No está cerrado del todo, pero lo cierto es que la primera fase de la negociación que durante tantísimo tiempo llevó adelante el ministro de Economía, Martín Guzmán, con el Fondo Monetario Internacional ha sacado de la escena el fantasma del incumplimiento y aflojó mucho las tensiones. La soga estaba alrededor del cuello de la Argentina por el lado de que casi no quedaban reservas líquidas y al menos se ha trazado un sendero de buenas intenciones que apunta a atacar la inflación, a recomponer las reservas y a reperfilar la matriz de endeudamiento, camino que esencialmente incluye promesas de menor gasto público y límites para la emisión. Hasta aquí los lineamientos conocidos que han dejado muchísima tela para cortar desde lo económico. Sibilinamente, habrá quién diga que finalmente el Fondo le hizo a Guzmán el Plan que nunca quiso mostrar. Lo cierto es que a esta primera descripción hay que agregarle lo político, ya que mientras el Frente de Todos hace parecer que cobija en su interior el notorio tic-tac de una bomba ideológica a punto de explotar, ya que no quiere ser la cara del "ajuste", la forma en que fue concebido el futuro acuerdo va a poner en serios aprietos a la oposición si llega a ser gobierno en 2023 porque deberá encarar de lleno las reformas estructurales que pide el Programa de Facilidades Extendidas.
Más allá de una primera reacción positiva de los mercados, que para algunos sirvió solamente para corregir algunas exageraciones de los precios de los activos, el fin de semana ha servido para ponerle alguna dosis de claridad a los pomposos anuncios del viernes, hasta que llegue la llamada letra chica y se desate del todo el paquete. Lo más evidente es que lo anunciado es un preacuerdo bastante avanzado al que le falta todavía redactar el Memorándum de Entendimiento y la llamada Carta de Intención con el organismo, documentos bilaterales que habrá "que escribir" antes del próximo desembolso a fines de marzo para luego hacer aprobar esa documentación por el Congreso.
Por ser algo bastante inesperado, lo más relevante del esquema anunciado son los plazos. Una cosa es la duración natural de este tipo de programas (10 años y atado a reformas varias, como la fiscal y tributaria, la previsional y la laboral, al menos) y otra son los períodos de cumplimiento de las metas de política económica, pagos y los eventuales desembolsos (2 años y medio). La primera evaluación que hizo Juntos por el Cambio es que el cronograma les huele a trampa política y por eso le han pedido a sus economistas mayores precisiones que todavía no pueden dar porque faltan pasos concretos y aclaratorios. En las filas opositoras se cree que puede haber una encerrona, ya que de no acompañar en el Congreso esa postura sería inmediatamente criticada y levantar la mano a libro cerrado puede abrir la puerta a futuros traspiés.
Es que cuando el ministro dice por ejemplo que "no habrá reforma laboral", debió haber agregado "por ahora". En buen romance, las peleas para instrumentar las reformas estructurales deberá darlas el próximo gobierno y si hay cambio de signo, el peronismo seguramente hará responsable de los futuros "ajustes" a quien lo suceda, ya que tampoco las tendrá todas consigo en materia fiscal y monetaria. Algunos en la oposición sospechan que Guzmán abdicó de la pretensión de llegar al déficit cero en 2027 por cuestiones ideológicas, pero que finalmente la jugada le salió bien porque puede vender puertas para adentro que la estructura beneficia al Gobierno política y electoralmente.
Según anunció el ministro, el sendero de reducción gradual del déficit obliga a que se ubique en 0,9% del PIB en 2024 y que para ese año, el primero de un nuevo gobierno, la asistencia del Banco Central al Tesoro sea "cercana a cero". Mientras tanto, aún no se han explicitado cuáles serán las medidas que se van a comprometer para este año para alcanzar las metas y ésa será la primera gran discusión interna que deberá sostener Guzmán con el ala más radicalizada de la coalición gobernante.
Más allá de esa eventual maniobra política sobre la oposición, la expectativa de los actores económicos está puesta en el oficialismo, sobre todo en aquello que podría llegar a decir Cristina Fernández sobre lo que se ha conversado y sobre cómo se va a instrumentar. Al respecto hay dos cuestiones que a la vicepresidenta y a su cenáculo (La Cámpora incluida) siempre los ha alterado: que el arreglo no parezca un "ajuste" y cómo tragarse el monitoreo trimestral de los números fiscales, monetarios y el conteo de reservas, revisiones que harán las sucesivas misiones del Fondo esencialmente en el Palacio de Hacienda y en el Banco Central. El problema para el kirchnerismo no es tanto lo que pueda evaluar el organismo puertas adentro sino porque cada misión técnica habitualmente toma contacto político con muchos actores de la economía, algo que siempre juzgó como inaceptable.
