Política

El Gobierno empezó a enredarse mal con la pandemia. El viernes armó muchedumbres con pacientes de alto riesgo frente a los bancos y el lunes amaneció con el escándalo de sobreprecios en la compra de alimentos para repartir.

 

En la tarde del martes, antes de conectarse con los gobernadores por videoconferencia, Alberto Fernández recibió a Cristina Kirchner en la quinta de Olivos. La vicepresidenta ingresó, como suele hacerlo, por el túnel que conecta a la residencia con la Avenida del Libertador, donde pasa inadvertida por los vidrios polarizados del auto que la llevó desde su departamento de Recoleta.

 

Henry Kissinger ha escrito en los últimos días sobre el "anacronismo del regreso a las ciudades amuralladas". El fenómeno se produce bruscamente, luego de que la humanidad conoció el período más intenso de libre circulación mundial de personas, bienes y servicios. Las fronteras, tal como se las conoció antes de la globalización, habían casi dejado de existir.

 

La primera reacción -la más visceral- de Alberto Fernández cuando estalló la polémica por los sobreprecios en la compra de alimentos que hizo el Ministerio de Desarrollo Social fue echarle la culpa a la cartelización de las empresas de la alimentación.

 

La transparencia en los gastos extraordinarios del Estado para luchar contra la pandemia puede ser la próxima víctima del Coronavirus.

 

Los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) han sido históricamente una suerte de “caja no orgánica” que han utilizado todos los gobiernos desde la restauración democrática hasta la fecha, como una especie de botín político que sirvió para premiar a gobiernos amigos y castigar a los que no son del palo.

 

El Presidente delega poder en los jefes comunales del conurbano y trata de evitar un debilitamiento del que pueda intentar beneficiarse la vicepresidenta

 

El Presidente pasó de un escenario favorable a errores que le complican la gestión.

 

En menos de una semana los hechos parecieron dar cuenta de que no volvieron mejores.

 

La explicación del ministro no terminó de alejar las sospechas. En medio de críticas internas, el Gobierno ve el riesgo de erosionar el consenso social

 

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