En tiempos de Marco Polo (siglo XIII), China era la economía más avanzada del mundo. Los mercaderes obtenían allí bienes de altísimo valor como la seda, la porcelana fina, piedras preciosas y productos manufacturados de alta calidad como papel, pólvora, tintas, lacas, abanicos, brújulas y estampados que llevaban a Europa. 

Luego se cerró al mundo con el Edicto de Haijin (1434) y se estancó por siglos. Recién con Deng Xiao Ping (1978) se produjo su crecimiento inusitado gracias a la expansión industrial y las migraciones del campo a las ciudades. El capitalismo de Estado sacó de la pobreza a 750 millones de personas y después de 30 años de crecimiento con tasas del 10% anual, el PBI per cápita pasó de 400 a 15.000 dólares.

En 2001, Bill Clinton facilitó su entrada en la Organización Mundial del Comercio (OMC) para abrir las exportaciones norteamericanas, pero el tiro le salió por la culata, pues China no está distante como en tiempos de Marco Polo. Su enorme producción inunda Occidente con productos de alta tecnología, además de textiles, calzado y electrodomésticos. En 2009 se convirtió en el primer exportador del mundo y en el segundo importador. Y si ayer competía con mano de obra barata y tecnología copiada, ahora es líder en investigación y desarrollo aplicados, como en inteligencia artificial, robotización, computación cuántica y refinado de materiales críticos.

La competencia de China, impulsada por subsidios estatales y la política de autosuficiencia “Made in China 2025”, ha conmovido los cimientos de la industria europea, tomada con el paso cambiado por sus altos costos de energía y las normas de descarbonización. Ello provoca cierre de plantas, reducciones de empleo y deslocalizaciones en sectores clave como la industria de paneles solares, automóviles y baterías eléctricas, caucho y neumáticos, textiles, juguetes, calzado y acero (“China Shock 2.0”).

En Francia se pretende nacionalizar Arcelor Mittal, el gigante siderúrgico indio que opera las antiguas plantas de Usinor (Francia); Aceralia (España) y Arbed (Luxemburgo) para salvarla de la quiebra. España y Portugal mantienen su crecimiento por el mayor peso de los servicios (turismo) en su estructura productiva.

Estados Unidos ha sufrido un impacto semejante, aunque con connotaciones distintas, dada la importancia geopolítica de la penetración china en ese país y en la región. Como es sabido, Donald Trump impuso fuertes aranceles para equilibrar el comercio estadounidense y luego negociar con China desde esa posición. Los expertos le recomiendan evitar el proteccionismo nostálgico, hacer inversiones en innovación, reeducación para nuevos empleos (“reskilling”) y crear alianzas con países amigos.

A diferencia de Europa o Estados Unidos, la Argentina carece de moneda y no puede emitir pesos por riesgo de hiperinflación si el público no aumenta su demanda. Tampoco puede permitirse desajustes fiscales pues, aun sin emisión, puede correr a las góndolas acelerando la circulación del dinero. La larga historia de incumplidor serial impide que baje el riesgo país dificultando el “roll over” de sus deudas y postergando las inversiones tan necesarias para equipar, modernizar y reconvertir. Ese oscuro prontuario, que no afecta a los países europeos ni a los vecinos, se mantendrá pegado a nuestra frente mientras no admitamos que ese pasado es responsabilidad de la Nación entera y no de quien asumió la presidencia hace dos años.

Estados Unidos y la UE son grandes mercados que intentan proteger industrias con economías de escala, hasta ayer competitivas y ahora desafiadas por la irrupción oriental. No es el caso de la Argentina, con una trama fabril diseñada para un mercado pequeño cuyas industrias, sin capacidad exportadora, demandan dólares, pero no los generan, provocando crisis de balanza de pagos.

Nuestro país no tiene el respaldo de la Unión Europea sino la carga del Mercosur, una unión aduanera imperfecta que la mantiene rezagada. Con un frágil equilibrio fiscal, tampoco tiene herramientas para fortalecer a empresas dimensionadas para el consumo interno ante importaciones baratas de cualquier origen que sean. Con China o sin China, la reconversión es indispensable para generar divisas, preservar empleos e impulsar el crecimiento.

No es solución cruzarse de brazos hasta el año 2030 esperando que el agro, los minerales y la energía provean dólares para mantener empleos no sostenibles, públicos y privados. La única herramienta eficaz, aquí y ahora, es nivelar la cancha reduciendo costos y “devaluando sin devaluar” con una reforma fiscal que involucre a las provincias y otra laboral, que permita aumentar el empleo registrado, bajando el costo no salarial, eliminando la nefasta industria del juicio e introduciendo conceptos de flexibilidad y productividad. Ese es un desafío de todos, no solo de Javier Milei.

En la Argentina hay 4 millones de empleados públicos, de los cuales 3 millones son provinciales y medio millón municipales, además de 1,5 millones de pensiones no contributivas. La “casta política” incluye 1525 legisladores, de los cuales 329 son nacionales y 1196 de las 24 legislaturas locales. Además, hay concejos deliberantes en 2234 municipios del país. Esa gigantesca cantidad de sueldos y jubilaciones presiona sobre los fiscos locales y dificulta cualquier reducción de impuestos distorsivos y de tasas abusivas que afectan la competitividad. Otro desafío para todos, no solo para Milei.

La Argentina no es una confederación de estados independientes sino un estado federal y la distribución de competencias fijada en la Constitución Nacional tiene por objeto una mejor gestión de los intereses comunes de 47 millones de habitantes y no crear “quintitas” en desmedro del progreso colectivo. Así como los gobernadores reclaman a la Nación “lo que les pertenece” también tienen la obligación de dar transparencia a sus gastos, reducir excesos de personal, eliminar el clientelismo, las contrataciones directas, las jubilaciones especiales, los abusos docentes, los registros de constructoras y las colegiaciones forzosas.

En definitiva, deben bajar costos y eliminar regulaciones que frenan el desarrollo del conjunto. En particular, encarar la sustitución de ingresos brutos por otra fórmula que no implique tributación en cascada, eliminar el medieval impuesto de sellos e intimar a los municipios a que no cobren tasas sin prestaciones.

La vergonzosa negociación por cajas y cargos en la Legislatura bonaerense es una demostración de lo que se debe cambiar. Incluyendo la creación de seis nuevos cargos de directores en el Banco Provincia que utilizó Axel Kicillof para ganar votos de la oposición cuando ese banco debería privatizarse.

Ningún cambio será viable sin una toma de conciencia colectiva respecto de la gravedad del diagnóstico y la urgencia por solucionarlo. Eso no es un desafío para Milei, sino para toda la política y la clase dirigente.

Si hubiera confianza, el ingreso de capitales daría vuelta esa situación en un santiamén, pues los argentinos tienen 400.000 millones de dólares en el exterior o bajo el colchón. Un cambio de expectativas requiere que todos los actores relevantes cuyos manotazos impredecibles suscitan desconfianza, asuman un compromiso creíble de que no volverán a las andadas.

No es una batalla individual del Presidente, para ganar o perder en el juego de las encuestas. No es una discusión que veamos desde un balcón con la indiferencia de quien no será afectado o con el sesgo parcial de quien quiere –o le conviene- tener razón.

Si Milei (o quien fuere) es derrotado por 80 años de intereses creados, seguiremos sin moneda, sin crédito, sin reservas y sin capacidad para competir en un mundo impiadoso. No habrá fracasado Milei ante un desafío, sino todos los argentinos por no hacernos cargo de nuestro pasado.

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/editoriales/el-desafio-es-de-la-argentina-no-de-milei-nid05122025/