv1A6mQ07