Economía

El impacto de la pandemia sobre el mercado laboral fue fuertísimo en el sector privado. Pero en el Estado se crearon más de 22.000 nuevos puestos.

Se salva el Estado, no el mercado" es el latiguillo que impulsaron los militantes kirchneristas a partir del inicio de la cuarentena. Más que un latiguillo, es un estado mental, que toma un sentido práctico en la política económica.


El problema del planteo económico actual no es solo la falta de consistencia macro, que es muy grave, sino también la total ausencia de entendimiento de lo que necesita el sector privado para invertir, producir y contratar empleados. Esta carencia pondrá un freno a la recuperación de la economía.

En una entrevista publicada en LA NACION, el ministro de Economía Martín Guzmán afirmó que "el Estado va a tener un rol muy importante en empujar a la economía." En otra entrevista del 2 de agosto, en el diario Página 12, había dicho que "el motor de la recuperación va a ser el mercado interno" y, en sintonía con eso, en la nota de LA NACION dijo que "el Estado tiene que impulsar a ciertos sectores para que haya más dinamismo en la economía."

Estas afirmaciones y, más aún, las acciones que ha implementado el Gobierno, no solo se sustentan en ideas que fracasaron reiteradamente a lo largo de nuestra historia, sino que también asombran por su falta de pragmatismo para leer la realidad en la que están inmersas. La falla no es solo ideológica o estratégica sino, al mismo tiempo, táctica. Esto es asombroso, porque si algo caracterizó al peronismo es su astucia táctica para poder regalar al menos algunos períodos de bonanza de consumo a su base electoral. Es decir, no solo es mala economía. Es mal peronismo.

Juan Domingo Perón decía que "las doctrinas no son eternas sino en sus grandes principios, pero es necesario ir adaptándolas a los tiempos, al progreso y las necesidades." Él mismo puso eso en práctica. Cuando se acabaron los años de bonanza dados por los altos precios de nuestras exportaciones, que habían permitido expandir fuertemente el gasto público, los salarios y, por lo tanto, el consumo, el sistema empezó a crujir: falta de dólares, inflación y caída del producto (¿les suena?). Ante esta coyuntura, decidió cambiar la política económica. A partir de 1952 implementó un programa de austeridad fiscal, comenzó a introducir el concepto de productividad en el debate de políticas públicas y se dedicó a atraer capital extranjero incluyendo, con perdón de los guardianes de la doctrina, a la misma Standard Oil.

Carlos Saúl Menem fue otro presidente peronista con gran sentido táctico. Los precios de nuestras exportaciones estaban muy bajos y el déficit fiscal era rampante, lo que eliminaba la tradicional receta peronista de aumento de gasto público. Sin embargo, el mundo atravesaba una bonanza de capitales dispuestos a ser invertidos en países que emprendieran las reformas del "Consenso de Washington". La Argentina se convirtió así en alumno modelo y atrajo más capital extranjero que ningún otro país de la región en la década del 90. Ese capital permitió financiar el "salariazo" y, por lo tanto, el aumento del consumo. El último gran táctico fue Néstor Kirchner, que entendió para donde giraba la región y, también, que contaba con la suerte de precios crecientes de nuestras exportaciones para poder financiar un aumento del gasto público, los salarios, el consumo y la cooptación del peronismo.

Si hubiese sabido leer bien la realidad actual, el presidente Alberto Fernández habría transitado por una ruta relativamente más parecida a la de Menem, sin necesitar sobreactuar tanto, que a la de los Kirchner. Los precios de nuestras exportaciones son bajos, pero sobra capital en el mundo a tasas irrisoriamente bajas. Podría haber aprovechado el duro ajuste fiscal y monetario hecho por el expresidente Mauricio Macri, el cual estaba ya casi terminado y, con algunas decisiones que marcaran un mínimo de continuidad, haber surfeado la ola de la liquidez internacional. En su lugar, decidió tirar todo por la borda. Emprendió, antes que la pandemia pegara en nuestro país, una expansión fiscal y monetaria para intentar alimentar el consumo, a la vez que cerraba la economía. Con los precios de nuestras exportaciones bajos y falta de crédito y credibilidad, el programa estaba destinado al fracaso. De hecho, la economía se contrajo a tasas aceleradas en enero y febrero de este año.

