Opinión

 

Si hay algo que puede afirmarse con certeza es que la Argentina ha demorado “sine die” su entrada en el mundo desarrollado merced a una incapacidad proverbial para elegir dirigentes políticos.

 

 

El lunes 9 de marzo el gobierno de Alberto Fernández dio la primera puntada formal de la reestructuración de la deuda soberana. Ese día se publicó en el Boletín Oficial el decreto con el cual el Presidente autoriza al Ministerio de Economía a refinanciar 68.842 millones de dólares emitidos bajo ley extranjera.

 

 

Tarde o temprano los contrarios a las reformas podrían estar en condiciones de una contraofensiva encaminada a restaurar lo que en su opinión es la normalidad.

 

 

La biografía política de Ernesto Cardenal, recientemente fallecido, invita a reflexionar sobre la vigencia de unos ideales que, a la larga, solo han producido opresión y miseria

 

 

Hay una discusión en ciernes sobre el carácter peronista de este gobierno (como siempre sucede con todo gobierno peronista: una facción asume, y el resto agarra el peronómetro para juzgar sus políticas).

 

 

No hay registros de un gobierno que, apenas comenzada su gestión y en medio de un verdadero berenjenal de problemas, haya decidido -sin razones atendibles a la vista- pelearse al mismo tiempo con el campo, con buena parte de los integrantes de la judicatura y con la mayoría de las iglesias.

 

 

La vice ministra de educación Adriana Puiggrós calificó las pruebas de evaluación educativa de la OCDE (PISA) y las de la Unesco como “instrumentos de control”.

 

 

En la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Alberto Fernández comenzó su discurso refiriéndose al valor de la palabra.

 

 

El FMI es apenas una de las batallas a ganar para el gobierno. La otra, y más compleja, tiene que ver con los bonistas privados, fondos de inversión y tenedores de títulos argentinos

 

 

En su discurso ante el Congreso, el Presidente se mostró más conciliador que los K.

 

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