Política

En 2008, Alberto Fernández decidió abandonar la sociedad política con el matrimonio Kirchner, en la que era un accionista minoritario. No lo echaron; se fue, peleado con el camino de la radicalización.

 

El presidente Alberto Fernández y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, negocian ahora mismo con sectores del Frente de Todos que no reportan políticamente al Instituto Patria, pero también con la mayoría de los gobernadores peronistas, para eliminar de la reforma judicial la llamada “cláusula Parrilli” cuando el proyecto llegue a la cámara baja con media sanción del Senado, dijeron a este diario altas fuentes de la Casa Rosada.

 

Alberto Fernández ejerce un novedoso pragmatismo invertido. En lugar de ajustar sus ideales en función de intereses de corto plazo, ensaya una persistente reinvención personal que devalúa sus principales activos políticos y dificulta la consecución de los objetivos que se propone.

 

Fue el presidente ruso que eligió Vladimir Putin porque no discutió su liderazgo. Sólo gobernó cuatro años.

 

El DNU 690 refleja el impacto en el Gobierno de la marcha del 17 de agosto. Sobre todo, en la idea más ambiciosa de Alberto Fernández: crear, con sectores de la oposición, un polo de poder equidistante de las posiciones extremas atribuidas a Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri. Un fundamento de esa construcción teórica puesto en crisis por la movilización de la semana pasada.

 

El Presidente sufre cuestionamientos del ala más dura del Frente de Todos y optó por caer sobre su antecesor para apaciguar ciertos reparos políticos en su coalición de Gobierno

 

En lo peor de la pandemia del coronavirus, la crisis económica, la inseguridad y los conflictos con la clase media por la reforma judicial, el presidente Alberto Fernández decidió convertirse en un líder radicalizado y provocador.

 

Nadie sabe aún si finalmente será sancionada por el Congreso, pero la reforma judicial ya le dejó a Alberto Fernández una gran lección. Además de las innumerables polémicas y conflictos que cosechó con esa iniciativa, el Presidente terminó por confirmar el riesgo que entraña dejar por escrito sus proyectos.

 

Si había una industria con la cual había que ser sumamente cuidadoso -porque aquí las inversiones son más determinantes- era justamente la de las telecomunicaciones.

 

Si el poder es impunidad como dijo Yabrán, aprobar la ley que permite controlar Comodoro Py es una prueba de fuerza decisiva para el presidente. Un fracaso impactaría sobre toda su gestión.

 

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