El problema es que Alberto Fernández dejó que el ala más ideologizada de su coalición le tome de rehén no solo la agenda judicial, sino también la agenda económica (quizás, en realidad, se dejó tomar casi todas las agendas).

La primacía de la ideología sobre el pragmatismo tiene varias implicancias prácticas en la economía.

La primera es el tendal que las decisiones económicas están generando y van a generar en el tejido empresario sobre la voluntad de invertir en el país y, por lo tanto, en la generación de empleo en los próximos años. Medidas como la prohibición de despedir empleados, la suba de impuestos, la dificultad o imposibilidad de importar insumos o bienes o de pagar dividendos o deudas, la ley de teletrabajo y la ley de alquileres, la eliminación de las SAS para la creación de empresas y muchas más son, un golpe del que nos va a costar mucho recuperarnos. Hay muchos países con condiciones más favorables y, sobre todo, más estables, para invertir. ¿Por qué molestarse en hacerlo acá? La ideología los ciega tanto que no terminan de ver lo atípico y lo dañino que es tener un control de capitales e importaciones como el que existe hoy. Esto nos lleva al segundo punto.

La segunda consecuencia de la falta de pragmatismo es la imposibilidad de desatar el nudo Gordiano de la política macroeconómica. El déficit fiscal es elevado, en gran parte como consecuencia de la pandemia y las políticas de alivio implementadas. Dada la falta de acceso a financiamiento voluntario, este déficit se financia con emisión monetaria. El Banco Central ya emitió 1,5 billones de pesos, un 5,5% del PBI, para financiar al Tesoro este año, y el Gobierno necesita financiar al menos 3 puntos porcentuales más hasta fin de año.

El problema es que, como la gente no quiere todos estos pesos, éstos presionan los precios, las reservas y el tipo de cambio. Para retirar dinero del mercado, el Banco Central emite Leliq. Estas ya llegan a 2,5 billones de pesos (incluyendo los pases pasivos, otro mecanismo para sacar pesos del mercado), que se comparan con los 1,1 billones que había al 10 de diciembre de 2019. Para evitar presiones sobre las reservas y el tipo de cambio, pone restricciones cuantitativas a las importaciones e impone un cepo cada vez más duro. Al apretar el cepo, la brecha del dólar oficial con el blue y con el contado con liqui sube, porque quienes quieren comprar dólares tienen que acceder a estos mercados.

Una brecha cambiaria más grande reduce la competitividad de nuestros exportadores y alimenta las importaciones, las que se cursan por el mercado oficial. Así, cae el balance comercial y cada vez hay menos reservas internacionales. El Banco Central lleva vendidos 1045 millones de dólares desde el 1° de julio. Las autoridades enfrentan la caída de reservas apretando cada vez más el cepo, a la par que siguen emitiendo más pesos y más Leliq. Y así en un loop indefinido que, seguramente, termina mal.

La forma de salir de esto sería aumentar la confianza en el peso y, al mismo tiempo, emitir menos. Apurar el acuerdo con el FMI permitiría acercarse a ambos objetivos. Por un lado, daría un marco de mayor certidumbre acerca del sendero fiscal y de reformas estructurales (llamémoslas de productividad, en honor a Perón) que el gobierno va a emprender, aumentando la demanda de pesos. Por otro lado, el gobierno podría acceder a algo de financiamiento del FMI en 2021. Esto permitiría reducir el crecimiento de la oferta de pesos.

