Opinión

“Si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser”.
- Alfredo Lepera

El país no anda bien y no necesito adjetivar más acerca de este gobierno y lo sucedido en los últimos veinticinco años para justificar lo que digo. El país no anda bien y el mundo parece que tampoco anda bien. Pandemia y guerra. Y los dos flagelos con finales abiertos.

Los análisis políticos están hechos siempre con base en suposiciones y conjeturas que el curso ulterior de los acontecimientos pueden confirmar o desestimar. Si bien las más de las veces tratan acerca de lo que parece probable que suceda, es conveniente tener en cuenta también aquello que, por mucho que se lo mencione y se lo dé como posible, no habrá de ocurrir.

El debate público en la Argentina tiene dos focos principales. Por un lado, la dinámica que puede tomar una crisis en la que sobresalen la aceleración de la inflación y el fracaso del programa con el FMI para influir en las expectativas de los agentes económicos.

Desgraciadamente para Cristina, cuánto más se esfuerce por frenar la Justicia, más peligrosa se hará la situación en que se encuentre.

El Presidente le pone precio a su impunidad. El mismo que amenazó a los argentinos con ser inflexible a la hora de hacer cumplir la cuarentena y de declamar que se acababan los vivos, hoy hace una maniobra para lograr que la Justicia no caiga sobre él. Propuso una conciliación que no se encuentra prevista por la ley para evitar un proceso que tiene un destino inevitable: la condena.

Alberto Fernández violó el decreto que él mismo firmó. Para la Justicia, esa falta vale $1.600.000. Sin embargo, el Presidente reclama indebidamente por su dudoso honor una cifra abusiva con la que pretende acallarnos

No hay duda alguna que aumenta día a día la cantidad de aspirantes a la carrera política que sorprenden a sus auditorios con sentencias ramplonas, extraídas vaya a saber de qué manual sociológico de “muchedumbre”.

El fiscal Fernando Domínguez, que interviene en el caso mediáticamente conocido como “Olivosgate”, aceptó la oferta del presidente de pagar 1.6 millones de pesos y la de su pareja de pagar 1.4 millones, para cerrar definitivamente la causa abierta como consecuencia de la violación de la estricta cuarentena que el mismo presidente había establecido y con la cual había hecho alarde de guapo de pulpería, amenazando con meter presa a la gente que no la acatara.

Desde hace dos meses, los merenderos han vuelto a colmarse. Para participar de las raciones es necesario realizar algún aporte en dinero o en especie.

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