Justamente, uno de los motivos centrales por los cuáles Néstor Kirchner canceló la deuda con el Fondo en el año 2006 fueron las reuniones de los técnicos con economistas ortodoxos y empresarios que no creían en las premisas económicas del Gobierno y que por entonces denunciaban hechos de corrupción. Estas reuniones, que generalmente suman a sindicatos y a la oposición, son algo que el FMI hace en todos los países bajo revisión. Lo que más odiaba Kirchner era la difusión a través de la prensa de esas reuniones y por eso decidió cortar por lo sano, pagar y sacarse de encima al Fondo. Para justificar la épica del desembolso, el Presidente acusó al organismo de haber presionado a la Argentina para que aplicara "políticas que perjudicaban al crecimiento de la economía", el mismo concepto que el Gobierno hoy ha defendido a capa y espada.
Los términos del Comunicado del "equipo del FMI" que se conoció el viernes en paralelo al anuncio que hizo el Presidente son mucho más conceptuales que los detalles que luego brindó Guzmán, pero dan algunas pistas sobre las muchas concordancias que hubo, pero también sobre algunas divergencias que surgen de su lectura. Un economista argentino que alguna vez estuvo del otro lado del mostrador dentro del edificio de la calle 19 NW en Washington DC explicó que esos comunicados "son simples informaciones para la prensa, se negocian y hay ocasiones que allí se ponen cosas por necesidades internas de los países que después no ocurren del todo".
Por ejemplo, sobre el término "ajuste", hasta último momento las autoridades argentinas buscaron que el Comunicado lo negara explícitamente y parece que se llegó a una fórmula transaccional que dijera que el futuro acuerdo iba a permitir "aumentar el gasto en infraestructura y ciencia y tecnología y protegería programas sociales focalizados". Así expresada la frase no se observan contrasentidos entre las posturas del Fondo y la de Guzmán que son totalmente disímiles, ya que el gobierno argentino dice que no habrá ajustes para asegurar el desarrollo, mientras que el Fondo cree (y tiene varios ejemplos para exponer, el caso de Gracia en primera instancia) que, si se ajusta primero, el crecimiento llegará después.
Donde el ministro no tuvo mayor suerte fue con la cuestión de las tarifas, ya que mientras en la conferencia de prensa él señaló tajantemente que nada iba a cambiar el FMI explicó que se había acordado "que una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva será fundamental para mejorar la composición del gasto público". Los expertos suponen que esta progresión debería comenzar en 2022, por lo que todas las fichas están puestas en la segmentación de tarifas de acuerdo a zonas de residencia o el valor de la tierra, algo que muchos creen que será muy difícil de instrumentar.
Otro punto del Comunicado en el que el Gobierno pudo haber incidido en su redacción es que no se limite la posibilidad de buscar "apoyo financiero adicional" en países que son "socios internacionales" de la Argentina. La mención cobra especial relevancia a la luz de la pasada de gorra que el presidente Fernández hará esta misma semana en Rusia y China. "Al fin y al cabo lo que el Fondo quiere es cobrar... ¿por qué impedir que otros pongan la plata?", dice el ex funcionario del Fondo. "En términos ideológicos y en el lenguaje de Juan Perón sería cambiar de dependencia", apunta.
En cuanto a la inflación, está claro que el FMI no compra el origen "multicausal" que esgrime el Gobierno, aunque probablemente a pedido de la Argentina el Comunicado haya aceptado decir que como terapéutica se alienta un "enfoque múltiple para enfrentar la alta y persistente inflación", lo que va a permitir continuar con los acuerdos de precios casi como un elemento folclórico del menú. Por último, a los recortes previstos en la emisión, el organismo agrega remedios bien ortodoxos y plantea "asegurar tasas de interés reales positivas para respaldar el financiamiento interno y fortalecer la estabilidad".
Lo que el Fondo Monetario no menciona -y es algo que el Gobierno no puede esconder porque los bolsillos son por estas horas altamente sensibles a los aumentos de los precios- es que la sociedad ya vive presa del "ajuste", el que le provoca la inflación a los ingresos fijos de los trabajadores, a los jubilados y a los beneficiarios de planes sociales. En contraste, el cinismo de la situación es que la suba de precios ayuda al Gobierno a cumplir con el Fondo, ya que así consigue los números fiscales por vía de una mayor recaudación de los impuestos asociados al consumo.
Por último, un punto más asociado a la especulación: la posibilidad de que el Presidente y su vice hayan jugado brillantemente el rol de policía-bueno y policía-malo para ablandar al tan temible y odiado ajustador serial. Eso nunca se sabrá, pero parece que es algo que los técnicos del organismo suelen vivir a menudo, dice el interlocutor: "nunca se debe descartar este tipo de maniobras asociadas a la política interna de cada país, ya que eso es parte del manual", subraya. Y añade que el cepo que pone a la oposición "a bailar con la más fea" si llega a ser gobierno en 2023 "tampoco es algo que le deba interesar demasiado al Fondo con tal que la Argentina pague".
Hugo E. Grimaldi