Así, con una oferta y demanda de pesos más balanceada, el Gobierno podría levantar parte de las restricciones cambiarias y a las importaciones, reduciendo la brecha cambiaria. Este sendero, con algo más de normalidad y de certidumbre de que no seremos estafados nuevamente, fomentaría las exportaciones, la producción, el consumo, la inversión y el empleo.

Sin embargo, en la entrevista con LA NACION el ministro Guzmán dio a entender que la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se cerraría recién en los primeros meses de 2021. Daría la impresión de que no quieren usar la negociación para conseguir dinero fresco y a la vez ayudar a contar con un programa económico, sino solo para evitar un default con ese organismo y con el Club de París. La ideología antes que el pragmatismo. Pero, como decía el General, la única verdad es la realidad. Sin programa propio ni acuerdo con el FMI, y con una montaña de pesos por emitir, los hechos seguramente fuercen al Gobierno a cerrar las negociaciones más rápido de lo que quisiera. De otra manera, el peso del Estado nos va a seguir hundiendo.

Marcos Buscaglia

Ahora que aparece una lejana luz al final de túnel con la fabricación local de la vacuna Oxford en desarrollo avanzado contra el Covid-19, comienzan a surgir las primeras señales -aún difusas- sobre qué podría ocurrir con la economía argentina en 2021.

En Washington y Buenos Aires coinciden en destacar que se partirá de una buena relación entre las partes, pero también que los planteos serán muy diferentes al de los bonistas. Las recomendaciones históricas del organismo

La autoridad monetaria busca cerrar al máximo el cepo cambiario para frenar el drenaje de reservas y cualquier intento de devaluación. Freno de Alberto Fernández y Martín Guzmán.

En los próximos meses, la inflación será más elevada. La gran pregunta, en todo caso, refiere a si el índice volverá a empezar con "2"

El festejo por el acuerdo de la deuda duró poco y la presión sobre la brecha cambiaria siguió de largo.


Luego de una pequeña agachada inmediata al anuncio del acuerdo, el dólar de contado con liquidación cotizó ayer por encima de los $ 130. En el medio, el BCRA aceleró la pérdida de reservas y en lo que va de agosto lleva vendidos más de los u$s 571 millones que se había desprendido en julio y u$s 3100 millones desde que arrancó la cuarentena en marzo. Esto ocurre en un contexto de superávit de las cuentas externas frente al desplome de importaciones y turismo.

Es cierto que en los días inmediatos al acuerdo hubo un arbitraje de bonos en dólares contra pesos que presionó sobre la brecha cambiaria. Pero este mecanismo ya arbitró, y hoy detrás de la brecha hay otros condimentos: un mercado de contado con liquidación atado con controles y "parking de bonos" a la salida y a la entrada, una enorme incertidumbre sobre la dinámica fiscal mientras el financiamiento monetario convive con un desarme de la cuarentena, un aumento en la velocidad de circulación de los pesos y un BCRA que viene retirando vía Leliq y Pases el grueso de los pesos que emite para financiar al fisco. Todo en un contexto donde la tasa de dólares implícita de los nuevos bonos a emitir en el canje todavía se ubica en torno al 13% y donde los rendimientos de los activos en pesos empiezan a quedar cortos en relación a las tasas implícitas en el mercado de dólar futuro y las expectativas de inflación.

La pregunta del millón es si como ocurrió casi siempre en el pasado, el dólar oficial converge a la brecha o hay margen para que la brecha converja al dólar oficial. En el corto plazo, hay margen para controlar la dinámica de la brecha una vez efectivizado el canje, y con un BCRA con disponibilidad de bonos para intervenir sobre la misma. Siempre y cuando la política no descuide el piso en la tasa de interés de pesos y vaya cambiando la estructura de financiamiento del agujero fiscal con mas deuda en pesos en el mercado local y menos cheque del BCRA.

El dólar de contado con liquidación en $ 130 es extraordinariamente alto y se ubica casi 10% por encima de los niveles de overshooting de 2002, a la salida de la Convertibilidad. Y la brecha de 78% es similar a los máximos alcanzados a mediados de 2013, pero montada sobre un dólar oficial casi 50% más alto que el registrado entonces, y más de 30% más alto que el de 2010.

