Una mañana de agosto de 1986, caminaba con un mapa en la mano por las calle de Cambridge, Massachussets buscando la dirección: 1737 Cambridge St.,  Coolidge Hall.

“Busqué a los hombres que en la Corte Suprema fueran un contralor imparcial e insospechado de las demasías de los otros poderes del Estado y que, viniendo de la oposición, dieran a los conciudadanos la mayor seguridad de la amplia protección de sus derechos y la garantía de una absoluta y total independencia del Alto Tribunal… De hoy en adelante la propiedad particular, la seguridad individual, los derechos todos que la Constitución acuerda a los habitantes de la República, sin distinción alguna, colocados al abrigo de un poder moderador, estarán garantidos contra las invasiones a las que la exaltación de las pasiones políticas, tan fácilmente pueden conducir a los poderes públicos induciéndolos a ultrapasar el límite de sus atribuciones respectivas”.

Masticando bronca, resignación o miedo, y apuntando dudas razonables de mediano y largo plazo, las usinas mediáticas e intelectuales del llamado “progresismo” –colectivo de gradaciones cada vez más copiosas y difusas– se anticiparon esta semana al balance del año de gestión y dictaminaron, a grandes rasgos y casi por unanimidad, que el gobierno de Javier Milei había triunfado.

“La democracia de amañada foto cuatrienal y trapicheo constante por debajo de la mesa”.  
- Lorenzo Silva