Es cierto que, si se amplía un poco más el Zoom, ha habido en el pasado episodios de desmonetización mucho más brusca: el Rodrigazo en 1975, el Sigotazo en 1981 y la Hiperinflación en 1989 y su segunda fase en 1990. Las condiciones hoy son bien distintas a las de cada uno de esos escenarios.

Hoy el BCRA todavía tiene reservas, la economía tiene superávit de las cuentas externas como contracara del violento ajuste de las importaciones, los precios relativos están mucho más alineados (dólar y tarifas), y la puja distributiva se moderó significativamente en medio de la pandemia. Era inverosímil pensar a principios de 2020 paritarias debajo de 30% partiendo de dos años de inflación arriba del 50% y una pérdida de capacidad de compra de los salarios del 20% acumulada entre 2015 y 2020. Pero fundamentalmente, la liquidez global convive con un dólar que se empieza a debilitar en el mundo.

El juego es, cuál es la nominalidad consistente con el sendero fiscal partiendo de precios relativos bastante alineados, margen para manejar la puja distributiva y superávit en las cuentas externas. En la coyuntura, el Gobierno maneja los tres precios: dólar oficial, tarifas y salarios. Y la pregunta es cuál es el impuesto inflacionario que en un esquema casi sin crédito, va a requerir el Gobierno y en qué medida esa monetización descoordinada, vía la dinámica en la brecha cambiaria, el manejo de estos precios y lleva a la economía a un salto discreto en la tasa de inflación.

Con un déficit fiscal antes de intereses en torno a 2% del PIB la matemática monetaria te permite una desaceleración de la inflación a la zona del 35% en 2021. Si se mantiene el 7,5% del PIB la nominalidad escala a niveles cercanos a los tres dígitos. El riesgo es que no es tan evidente cual es el breakeven point del déficit fiscal que te lleva a un escenario inestable ¿3,5/4% del PIB?

Nuevamente, las condiciones para aplicar un plan de estabilización en 2021 que derrumbe la nominalidad aparecen. La definición de la nominalidad, cuanto sube el dólar, los salarios y las tarifas, va a estar directamente condicionada por el manejo fiscal de cara a 2021 y el impuesto inflacionario que requiera.

¿Estará dispuesto el Gobierno a avanzar en una consolidación fiscal en el año electoral e incorporarla en un acuerdo con el FMI que descomprima los vencimientos con el organismo? La primera señal en este sentido va a aparecer con el envío al Congreso del Proyecto de Ley de Presupuesto 2021, después del 8% de déficit antes de intereses incluido en la ampliación presupuestada votada por diputados una semana atrás.


Marina Dal Poggetto
Economista y directora ejecutiva de EcoGo

El fondo inglés Ashmore, que maneja u$s100.000 millones detalló las experiencias recientes de reestructuraciones de deuda como la Argentina y Ecuador

La capacidad disuasoria del impuesto PAIS quedó sobrepasada por efecto de la brecha con el blue. Los funcionarios creen que se precisan medidas tributarias

JetSmart, la línea aérea de low cost, fue increíblemente intimada a no ejercer sus derechos; Vía Bariloche, una de las empresas más grandes en el mundo de los ómnibus de larga distancia, acaba de ser denunciada por sus colegas: Ferrocarriles Argentinos la contrató en forma directa.


Aerolíneas Argentinas pinta un avión retro y ya consumió varios cientos de millones de dólares en el primer semestre, Latam desarma sus oficinas y el Gobierno deja traslucir que cerrará El Palomar. En paralelo, cada colectivo del área metropolitana recibe un subsidio de $513.000 por mes y uno del Interior, $132.000. Paradójico, este desaguisado se da con los argentinos quietos y con la Argentina sin transporte.

Uno de los sectores que muestra más cambios y menos planes de salida es el mundo de trenes, colectivos y aviones. Nadie sabe muy bien cómo seguirá el transporte cuando, alguna vez, el Gobierno decida que regresa el momento de moverse libremente dentro y fuera del país. Más aun, incluso para ir de un lado a otro en una misma ciudad.

Hace unas horas, el ministro de Transporte, Mario Meoni, habló en la Fundación Mediterránea, vía Zoom. Al funcionario no le gusta demasiado que lo entrevisten los periodistas en esas charlas, prefiere académicos. Allí dio algunas definiciones que se podrían resumir en dos palabras: paciencia y piernas.

La primera, paciencia, se explica con los planes aéreos. "Tendrá que ver con la evolución de la pandemia en los distintos lugares del mundo. La verdad es que en los próximos 180 días tenemos que pensar que va a ser bastante difícil tener interconexión, tanto dentro de nuestro país como de manera internacional. Hasta que no esté la vacuna parece difícil", dijo. No hubo repregunta.


El tráfico aéreo en el mundo, a las 17.30 horas del 12 de agosto de 2020, según el monitor de la página FlightRadar

La segunda de aquellas formulaciones de política de transporte, piernas, se entiende de la siguiente manera: “Queremos incentivar la micromovilidad en el AMBA y en las grandes ciudades, particularmente en bicicleta. Queremos estimular ese modo de transporte en las principales ciudades para reducir el uso del transporte público.” La bicicleta como política de Estado.

El sistema de transporte está paralizado. Sin embargo, los millones se escurren para sostener la infraestructura, las empresas y los puestos de trabajo. Claro que esto es lo esperado y esperable en medio de semejante crisis; el punto es que nadie trabaja en adaptar un esquema que irremediablemente será distinto.

En los últimos días, el ramal Sarmiento del ferrocarril metropolitano cambió su régimen de servicios. Con 36 trabajadores contagiados de Covid y más de 100 aislados, la línea decidió que habrá menos trenes, sólo correrán hasta las 10 de la mañana. Después funcionará un sistema de colectivos de dos pisos, de larga distancia, que copien la traza del oeste bonaerense.

Hace unos días, Meoni recibió una carta de dos de las cámaras que agrupan a los empresarios del sector (Aaeta y Celadi). Con los coches parados desde hace meses, los viajes especiales contratados para destinos específicos y previamente autorizados son el único alimento de miles de ómnibus. “Los viajes especiales, señor ministro, resultan casi el único ingreso genuino por prestación de servicios que poseen las empresas de transporte automotor de pasajeros de carácter interurbano. El 6 de agosto recibimos la ingrata y sorprendente noticia de que la empresa estatal Ferrocarriles Argentinos decidió contratar unilateralmente a Vía Bariloche para la realización de los viajes especiales”, dice la carta. Le piden que distribuya el juego entre más jugadores.

El caso es una muestra de lo que sucede con las empresas del sector estos días. Por más que los subsidios crezcan -ya se confeccionaron varios cheques para los ómnibus de $1000 millones de pesos cada uno-, los empresarios saben que ya nada volverá a ser como antes. Que aquellos transportes, en el mejor de los casos, llevarán menos gente y que perderán muchos usuarios, que preferirán otro medio en el que no se pase tanto tiempo en un lugar que podría ser contagioso. Otros, en cambio, optarán por el auto.

Colectivos subsidiados, algunos más que otros

Lo mismo podría decirse de los colectivos urbanos. Si Meoni anticipa que la política de Estado será incentivar el uso de la bicicleta, pues ya debería ponerse a trabajar al menos en dos ramas. La primera, cómo dotar de infraestructura y seguridad a grandes zonas urbanas que no tienen ni la más mínima condición para transitar ni para estar seguro como para que se generalice el uso de las dos ruedas. La otra, no menor, es empezar a decidir el futuro de un parque de colectivos preparado para otra demanda. En el sector, los empresarios y los gremios miran extrañados. El ministro suele parecerse más a un panelista que a un funcionario con tareas ejecutivas.

Por lo pronto, Meoni firma cheques de subsidios con poco de federalismo. Los colectivos del área metropolitana reciben $513.000 pesos por mes para correr con unos pocos pasajeros; los del interior del país reciben $132.000. La diferencia ya llevó a una rebelión de los funcionarios de Transporte provinciales. En Santa Fe, por caso, el actual ministro de Economía, Ángel José Sciara, y un exsecretario de Servicios Públicos, Alejandro Boggiano, publicaron un trabajo que da cuenta de esta asimetría.

"Las varias decenas de leyes, decretos y resoluciones, siempre de carácter 'provisorio', que forman un intrincado corpus legal, casi imposible de ordenar en un solo texto por sus superposiciones y cambios veloces, han ido concentrando cada vez más la autoridad de aplicación en un único organismo, el Ministerio de Transporte, con decisiones porteñocéntricas y su correlato en una distribución de los recursos cada vez más sesgada hacia el espacio denominado AMBA", dice el documento. Seguramente podría ser suscripto por decenas de colegas de otras provincias.

Meoni sabe que el sistema de transporte que viene deberá cambiar frente al que llegó hasta el día anterior a la cuarentena. Pero por ahora, la única idea es mandar subsidios sin control. Sobre todo a la provincia de Buenos Aires, ya que el gobernador, Axel Kicillof, dijo que no pondrá una moneda para los colectivos. Todo el país aporta para Axel.

El mercado aerocomercial está absorto. Hoy la IATA, la asociación que abroquela a la gran mayoría de las aerolíneas del mundo, organizó un seminario web. Peter Cerda, el vicepresidente para las Américas, era el moderador del evento "Argentina, listos para el despegue; mesa de discusión virtual para la reanudación segura de la aviación". Estaban invitados ejecutivos de Aerolíneas Argentinas, Aeropuertos Argentina 2000, Airbus y la asociación de aerolíneas ALTA, además de Paola Tamburelli, directora de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Sobre la hora, el evento perdió a los dos que más expectativas generaban. Tamburelli y el gerente General de Aerolíneas, Pablo Ceriani, se excusaron de participar. Dicen que, casualmente, sonaron algunos teléfonos con llamados del senador Mariano Recalde (expresidente de Aerolíneas) y del gremialista, Pablo Biró, verdaderos líderes de la política aerocomercial argentina. Finalmente, ellos decidirán cuándo los argentinos podrán volver a viajar.

Cuando esa decisión se tome, los usuarios volverán a las pistas, de aterrizaje. Se encontrarán con el Aeroparque cerrado por reformas, al menos hasta fin de año, y con la operación en Ezeiza. Se toparán con mucha menos oferta para viajar al interior. Latam termina estos días de levantar sus oficinas y de negociar con gran cantidad de empleados. Cerca de 1000 ya cerraron su retiro voluntario y prefirieron esa solución al juicio.


Pero varios esperan que el cielo sea más celeste y blanco que nunca. Mientras Aerolíneas Argentinas está quieta y no vuela, la simbología hace estragos. La poscuarentena eliminará los colores y el logo de Austral del fuselaje de los Embraer de la firma que será absorbida por su hermana mayor. Ya se contrató a una empresa para que los pinte con el ropaje de la línea aérea estatal y de paso, hará lo propio con uno de Aerolíneas Argentinas al que le estamparán los colores viejos, la onda retro, como quien dice. Se gastarán un puñado de dólares para mimar a Biró. El líder del gremio de pilotos, sentado en el directorio de la compañía, exige gestos que los camporistas que manejan la línea aérea entregan gustosos. En voz alta reclama el aeroparque porteño sólo para Aerolíneas Argentinas. Cuando terminen las obras en la terminal se conocerá si el gremialista se llevó el regalo de fin de año.

Diego Cabot

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